Tras las inundaciones, el PE recrea el Pacto con intendentes

El Gobierno girará a 17 municipios del interior $ 163 millones para obras y servicios “Ante las inundaciones, no teníamos una figura para poder ‘fondear’ una comuna o municipio”, dijo el ministro Jaldo.

LO QUE DEJARON LAS TORMENTAS. Caminos rotos y otras obras se arreglarán con dinero del Ejecutivo. LA GACETA / FOTO DE Antonio Ferroni (ARCHIVO) LO QUE DEJARON LAS TORMENTAS. Caminos rotos y otras obras se arreglarán con dinero del Ejecutivo. LA GACETA / FOTO DE Antonio Ferroni (ARCHIVO)
03 Mayo 2015
Las inundaciones y los daños que éstas generaron en la infraestructura de pueblos y ciudades apuraron a la Casa de Gobierno a reflotar una herramienta de asistencia financiera para el interior que había perdido vigencia en diciembre. La necesidad de reparar los daños derivó en que en la última sesión de la Legislatura -el 13 de abril-, se reviviera el “Fondo Fiduciario”. La iniciativa fue promulgada en la última semana por el gobernador, José Alperovich (fue publicada en el Boletín Oficial con el número 8.773).

Sucede que, originalmente, el fideicomiso estaba incluido en la misma norma que reglaba el denominado “Pacto Social”. Como este no fue renovado en diciembre pasado, cayeron todas las disposiciones del texto. Este tipo de acuerdos habían sido instrumentados en 2000 (Alperovich era el ministro de Economía de la gestión de Julio Miranda) y se prorrogaban cada año desde entonces. El “paquete” de acuerdos financieros respondían a una estrategia de control político y económico en el interior. Los montos sancionados son idénticos que en años anteriores. La diferencia es que el municipio de San Miguel de Tucumán, por primera vez, quedó excluido porque el intendente y precandidato a gobernador, Domingo Amaya, acordó de manera individual con la Provincia.

Dificultades

El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, explicó a LA GACETA que mientras con el “Pacto Social” se pagaban los sueldos, con el “Fondo Fiduciario” se afrontan los incrementos salariales tras paritarias; gastos de funcionamiento de las administraciones municipales y pequeñas obras públicas con fondos provinciales.

“Ante las inundaciones, no teníamos una figura para poder ‘fondear’ una comuna o municipio. Ahora podemos asignar recursos a las comunas y municipios. Esto deberíamos haberlo puesto en vigencia el 1 de enero, pero hemos priorizado los sueldos. Ocurre que en el primer trimestre, la obra pública suele no moverse tanto porque llueve o el personal está de vacaciones”, añadió. Aseguró que desde el punto de vista salarial, los municipios no habrían “sentido la caída del Pacto”, precisó. Admitió problemas en relación a la ausencia del Fondo: “había dificultades para las obras con recursos propios y para la prestación de servicios. Por ejemplo, el pago para la recolección y tratamiento de residuos o del combustible para las máquinas que trabajan para los arreglos necesarios tras las inundaciones”.

Jaldo subrayó que el gobernador tomó la decisión política de que sea el Ministerio de Economía (a cargo de Jorge Jiménez) el que maneje y disponga de los fondos, para evitar especulaciones electorales. Sucede que Jaldo es precandidato a la vicegobernación por el alperovichismo. “No es un invento de ahora. No se cambiaron los montos en estos 11 años, no se lo puede relacionar con lo electoral”, rechazó en relación a un posible empleo del dinero para hacer campaña. Esta sospecha había sido planteada por legisladores de la oposición en el recinto.

La Capital solía recibir el 70% de los recursos del Fondo para municipios, de acuerdo con estimaciones del Ministerio del Interior. La Cocha tampoco figura, porque nunca se adhirió a los convenios dado que se autofinancia. Sin el dinero de la capital, durante todo el año se repartirán $ 163 millones entre 17 ciudades y $ 80, entre las 93 comunas. “La Ley faculta también al Ministerio de Economía a redistribuir, en el caso de que alguna ciudad o pueblo no emplee los recursos y que otro, la necesite. No es algo rígido”, añadió.

En el caso de las Municipalidades, las más beneficiadas son: Concepción ($ 13,5 millones), Banda del Río Salí ($ 13,2 millones), Las Talitas ($ 12,7 millones), Yerba Buena ($ 12,6 millones), Alderetes ($ 12,5 millones), Tafí Viejo ($ 12 millones) y Aguilares y Lules ($ 11,1 millones). En el medio de la tabla, se ubican Famaillá ($ 9,5 millones), Monteros ($ 9,2 millones) y Tafí del Valle ($ 9 millones). Cierran el listado Bella Vista ($ 7,1 millones), Alberdi ($ 6,8 millones), Simoca ($ 6 millones), Trancas y Graneros ($ 5,9 millones), y Burruyacu ($ 5 millones).

En el caso de los pueblos, no hay una distribución preestablecida. “No todas tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, no todas se inundaron o no todas sacaron igual provecho al plan nacional ‘Más Cerca’”, concluyó.

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