Defendieron a Martínez y retrucaron denuncias

Afirmó que el ex juez Manlio Martínez “se daba su tiempo” para recibir a todos los familiares de detenidos y desaparecidos que peregrinaban por el juzgado. Aseguró que jamás alguien declaró esposado o vendado en el edificio de Tribunales federales antes y durante el terrorismo de Estado, según ella había percibido. También consignó que “jamás” un militar ni un policía se entrevistó en el despacho ni se comunicó telefónicamente con el entonces magistrado. Negó haber visto entrar a las dependencias judiciales gente golpeada o con signos de tortura. Marta Abregú de Padilla se desempeñó como secretaria privada del ex magistrado desde 1975. La mujer declaró ayer en el juicio en el que Martínez es juzgado por crímenes de lesa humanidad por su desempeño.

Abregú defendió el trabajo de su ex jefe y remarcó, mediante anécdotas, que brindaba un buen trato tanto a los familiares como a los detenidos que concurrían al Juzgado. “Por día entraban cientos de hábeas corpus. Se los despachaba urgente. Los oficios a la Policía, a Gendarmería y al Ejército. Siempre respondían que los detenidos no estaban allí. Terminaban archivándose por eso”, describió. Detalló que, inclusive, él aportaba en colectas que se hacían para que parientes de un detenido pudiesen viajar a verlo. Recordó también que el entonces magistrado sufrió el estallido de una bomba en su casa y que esto afectó a todo el personal, dado que las relaciones eran como las de “una familia”.

Coincidió en estos términos el abogado y ex diputado Rodolfo Vargas Aignasse, hermano del senador asesinado en 1976, Guillermo Vargas Aignasse. Señaló que fueron compañeros de estudio y allegados, porque Martínez era muy amigo de Guillermo. Afirmó que inició el expediente por la desaparición de su familiar en febrero de 1984 y que se tramitó en el juzgado del acusado (por la causa “Vargas Aignasse” fueron condenados los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en 2008). “Tuvo la diligencia debida”, consideró y caracterizó al ex juez como un “hombre de bien y con condiciones democráticas”.

Calificó como un “mamarracho jurídico” la imputación por “asociación ilícita” que pesa sobre Martínez en relación a las Fuerzas Armadas. Aseguró que el ex magistrado permaneció en el cargo durante la Dictadura porque esto le garantizaba que no lo mataran, tal como había declarado el propio imputado al hablar ante los jueces al inicio del proceso.