29 Abril 2015 Seguir en 
“La gente se enferma como no se debería enfermar y a esto nunca quisieron debatirlo públicamente”, expresó el médico Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas) durante una entrevista. Hacía referencia a la localidad cordobesa de Monte Maíz, donde el cáncer es la principal causa de muerte (1 vecino de cada tres fallecidos, mientras que en el país mueren 1 de cada 5) y las neuropatías, la diabetes tipo II y las malformaciones congénitas doblan y hasta triplican las cifras nacionales.
Los datos se dieron a conocer a fines de marzo. Son producto del acampe sanitario que coordinó Ávila Vázquez junto con un equipo de investigación y estudiantes de la Universidad de Córdoba y Buenos Aires. Se relevó el 62% de la población de Monte Maíz, una localidad rodeada por monocultivos (65.000 hectáreas) sobre los cuales se aplican 630.000 litros de pesticidas por año. La gravedad de los datos confirmó las sospechas de la población, pero disparó críticas de sectores universitarios y empresariales vinculados con las industrias de agroquímicos y transgénicos.
“Se extralimitó en sus actividades”, señaló el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Juan Marcelo Cornero, quien presentó un pedido de sumario administrativo al Consejo Superior de la UNC contra Ávila Vázquez. Al cruce salió el Comité de Bioética que supervisó el estudio en la localidad de Monte Maíz para certificar la seriedad de la investigación. Paralelamente, un grupo de académicos y científicos de doce países enviaron una carta de apoyo a los investigadores y remarcaron que el estudio posee “alto interés público y relevancia internacional”. Durante el 19º congreso provincial de ATE, realizado la semana pasada en Río Tercero, se expresó por unanimidad el apoyo a Ávila Vázquez.
Repercusiones
Cuando las idas y vueltas estaban empezando apareció el informe de la OMS en la que declaraba al glifosato (herbicida) como “probablemente cancerígeno”. Además, el 9 de abril se realizaron las jornadas de Agrotóxicos y Genotoxicidad en el hospital Garrahan, donde el bioquímico Raúl Horacio Lucero dijo: “Siempre supimos que esto iba a decantar y que la mugre iba a salir por debajo de la alfombra (...) ¿A quién le facturamos los muertos y los chicos con discapacidad?”. En alusión a los datos arrojados por el informe. Habló del principio precautorio contenido por la Ley General del Ambiente (ley 25.675) que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Sin embargo no se lo aplica.
El informe de Monte Maíz llegó a medios internacionales, pero las autoridades nacionales no mencionaron el tema. El día de la Tierra (22 de abril) en Chaco se aprobó una nueva semilla genéticamente modificada de soja y la primera papa transgénica en Argentina, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
Los datos se dieron a conocer a fines de marzo. Son producto del acampe sanitario que coordinó Ávila Vázquez junto con un equipo de investigación y estudiantes de la Universidad de Córdoba y Buenos Aires. Se relevó el 62% de la población de Monte Maíz, una localidad rodeada por monocultivos (65.000 hectáreas) sobre los cuales se aplican 630.000 litros de pesticidas por año. La gravedad de los datos confirmó las sospechas de la población, pero disparó críticas de sectores universitarios y empresariales vinculados con las industrias de agroquímicos y transgénicos.
“Se extralimitó en sus actividades”, señaló el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Juan Marcelo Cornero, quien presentó un pedido de sumario administrativo al Consejo Superior de la UNC contra Ávila Vázquez. Al cruce salió el Comité de Bioética que supervisó el estudio en la localidad de Monte Maíz para certificar la seriedad de la investigación. Paralelamente, un grupo de académicos y científicos de doce países enviaron una carta de apoyo a los investigadores y remarcaron que el estudio posee “alto interés público y relevancia internacional”. Durante el 19º congreso provincial de ATE, realizado la semana pasada en Río Tercero, se expresó por unanimidad el apoyo a Ávila Vázquez.
Repercusiones
Cuando las idas y vueltas estaban empezando apareció el informe de la OMS en la que declaraba al glifosato (herbicida) como “probablemente cancerígeno”. Además, el 9 de abril se realizaron las jornadas de Agrotóxicos y Genotoxicidad en el hospital Garrahan, donde el bioquímico Raúl Horacio Lucero dijo: “Siempre supimos que esto iba a decantar y que la mugre iba a salir por debajo de la alfombra (...) ¿A quién le facturamos los muertos y los chicos con discapacidad?”. En alusión a los datos arrojados por el informe. Habló del principio precautorio contenido por la Ley General del Ambiente (ley 25.675) que señala que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Sin embargo no se lo aplica.
El informe de Monte Maíz llegó a medios internacionales, pero las autoridades nacionales no mencionaron el tema. El día de la Tierra (22 de abril) en Chaco se aprobó una nueva semilla genéticamente modificada de soja y la primera papa transgénica en Argentina, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
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