La indignación de los tucumanos por tener que pagar más tributos en una provincia donde están congelados los salarios es perfectamente atendible. La suba de los impuestos Inmobiliario, del 57%, y Automotor, de entre un 4 y un 25%, que impulsó el Gobierno tras incrementar las valuaciones de propiedades y vehículos, fue interpretada por parte de la población, especialmente por los sectores que pagan habitualmente el gravamen, como un nuevo abuso de un Estado voraz, con funcionarios a los que no les tiembla el pulso para castigar siempre a los cumplidores.
Desde todos los sectores se alzaron voces contra la decisión oficial. Especialmente se quejaron los empresarios. La FET salió al choque calificando al incremento de impuestos como "una nueva muestra de la irremediable incapacidad para aumentar la base tributaria".
Según la central empresaria, el afán recaudador del Gobierno sólo tiene por objeto "satisfacer los requerimientos de un Estado superdimensionado cuya principal urgencia es mantenerse a sí mismo". La FET argumenta que la administración pública provincial tiene previsto gastar este año un 7% más que en 2003, y que pretende llevar la cantidad de agentes de los 43.500 actuales a 45.000, sin contar municipios y comunas.
En el Poder Ejecutivo no se callaron ante esta arremetida de los privados. El gobernador José Alperovich y el ministro de Economía, Jorge Jiménez, fueron simples, pero contundentes. Instaron a los empresarios a que paguen sus tributos, a que no incumplan con el fisco, de manera que no sea necesario que se propicien nuevas subas.
La discusión dio pie para que ingresen al debate viejos reclamos, como la erradicación de los vendedores ambulantes de las calles del microcentro tucumano. Los comerciantes dicen que el Estado redobla la presión fiscal hasta niveles insoportables, pero que este no cumple con las normas que prohíben la venta callejera. Estos comerciantes, que exigen justicia porque sienten que pierden ventas con la presencia de los ambulantes, son los mismos -y no otros- que día a día se abusan de los consumidores con sobreprecios de hasta un 20%, que se remontan al tiempo de los Bocade. Que se sepa, los precios en Tucumán nunca bajaron aun cuando los empresarios dejaron de pagar desagio para canjear los bonos en efectivo. Lo ideal sería buscar un punto medio: que el Estado cumpla las normas y que los comerciantes sean leales con la gente, o sea, con quienes sostienen sus economías.
Mientras, el gobernador Alperovich salió a pedir perdón por haber aumentado los impuestos, pero aclarando que no piensa dar marcha atrás. Muchos de los que se esfuerzan todos los días para conseguir el sustento con su trabajo y que a pesar de los inconvenientes cumplen con sus obligaciones fiscales consideraron una burla estas expresiones.
Sobre llovido, mojado
En el medio de toda esta disputa están los tucumanos, que pagan precios de los más elevados de la Argentina e impuestos caros. Hace pocas semanas LA GACETA dio a conocer un estudio que reveló que Tucumán es la segunda provincia del país con mayor presión fiscal, sólo por detrás de Santiago del Estero. El informe, elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, y por la consultora internacional Deloitte & Touche, midió la presión fiscal de provincias y municipios sobre la base del impuesto a los ingresos brutos y la tasa de seguridad e higiene. Si este análisis se hubiera realizado en estos días, y contemplando además los impuestos Inmobiliario y Automotor, seguramente Tucumán encabezaría por lejos el lote de las jurisdicciones con mayor presión fiscal.
