12 Enero 2004 Seguir en 
HORROR QUE NO CESA. Los familiares de las víctimas aseguran que la empresa Giménez Viajes continúa trabajando, pero con otro nombre.
Cuatro años de injusticia inundan sus ojos. De lágrimas y de impotencia. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Camboriú están cansados, pero no rendidos, ante la indiferencia. Y si bien después de cuatro años no aparecieron los responsables administrativos del accidente que destrozó a sus familias, ellos prometen que jamás bajarán los brazos hasta que algún castigo recaiga sobre los culpables.
Encontrar responsables traerá un cierto alivio para hacer justicia por los suyos. Pero nada ni nadie les devolverá a sus seres queridos que murieron, sostienen, por una suma de negligencias que fueron descubriendo con horror. Horror y bronca por la indiferencia de los funcionarios que prometieron ayudarlos, y que hasta hoy no han hecho nada. "Todos, cada uno a su turno, se lavaron las manos", sentenció Marcelo Flores, que perdió a Agustina -una de sus mellizas de un año y medio- y a su suegra. Su mujer y la otra niña resultaron heridas. Habrían sido muchas las irregularidades que causaron el accidente del 12 de enero de 2000, en el que perdieron la vida 40 tucumanos. Beatriz Eichele -que sigue llorando a su padre- dice que las pericias brasileñas demostraron, en sólo seis meses, que el colectivo de la empresa Giménez Viajes tenía una capacidad para 24 pasajeros, pero había sido modificado para que viajaran 53. Se demostró también que el chofer Víctor Jaime era inexperto para este tipo de viajes, y que había tomado una ruta alternativa mucho más peligrosa para ahorrar gastos.
En Argentina, en cambio, las pericias se iniciaron luego de más de un año del accidente, y todavía no arrojaron datos exactos. Así lo afirma José Páez, tío de Antonio César Masino, que falleció junto a su novia, Mariana Rodríguez. "Nada parece suficiente para lograr que los responsables sean sancionados, porque la causa quedó en jurisdicción brasileña, y no pudimos comprobar que -antes de entrar a Brasil- la empresa Giménez Viajes ya había cometido varios delitos e infracciones", explica.
Lucha hasta el final
Después de cuatro años, los familiares de las víctimas sienten que la condena al chofer del colectivo no es suficiente. Jaime -que conducía en exceso de velocidad por una curva demasiado cerrada- fue sentenciado por la Justicia brasileña, en mayo de 2003, a casi ocho años de prisión, pero por buena conducta cumplirá la pena en libertad. "Mientras tanto, el gran responsable de todo, Francisco Giménez, sigue operando en turismo con otro nombre y nunca recibió sanción alguna por el accidente", afirma Páez.
Hasta el momento, la sentencia a Jaime fue el único adelanto en materia judicial. Según explica Páez, durante estos años se hicieron presentaciones en distintos organismos de contralor: en Turismo de la Nación y de la Provincia, en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), además del Gobierno provincial, sin que se haya obtenido ninguna respuesta. "Sólo hubo un predictamen de la CNRT, que responsabilizó directamente al chofer, e indirectamente a la empresa, que fue instada a pagar una multa de $ 2.000", aclaró.
Jamás esperaron, dice Luis Antonio Vera, que la Justicia caminara tan lentamente. Vera perdió a su hermano y a su cuñada, y, como los demás familiares, pensó que el apoyo que les brindó el Gobierno en el momento del accidente se mantendría. Pero no. Una de las peores tragedias de los últimos años sigue sin resolverse aunque, ni en mil años, caerá en el olvido: los familiares, hasta el final y pese al cansancio, buscarán una respuesta.
No quieren dinero, sino controles
Ellos no quieren hablar de dinero. Los familiares de las víctimas sólo reclaman justicia y con su lucha pretenden evitar que tragedias como las de Camboriú y de Catamarca se repitan. A ellos no les interesa que la compañía de seguros les haya ofrecido por cada víctima $ 5.000: sólo pretenden que los controles para evitar estos accidentes sean efectivos.
Por ley, la compañía de Seguros La Economía Comercial quedó obligada a pagar, por el accidente, el tope máximo de $ 200.000, indicado para percances fuera del país, dinero que -según explicó José Páez- fue depositado en una cuenta que los familiares jamás tocaron. El monto, luego, quedó atrapado en el corralito financiero y allí sigue, estancado, sin que nadie lo haya reclamado. "Se nos ofreció $ 5.000 por cada pariente, pero nadie aceptó porque lo que buscamos no es dinero, sino justicia", dijo.
