La situación política se caldeó en la Municipalidad de la capital. El mes de enero fue elegido por la administración de José Alperovich para ordenar las cuentas de los municipios en un año en el cual la provincia no espera ser blanco de turbulencias financieras.
Por distintos mecanismos administrativos ese efecto de bonanza se derramará en las intendencias, si cumplen con la letra acordada. La contracara del pacto es el paternalismo político que despliega la Casa de Gobierno sobre los jefes municipales peronistas y radicales, sin distinción de ninguna naturaleza.
En el caso de la capital, existen otros ingredientes que complican el panorama. Alperovich designó a un hombre de su confianza en el sillón que debía ocupar Antonio Bussi, pero el juez federal Jorge Parache se interpuso en el camino del intendente electo y lo detuvo antes de que asumiera. Domingo Amaya firmó el acuerdo global junto a sus pares, pero también un convenio complementario que incluye un cúmulo de obligaciones limitantes de la administración municipal.
"Esto no va a salir así", le dijo una encumbrada figura del peronismo a un alto colaborador de Amaya. "Lo aceptas o lo rechazas", le respondió este. Ese cruce de opiniones se produjo cuando los textos habían sido analizados en forma minuciosa, y revela el estado de ánimo de ambas partes.La reducción del gasto que se reclamó al Concejo Deliberante sorprendió a los distintos bloques políticos. El 65% de la poda del presupuesto 2004 que exige la Provincia rondaría casi los 2 millones de pesos, si se acepta que el de 2003 insumió 6,1 millones. Así las cosas, si los concejales no rebanan sus recursos, quedarán mal parados ante la sociedad. En este aspecto, el golpe de la Casa de Gobierno fue certero. A regañadientes, en el Concejo reconocen el acierto político del alperovichismo. "Nos quieren acorralar con una discusión presupuestaria", explicaba una fuente que siguió de cerca los pormenores de la relación entre los ediles peronistas y el gobernador. El convenio complementario contiene otras cláusulas que erizan la piel de los concejales.
La entrega de inmuebles a la Provincia por deudas impagas hasta el 9 de enero pasado y la tercerización de servicios que la Municipalidad califique de no rentables son cuestiones que no se aceptan de buenas a primeras. Tampoco cayó bien que Amaya prometiera la cesión de recursos coparticipables y de los provenientes de la recaudación propia.
Datos políticos y jurídicos
En la oposición se deslizó que el intendente se excedió en sus atribuciones al refrendar los documentos, pero desde el oficialismo gobernante en la intendencia se replicó que Amaya obró en el marco de las facultades que le dio la emergencia aprobada por el propio Concejo. Los objetores argumentan razones de orden constitucional para levantar la mano por los pactos celebrados con el Gobierno.
El debate jurídico puede ser rico, pero, en realidad, desde la intendencia se busca una señal política de apoyo de los concejales. A estos se les dice que si no lo ratifican, pueden poner en peligro los pagos de sueldos a los empleados municipales, porque está previsto un sistema de castigos para los incumplimientos.
La pelea política presagia ser dura porque desde el Concejo se compara el monto de 2 millones que perdería con los $ 55 millones anuales que destina la Casa de Gobierno para la Municipalidad. Mañana, el asunto pasará por el filtro de los ediles, que en sesión deberán definir el futuro de los acuerdos. La endeblez de las finanzas municipales no ayuda a sostener actitudes levantiscas. No obstante, los más díscolos prefieren el combate antes que la resignación. La votación final develará esa incógnita.
