04 Mayo 2015
Juan Domingo Almaras recordó que lo llevaron hasta el Juzgado Federal a declarar junto a Juan Cayetano Cajal en algún momento de 1975, después de una de las varias detenciones que dijo haber sufrido en los 70’. Ambos eran jornaleros del Ingenio San Juan y habían participado de una huelga. Describió que estaban esposados en el edificio, aunque aclaró que, en realidad, tenían las manos sujetadas con trozos de cadenas y candados. Describió que los llevaron a un “sucucho” en el que había dos hombres vestidos de civil, aunque no de traje, y montones de carpetas. “Nos han pegado una buena amenazada: ‘se hacen cargo o van a pasar por la parrilla (cama de torturas en la que se aplicaba electricidad)’”. Los acusaban, añadió, por tenencia de armas de guerra. “Eran un pedazo de (fusil) Winchester y una carabina. Para mí estaban en desuso, estaban juntadas para armar la causa”, consideró. Tenía entonces 15 años. Tras pasar por varios penales, fue liberado recién en la década del 80’.
Almaras, un ex preso político víctima de la megacausa “Villa Urquiza” (2014), declaró en la última audiencia del juicio que se le sigue al ex juez federal Manlio Martínez por crímenes de lesa humanidad. Desde el inicio del proceso, ex detenidos han recordado sus experiencias, en general negativas, durante declaraciones o tramitando hábeas corpus en el Juzgado que encabezaba el imputado.
Otras experiencias
Por otro lado, y contrariamente, en la última jornada, abogados que litigaron en esa época -todos testigos de la Defensa- dieron cuenta de situaciones vividas con el ex magistrado por las que se mostraron agradecidos. Una de ellas fue Dayse Morales de Villagra, viuda de Daniel Villagra, quien fuera abogado querellante en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”. La letrada repasó la trayectoria de su esposo, que se desempeñó como secretario de la Liga Argentina para los Derechos del Hombre, y que intervino en casos de detenciones de presos por motivos políticos y detenidos-desaparecidos. A poco de casarse, la pareja se había mudado a la casa del abogado Carlos Zamorano, que estaba detenido. El 2 de marzo de 1978 hubo un violento allanamiento en la propiedad, en el que secuestraron libros que, según las fuerzas de seguridad, eran de contenido “marxista” y por el que le iniciaron una causa. Ella, que estaba embarazada, Villagra y una joven sobrina fueron detenidos en el procedimiento. Morales afirmó que estuvo alojada en la Brigada de Investigaciones, en la Brigada Femenina y luego, en un sanatorio porque sufría malestar por su estado. “Me llevaron al Juzgado. El doctor Martínez me dijo: ‘señora, usted puede declarar tranquila’. Me preguntó si había sido torturada o maltratada. Dije que no. Me dio tranquilidad. Mi esposo me pudo ver una vez. Me dijo que el juez le había dicho que tengamos paciencia, para que no nos pusieran a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Salí con sobreseimiento provisorio y luego, definitivo. Mi sobrina fue liberada dos días después de declarar. Vengo a contar mi experiencia. Si mi marido estuviera vivo, lo estaría defendiendo (a Martínez) en agradecimiento al trato que nos dio”, concluyó sollozando.
Félix Arroyo, dirigente del Colegio de Abogados durante el terrorismo de Estado, reivindicó las gestiones que la institución efectuó por abogados secuestrados, incluidos los recorridos por dependencias de las fuerzas de seguridad y de la justicia provincial y federal cada vez que había un colega desaparecido. Precisó que en una oportunidad, por el caso de tres abogados detenidos, llegó hasta la oficina del imputado. “Antes de que la secretaria nos anunciara, nos hizo señas de que entráramos. De inmediato llamó a colaboradores y les encomendó que buscaran si había causas contra los abogados. Regresaron y dijeron que no. Nos dijo que recurramos al Ejecutivo. Fuimos a verlo al ministro de Gobierno (Julio) Balloffet. Volvimos a las horas y nos dijo que habían sido encontrados. El juez (Martínez) ordenó la remisión de la causa de uno de ellos. Le tomó declaración y lo liberó. Fuimos atendidos siempre con rapidez y cordialidad”, valoró.
El letrado y ex intendente radical Raúl Martínez Aráoz repasó la historia de su cuñado, Alejandro Oscar Lago, quien estuvo secuestrado en el centro clandestino de la ex Jefatura y permanece desaparecido. En el derrotero de trámites para hallarlo, Martínez Aráoz subrayó que fueron, junto a su padre, a ver al acusado: “nos atendió y se condolió por la situación. Nos dijo que lamentablemente no tenía comunicación con las autoridades militares. Nos contó que su padrino de casamiento (Guillermo Vargas Aignasse) había sido secuestrado y que su cuñada se había tenido que exiliar”.