Lo que sí preocupa a los familiares es, por un lado, la falta de respuestas desde la Dirección de Transporte de la Provincia, y de la CNRT que, según Beatriz Eichele, nunca se expidieron sobre la causa. Y por otra parte, les aflige que estos organismos sean los mismos que tienen en sus manos la seguridad de la gente. "De esta tragedia no se aprendió nada: los controles siguen siendo ineficaces porque uno puede, por ejemplo, comprar un permiso de revisión mecánica de su auto", aseguró Marcelo Flores.
Controles en verano
En la Dirección de Transporte, sin embargo, afirman que las inspecciones se hacen efectivamente, y que en tiempos de vacaciones se acentúan. "Bajo pena de secuestro de las unidades, se está controlando no sólo el estado de los vehículos, sino también que los coches salgan de la terminal de ómnibus y no de plazas y parques, como se estaba haciendo", aseguró el titular de la repartición, Lorenzo Ponce.
Miguel Alurralde, responsable regional del Noroeste de la CNRT, sostiene que los controles se hacen no sólo en la estación terminal, sino también en las rutas y en los peajes. "La semana pasada secuestramos un coche que iba a Mar del Plata, en el que se habían hecho algunas modificaciones", contó Alurralde, quien también asegura que los controles se han intensificado.
Esto parecería óptimo si se tiene en cuenta que, después de cuatro años, muchos tucumanos perdieron el miedo a viajar a Camboriú, como había sucedido cuando la tragedia era más reciente. Ahora se pueden contratar excursiones por $ 600 en adelante, y casi todas las agencias de turismo tienen paquetes con estas ofertas. "Sin embargo, nosotros creemos -aseguró Beatriz Eichele- que la seguridad de los tucumanos está en manos de gente sin escrúpulos, que ni siquiera fue capaz de resolver la muerte nada menos que de 40 personas".
El Totoral
"Fue como volver a vivir las penosas horas de aquel 12 de enero", contó María Eugenia Páez, madre de una de las víctimas de Camboriú, al hablar sobre el accidente de la Cuesta del Totoral, en el que murieron 48 tucumanos en setiembre de 2002. Ella y los demás familiares piensan que ese accidente es una prueba de que los controles en tránsito dejan que desear. "Ninguna tragedia -dicen María Delia y Alfredo Alderete, padres de una de las fallecidas- parece hacer advertir a los funcionarios de que algo debe cambiar para evitar estos accidentes".
Encontrar responsables traerá un cierto alivio para hacer justicia por los suyos. Pero nada ni nadie les devolverá a sus seres queridos que murieron, sostienen, por una suma de negligencias que fueron descubriendo con horror. Horror y bronca por la indiferencia de los funcionarios que prometieron ayudarlos, y que hasta hoy no han hecho nada. "Todos, cada uno a su turno, se lavaron las manos", sentenció Marcelo Flores, que perdió a Agustina -una de sus mellizas de un año y medio- y a su suegra. Su mujer y la otra niña resultaron heridas. Habrían sido muchas las irregularidades que causaron el accidente del 12 de enero de 2000, en el que perdieron la vida 40 tucumanos. Beatriz Eichele -que sigue llorando a su padre- dice que las pericias brasileñas demostraron, en sólo seis meses, que el colectivo de la empresa Giménez Viajes tenía una capacidad para 24 pasajeros, pero había sido modificado para que viajaran 53. Se demostró también que el chofer Víctor Jaime era inexperto para este tipo de viajes, y que había tomado una ruta alternativa mucho más peligrosa para ahorrar gastos.
En Argentina, en cambio, las pericias se iniciaron luego de más de un año del accidente, y todavía no arrojaron datos exactos. Así lo afirma José Páez, tío de Antonio César Masino, que falleció junto a su novia, Mariana Rodríguez. "Nada parece suficiente para lograr que los responsables sean sancionados, porque la causa quedó en jurisdicción brasileña, y no pudimos comprobar que -antes de entrar a Brasil- la empresa Giménez Viajes ya había cometido varios delitos e infracciones", explica.
Lucha hasta el final
Después de cuatro años, los familiares de las víctimas sienten que la condena al chofer del colectivo no es suficiente. Jaime -que conducía en exceso de velocidad por una curva demasiado cerrada- fue sentenciado por la Justicia brasileña, en mayo de 2003, a casi ocho años de prisión, pero por buena conducta cumplirá la pena en libertad. "Mientras tanto, el gran responsable de todo, Francisco Giménez, sigue operando en turismo con otro nombre y nunca recibió sanción alguna por el accidente", afirma Páez.
