Por Gustavo Cobos
21 Mayo 2015
El juego de la silla era muy popular en las fiestas infantiles. Consistía en colocar las sillas una al lado de la otra, formando un círculo alrededor del cual los chicos bailaban hasta que la música se apagaba. Entonces había que sentarse rápido porque siempre había una silla menos que la cantidad de personas. El que quedaba de pie, perdía y debía retirarse. Algo similar parecen estar jugando en los tribunales penales del Centro Judicial Capital. Algunos están tranquilos, sentados en sus estrados. Otros van a intercambiar sus sillas porque la relación con el compañero que les tocó al lado no es la mejor. Hay sillas vacías esperando que alguien las ocupe y también quienes ya adelantaron que en poco tiempo dejarán la suya. Al costado espera, de pie, la gente sin fueros. Víctimas, testigos o imputados que no tienen dónde sentarse.
Quienes van a intercambiar sus sillas son María Alejandra Balcázar y Emilio Páez de la Torre. La primera accedió a una silla en la sala IV de la Cámara Penal hace un año. Le tocó compartir el estrado con María del Pilar Prieto (una de las camaristas con más antigüedad en el cargo) y con Wendy Kassar, que había llegado también por un concurso del CAM unas semanas antes que Balcázar. El segundo, Páez de la Torre, es otro de los camaristas que lleva más de una década en su cargo, en la sala V. El conflicto entre las tres juezas se conoció en febrero de este año, luego de que Balcázar denunciara que Kassar y Prieto la agredieron y violentaron, además de señalar supuestas irregularidades en las tramitación de varias causas. Prieto respondió, en el sumario que abrió la Corte Suprema, que Balcázar acosaba laboralmente a los empleados de la sala y los sacaba de sus tareas. Los intentos de la Corte Suprema para zanjar las diferencias fueron infructuosos. En abril, la disputa entre las vocales estalló en el medio de dos debates orales. Fuentes judiciales confirmaron que los juicios fueron declarados nulos, y se derivaron a la presidencia de la Cámara Penal para que se sortee una nueva sala. Desde hace dos semanas que el tribunal de la polémica no celebra juicios. La solución de la Corte llegó con la ley 8.775, sancionada en abril, que modifica la ley Orgánica de tribunales y permite “la permuta y el traslado de magistrados respetando igual jerarquía y la competencia material en ejercicio”. El viernes los miembros del máximo tribunal firmaron la acordada 486 que propone al Poder Ejecutivo la permuta entre Balcázar y Páez de la Torre. El gobernador, de prestar consentimiento, tendrá que remitir la acordada a la legislatura para su designación final. El consentimiento de Alperovich ya estaría garantizado.
Las sillas vacías que esperan que alguien las ocupe corresponden a cinco camaristas y a tres fiscales. La de la Cámara de Apelaciones en lo penal la ocupará Enrique Pedicone. Otras dos esperan que Alperovich elija entre dos ternas, y las restantes corresponden a las vacancias que dejaron los jubilados camaristas del caso Verón, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina. En las fiscalías, en tanto, una de las butacas vacías (la de la Fiscalía de Instrucción III°) la ocupará Carmen Reuter. Las otras dos corresponden a la Fiscalía de Instrucción II° de Carlos Albaca (jubilado) y a la Fiscalía de Cámara VI° de Manuel López Rougés (fallecido). El ministro Fiscal Edmundo Jiménez decidió, para disminuir los efectos de acefalías que suelen durar dos años como mínimo, designar fiscales subrogantes permanentes en lugar del esquema de rotación que regía hasta el año pasado. Así, Guillermo Herrera está a cargo de la fiscalía III°, Adriana Giannoni de la II° y Carlos Sale recibió las causas en juicio de la fiscalía de Cámara vacante. En términos funcionales, la decisión pareciera ser acertada. Pero habría generado el recelo de algunos pares: la subrogancia implica un ítem importante en el salario de los fiscales por la tarea extra a realizar. El Ministerio Público tendría nuevas vacantes en los próximos meses. La fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo y los fiscales de Instrucción María de las Mercedes Carrizo y Herrera (acuciado por la investigación de su actuación en varias causas) habrían iniciado sus trámites jubilatorios, según habrían revelado a sus colaboradores.
En el lado de los que se quedaron sin asiento están los que no tienen fueros. En el caso de los testigos que deben declarar en juicios orales, la falta de asientos es literal. Las salas de debate no disponen de los mínimos requisitos para celebrar las audiencias. Son pequeños cuartos en los que deben entrar jueces, empleados, fiscales, abogados, acusados, víctimas, público y la prensa. Si bien es cierto que en el 90 % de los juicios casi no hay público, basta que asistan 30 personas a presenciarlos para que sea difícil controlarlo. Para declarar, los testigos deben aguardar en el pasillo, algunos en los pocos bancos de madera (viejos e incómodos) y otros de pie o sentados en el piso. Las esperas pueden ser de más de tres horas, y a veces de más de un día. Apenas tienen un baño cerca que no siempre está en las mejores condiciones higiénicas. La vacancia en las salas obliga a los camaristas a hacer malabares para acomodar las agendas. Un juicio que comienza hoy puede tener su segunda audiencia dentro de una semana, porque uno de los jueces o el fiscal tienen otros debates durante la semana.