El ex magistrado es juzgado desde marzo por su desempeño en la investigación de la matanza de cinco personas en mayo de 1976, que fue abordada en la causa “Romero Niklison” (este proceso es una derivación de ese). Según la fiscalía, sus actitudes habrían producido la “legitimación” de la ejecución del grupo por parte de policías y militares, y “asegurado” la impunidad. El juicio también aborda la detención del dueño de la casa donde se produjo la masacre. Martínez, en su defensa, sostiene que era incompetente debido a que el asunto correspondía a la Justicia Militar y a que actuó amenazado durante la Dictadura. Inclusive, relató que le pusieron una bomba en su casa y que su esposa, una científica de la Universidad, fue perseguida.
Almaras, un ex preso político víctima de la megacausa “Villa Urquiza” (2014), declaró en la última audiencia del juicio que se le sigue al ex juez federal Manlio Martínez por crímenes de lesa humanidad. Desde el inicio del proceso, ex detenidos han recordado sus experiencias, en general negativas, durante declaraciones o tramitando hábeas corpus en el Juzgado que encabezaba el imputado.
Otras experiencias
Por otro lado, y contrariamente, en la última jornada, abogados que litigaron en esa época -todos testigos de la Defensa- dieron cuenta de situaciones vividas con el ex magistrado por las que se mostraron agradecidos. Una de ellas fue Dayse Morales de Villagra, viuda de Daniel Villagra, quien fuera abogado querellante en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”. La letrada repasó la trayectoria de su esposo, que se desempeñó como secretario de la Liga Argentina para los Derechos del Hombre, y que intervino en casos de detenciones de presos por motivos políticos y detenidos-desaparecidos. A poco de casarse, la pareja se había mudado a la casa del abogado Carlos Zamorano, que estaba detenido. El 2 de marzo de 1978 hubo un violento allanamiento en la propiedad, en el que secuestraron libros que, según las fuerzas de seguridad, eran de contenido “marxista” y por el que le iniciaron una causa. Ella, que estaba embarazada, Villagra y una joven sobrina fueron detenidos en el procedimiento. Morales afirmó que estuvo alojada en la Brigada de Investigaciones, en la Brigada Femenina y luego, en un sanatorio porque sufría malestar por su estado. “Me llevaron al Juzgado. El doctor Martínez me dijo: ‘señora, usted puede declarar tranquila’. Me preguntó si había sido torturada o maltratada. Dije que no. Me dio tranquilidad. Mi esposo me pudo ver una vez. Me dijo que el juez le había dicho que tengamos paciencia, para que no nos pusieran a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Salí con sobreseimiento provisorio y luego, definitivo. Mi sobrina fue liberada dos días después de declarar. Vengo a contar mi experiencia. Si mi marido estuviera vivo, lo estaría defendiendo (a Martínez) en agradecimiento al trato que nos dio”, concluyó sollozando.
Félix Arroyo, dirigente del Colegio de Abogados durante el terrorismo de Estado, reivindicó las gestiones que la institución efectuó por abogados secuestrados, incluidos los recorridos por dependencias de las fuerzas de seguridad y de la justicia provincial y federal cada vez que había un colega desaparecido. Precisó que en una oportunidad, por el caso de tres abogados detenidos, llegó hasta la oficina del imputado. “Antes de que la secretaria nos anunciara, nos hizo señas de que entráramos. De inmediato llamó a colaboradores y les encomendó que buscaran si había causas contra los abogados. Regresaron y dijeron que no. Nos dijo que recurramos al Ejecutivo. Fuimos a verlo al ministro de Gobierno (Julio) Balloffet. Volvimos a las horas y nos dijo que habían sido encontrados. El juez (Martínez) ordenó la remisión de la causa de uno de ellos. Le tomó declaración y lo liberó. Fuimos atendidos siempre con rapidez y cordialidad”, valoró.
El letrado y ex intendente radical Raúl Martínez Aráoz repasó la historia de su cuñado, Alejandro Oscar Lago, quien estuvo secuestrado en el centro clandestino de la ex Jefatura y permanece desaparecido. En el derrotero de trámites para hallarlo, Martínez Aráoz subrayó que fueron, junto a su padre, a ver al acusado: “nos atendió y se condolió por la situación. Nos dijo que lamentablemente no tenía comunicación con las autoridades militares. Nos contó que su padrino de casamiento (Guillermo Vargas Aignasse) había sido secuestrado y que su cuñada se había tenido que exiliar”.
El ex magistrado es juzgado desde marzo por su desempeño en la investigación de la matanza de cinco personas en mayo de 1976, que fue abordada en la causa “Romero Niklison” (este proceso es una derivación de ese). Según la fiscalía, sus actitudes habrían producido la “legitimación” de la ejecución del grupo por parte de policías y militares, y “asegurado” la impunidad. El juicio también aborda la detención del dueño de la casa donde se produjo la masacre. Martínez, en su defensa, sostiene que era incompetente debido a que el asunto correspondía a la Justicia Militar y a que actuó amenazado durante la Dictadura. Inclusive, relató que le pusieron una bomba en su casa y que su esposa, una científica de la Universidad, fue perseguida.
Lo más popular