Hasta el momento, la sentencia a Jaime fue el único adelanto en materia judicial. Según explica Páez, durante estos años se hicieron presentaciones en distintos organismos de contralor: en Turismo de la Nación y de la Provincia, en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), además del Gobierno provincial, sin que se haya obtenido ninguna respuesta. "Sólo hubo un predictamen de la CNRT, que responsabilizó directamente al chofer, e indirectamente a la empresa, que fue instada a pagar una multa de $ 2.000", aclaró.
Jamás esperaron, dice Luis Antonio Vera, que la Justicia caminara tan lentamente. Vera perdió a su hermano y a su cuñada, y, como los demás familiares, pensó que el apoyo que les brindó el Gobierno en el momento del accidente se mantendría. Pero no. Una de las peores tragedias de los últimos años sigue sin resolverse aunque, ni en mil años, caerá en el olvido: los familiares, hasta el final y pese al cansancio, buscarán una respuesta.
No quieren dinero, sino controles
Ellos no quieren hablar de dinero. Los familiares de las víctimas sólo reclaman justicia y con su lucha pretenden evitar que tragedias como las de Camboriú y de Catamarca se repitan. A ellos no les interesa que la compañía de seguros les haya ofrecido por cada víctima $ 5.000: sólo pretenden que los controles para evitar estos accidentes sean efectivos.
Por ley, la compañía de Seguros La Economía Comercial quedó obligada a pagar, por el accidente, el tope máximo de $ 200.000, indicado para percances fuera del país, dinero que -según explicó José Páez- fue depositado en una cuenta que los familiares jamás tocaron. El monto, luego, quedó atrapado en el corralito financiero y allí sigue, estancado, sin que nadie lo haya reclamado. "Se nos ofreció $ 5.000 por cada pariente, pero nadie aceptó porque lo que buscamos no es dinero, sino justicia", dijo.
Lo que sí preocupa a los familiares es, por un lado, la falta de respuestas desde la Dirección de Transporte de la Provincia, y de la CNRT que, según Beatriz Eichele, nunca se expidieron sobre la causa. Y por otra parte, les aflige que estos organismos sean los mismos que tienen en sus manos la seguridad de la gente. "De esta tragedia no se aprendió nada: los controles siguen siendo ineficaces porque uno puede, por ejemplo, comprar un permiso de revisión mecánica de su auto", aseguró Marcelo Flores.
Controles en verano
En la Dirección de Transporte, sin embargo, afirman que las inspecciones se hacen efectivamente, y que en tiempos de vacaciones se acentúan. "Bajo pena de secuestro de las unidades, se está controlando no sólo el estado de los vehículos, sino también que los coches salgan de la terminal de ómnibus y no de plazas y parques, como se estaba haciendo", aseguró el titular de la repartición, Lorenzo Ponce.
Miguel Alurralde, responsable regional del Noroeste de la CNRT, sostiene que los controles se hacen no sólo en la estación terminal, sino también en las rutas y en los peajes. "La semana pasada secuestramos un coche que iba a Mar del Plata, en el que se habían hecho algunas modificaciones", contó Alurralde, quien también asegura que los controles se han intensificado.
Esto parecería óptimo si se tiene en cuenta que, después de cuatro años, muchos tucumanos perdieron el miedo a viajar a Camboriú, como había sucedido cuando la tragedia era más reciente. Ahora se pueden contratar excursiones por $ 600 en adelante, y casi todas las agencias de turismo tienen paquetes con estas ofertas. "Sin embargo, nosotros creemos -aseguró Beatriz Eichele- que la seguridad de los tucumanos está en manos de gente sin escrúpulos, que ni siquiera fue capaz de resolver la muerte nada menos que de 40 personas".
El Totoral
"Fue como volver a vivir las penosas horas de aquel 12 de enero", contó María Eugenia Páez, madre de una de las víctimas de Camboriú, al hablar sobre el accidente de la Cuesta del Totoral, en el que murieron 48 tucumanos en setiembre de 2002. Ella y los demás familiares piensan que ese accidente es una prueba de que los controles en tránsito dejan que desear. "Ninguna tragedia -dicen María Delia y Alfredo Alderete, padres de una de las fallecidas- parece hacer advertir a los funcionarios de que algo debe cambiar para evitar estos accidentes".
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