La construcción del nuevo edificio en Laprida y España avanza a pasos agigantados, pero nadie sabe qué oficinas se trasladarán allí, ni si habrá salas acordes para realizar juicios orales. En la Cámara Penal y en el Ministerio Público aseguran que ningún arquitecto les consultó sobre las funcionalidades que debería tener la nueva infraestructura. Las víctimas, en tanto, aguardan la promesa de una oficina de atención a la víctima. Mientras tanto, deambulan por los pasillos de tribunales preguntando en qué estado está una causa, rebotando en los mostradores, o esperando dar su testimonio. En el juego de la silla, parecen ser los que han perdido y se quedaron de pie.
Quienes van a intercambiar sus sillas son María Alejandra Balcázar y Emilio Páez de la Torre. La primera accedió a una silla en la sala IV de la Cámara Penal hace un año. Le tocó compartir el estrado con María del Pilar Prieto (una de las camaristas con más antigüedad en el cargo) y con Wendy Kassar, que había llegado también por un concurso del CAM unas semanas antes que Balcázar. El segundo, Páez de la Torre, es otro de los camaristas que lleva más de una década en su cargo, en la sala V. El conflicto entre las tres juezas se conoció en febrero de este año, luego de que Balcázar denunciara que Kassar y Prieto la agredieron y violentaron, además de señalar supuestas irregularidades en las tramitación de varias causas. Prieto respondió, en el sumario que abrió la Corte Suprema, que Balcázar acosaba laboralmente a los empleados de la sala y los sacaba de sus tareas. Los intentos de la Corte Suprema para zanjar las diferencias fueron infructuosos. En abril, la disputa entre las vocales estalló en el medio de dos debates orales. Fuentes judiciales confirmaron que los juicios fueron declarados nulos, y se derivaron a la presidencia de la Cámara Penal para que se sortee una nueva sala. Desde hace dos semanas que el tribunal de la polémica no celebra juicios. La solución de la Corte llegó con la ley 8.775, sancionada en abril, que modifica la ley Orgánica de tribunales y permite “la permuta y el traslado de magistrados respetando igual jerarquía y la competencia material en ejercicio”. El viernes los miembros del máximo tribunal firmaron la acordada 486 que propone al Poder Ejecutivo la permuta entre Balcázar y Páez de la Torre. El gobernador, de prestar consentimiento, tendrá que remitir la acordada a la legislatura para su designación final. El consentimiento de Alperovich ya estaría garantizado.
Las sillas vacías que esperan que alguien las ocupe corresponden a cinco camaristas y a tres fiscales. La de la Cámara de Apelaciones en lo penal la ocupará Enrique Pedicone. Otras dos esperan que Alperovich elija entre dos ternas, y las restantes corresponden a las vacancias que dejaron los jubilados camaristas del caso Verón, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina. En las fiscalías, en tanto, una de las butacas vacías (la de la Fiscalía de Instrucción III°) la ocupará Carmen Reuter. Las otras dos corresponden a la Fiscalía de Instrucción II° de Carlos Albaca (jubilado) y a la Fiscalía de Cámara VI° de Manuel López Rougés (fallecido). El ministro Fiscal Edmundo Jiménez decidió, para disminuir los efectos de acefalías que suelen durar dos años como mínimo, designar fiscales subrogantes permanentes en lugar del esquema de rotación que regía hasta el año pasado. Así, Guillermo Herrera está a cargo de la fiscalía III°, Adriana Giannoni de la II° y Carlos Sale recibió las causas en juicio de la fiscalía de Cámara vacante. En términos funcionales, la decisión pareciera ser acertada. Pero habría generado el recelo de algunos pares: la subrogancia implica un ítem importante en el salario de los fiscales por la tarea extra a realizar. El Ministerio Público tendría nuevas vacantes en los próximos meses. La fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo y los fiscales de Instrucción María de las Mercedes Carrizo y Herrera (acuciado por la investigación de su actuación en varias causas) habrían iniciado sus trámites jubilatorios, según habrían revelado a sus colaboradores.
En el lado de los que se quedaron sin asiento están los que no tienen fueros. En el caso de los testigos que deben declarar en juicios orales, la falta de asientos es literal. Las salas de debate no disponen de los mínimos requisitos para celebrar las audiencias. Son pequeños cuartos en los que deben entrar jueces, empleados, fiscales, abogados, acusados, víctimas, público y la prensa. Si bien es cierto que en el 90 % de los juicios casi no hay público, basta que asistan 30 personas a presenciarlos para que sea difícil controlarlo. Para declarar, los testigos deben aguardar en el pasillo, algunos en los pocos bancos de madera (viejos e incómodos) y otros de pie o sentados en el piso. Las esperas pueden ser de más de tres horas, y a veces de más de un día. Apenas tienen un baño cerca que no siempre está en las mejores condiciones higiénicas. La vacancia en las salas obliga a los camaristas a hacer malabares para acomodar las agendas. Un juicio que comienza hoy puede tener su segunda audiencia dentro de una semana, porque uno de los jueces o el fiscal tienen otros debates durante la semana.
La construcción del nuevo edificio en Laprida y España avanza a pasos agigantados, pero nadie sabe qué oficinas se trasladarán allí, ni si habrá salas acordes para realizar juicios orales. En la Cámara Penal y en el Ministerio Público aseguran que ningún arquitecto les consultó sobre las funcionalidades que debería tener la nueva infraestructura. Las víctimas, en tanto, aguardan la promesa de una oficina de atención a la víctima. Mientras tanto, deambulan por los pasillos de tribunales preguntando en qué estado está una causa, rebotando en los mostradores, o esperando dar su testimonio. En el juego de la silla, parecen ser los que han perdido y se quedaron de pie.
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