Modelo laboral perturbador

El Gobierno nacional ha resuelto extender hasta el 31 de diciembre la vigencia del plan de subsidios para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que atiende actualmente a más de 1,8 millón de beneficiarios de todo el país, y cuyo presupuesto anual es de 3.600 millones de pesos. La decisión era previsible en atención a que perduran las condiciones sociales que motivaron la creación del programa, pero la misma incluye cambios en su concepción que le asignan un carácter permanente mientras no se alcancen los fines pretendidos por los mismos. Según el informe que acompañó al anuncio, se trata de crear proyectos de empleo para los destinatarios del subsidio, consistentes en una infraestructura comunitaria a cargo de pequeñas obras comunales, coordinadas por el Ministerio de Trabajo, con presupuesto por 200 millones; también se han previsto emprendimientos productivos dependientes del Ministerio de Acción Social y que durante el primer semestre implicarán un gasto de cien millones, destinado a insumos y bienes de capital. Entre los detalles del proyecto en ejecución se señala que se tratará de cooperativas cuyos integrantes seguirán percibiendo los 150 pesos mensuales del subsidio.
El objetivo del programa adjunto al plan es generar 16.000 emprendimientos este año, para alcanzar posteriormente 112.000, referencia esta reveladora de que la prórroga del sistema de subsidios puede extenderse por tiempo indefinido. La ministra de Acción Social, Alicia Kirchner, señaló que se trata de que los subsidios tengan contraprestaciones de trabajo por parte de sus destinatarios, procurando satisfacer así una preocupación generalizada por el desinterés laboral que suscita un virtual seguro de desempleo sin plazos ni condiciones, asignado en numerosas ocasiones a quienes en situaciones normales no demandan trabajo. Es el riesgo de promover la vagancia, tal cual señaló el obispo titular de Cáritas, y que ese sistema agregado ahora trata de evitar, si bien apelando a un complejo tratamiento que requerirá una estructura administrativa y de control más compleja aún que la de adjudicación y fiscalización de los subsidios. Sobre esta última pesan desde hace tiempo investigaciones del mal uso y defraudación en la distribución de los recursos, frecuentemente monopolizada por intendentes municipales que estimulan el clientelismo político con los subsidios, amén de la considerable disposición de los mismos por parte de organizaciones de piqueteros que financian con ellos sus presiones, muchas veces extorsivas, sobre las autoridades.
Pero más allá de las legítimas preocupaciones de la ministra Kirchner por hacer de esos subsidios un soporte de seguridad social, se advierte cierta improvisación en el sistema. En primer lugar por el sesgo de permanencia que se observa en una alternativa de naturaleza provisoria, con las consiguientes perturbaciones que puede provocar en el régimen formal de trabajo, concebido como fruto de una relación libre entre empleadores y trabajadores, regulada legalmente y controlada por las asociaciones formales de ambas partes, bajo la auditoría del Estado. Este complejo mecanismo de las relaciones laborales forma parte de la organización social como el zapato del pie y sus resultados son perfectamente verificables a los efectos del bien común. Su temporaria crisis no debe ser, pues, causa para un sistema laboral paralelo que, a juzgar por las primeras referencias oficiales, sugiere una permanencia perturbadora. Suficientemente compleja para llamar la atención de un observador sensible y, especialmente, de las organizaciones intermedias encargadas de velar por los intereses laborales y que deberían ser consultadas.