04 Mayo 2015
Además de denunciar problemas edilicios en las casas del barrio 48 Viviendas Manantial IV, los vecinos -fueron trasladados allí cuando el asentamiento denominado “Villa Piolín fue desalojado- reclaman que cuando les fueron entregadas las viviendas les hicieron firmar un acta como “custodios provisorios” de esas construcciones y no como tenedores precarios.
De acuerdo a la documentación que pudo acceder LA GACETA, a los nuevos moradores les hicieron firmar un acta mediante la que se comprometen a entregar en 48 horas el inmueble al Gobierno si es que este lo requiere. “Por este acto se compromete a hacer entrega del lote de terreno en cuestión, en el perentorio plazo de 48 horas, desde el momento en que sea requerido por el organismo (Ipvdu), libre de ocupantes y responsabilizándose por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado. Todo ello bajo apercibimiento de realizarse en su contra acciones civiles y penales pertinentes”, reza un párrafo del acta.
El jueves, la concejala de la capital Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI) le remitió una nota al interventor del Ipvdu, Gustavo Durán. En el escrito, la edil plantea el reclamo de los vecinos del barrio quienes denuncian falencias edilicias relacionadas a las deficiencias en la construcción de los techos de las viviendas, resquebrajamiento y humedad en paredes, falta de veredas, desagües pluviales colapsados por falta de mantenimiento y escasez de alumbrado público, entre otros puntos.
En esa misma misiva, Manzone le pidió a Durán que también informe sobre la naturaleza jurídica de la figura denominada “custodios provisorios”.
“Atento a que no logro encuadrar jurídicamente si estos ciudadanos despojados y desarraigados compulsivamente de sus viviendas tienen un poder para administrar el inmueble custodiado o cumplen las funciones de ‘caseros’. Es decir, no logro descifrar la finalidad ni el origen del contrato firmado por el Ipvdu y los custodios provisorios”, expresó por escrito la concejala opositora.
De acuerdo a la documentación que pudo acceder LA GACETA, a los nuevos moradores les hicieron firmar un acta mediante la que se comprometen a entregar en 48 horas el inmueble al Gobierno si es que este lo requiere. “Por este acto se compromete a hacer entrega del lote de terreno en cuestión, en el perentorio plazo de 48 horas, desde el momento en que sea requerido por el organismo (Ipvdu), libre de ocupantes y responsabilizándose por los daños y perjuicios que hubiere ocasionado. Todo ello bajo apercibimiento de realizarse en su contra acciones civiles y penales pertinentes”, reza un párrafo del acta.
El jueves, la concejala de la capital Sandra Manzone (Coalición Cívica-ARI) le remitió una nota al interventor del Ipvdu, Gustavo Durán. En el escrito, la edil plantea el reclamo de los vecinos del barrio quienes denuncian falencias edilicias relacionadas a las deficiencias en la construcción de los techos de las viviendas, resquebrajamiento y humedad en paredes, falta de veredas, desagües pluviales colapsados por falta de mantenimiento y escasez de alumbrado público, entre otros puntos.
En esa misma misiva, Manzone le pidió a Durán que también informe sobre la naturaleza jurídica de la figura denominada “custodios provisorios”.
“Atento a que no logro encuadrar jurídicamente si estos ciudadanos despojados y desarraigados compulsivamente de sus viviendas tienen un poder para administrar el inmueble custodiado o cumplen las funciones de ‘caseros’. Es decir, no logro descifrar la finalidad ni el origen del contrato firmado por el Ipvdu y los custodios provisorios”, expresó por escrito la concejala opositora.
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