Un tercio de enero de 2004 se consumió sin mayores dificultades para la administración de José Alperovich. Los planes del gobernador se desarrollan sin que aparezcan mayores impedimentos internos y externos. El mayor sofocón del mes lo pasó, sin dudas, cerca de la medianoche del viernes, cuando se desplomó estrepitosamente el escenario oficial en El Mollar.
La apertura de la temporada turística en esa localidad será inolvidable para Alperovich, por el susto que vivió. Es inexplicable e inaceptable el reclamo de quienes -entre vecinos de El Mollar y funcionarios de rango inferior- exigían el secuestro de la cámara del fotógrafo que captó la escena del derrumbe, lo que no cuajó porque prevaleció el buen criterio de los más sensatos.
La anécdota ratifica un dato alarmante en Tucumán: no hay una cultura democrática con sólido arraigo popular. Por eso, se confunde el mal momento que soportó el jefe de Estado con un supuesto agravio a la investidura del cargo. Una actitud que sólo refuerza la veta autoritaria que no se disolvió en la comunidad, pese a que ya han transcurrido dos décadas de la restauración del sistema democrático.
Dueño de la iniciativa
El dominio del ring lo tiene Alperovich. Aporreó a los abogados y al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), cuya disolución es un dato definitivo del esquema institucional.
La oposición que anticipó Antonio Gandur -presidente de la Corte Suprema de Justicia- a una hipotética ampliación del CAM dejó sin argumentos al ministro político Edmundo Jiménez y Alperovich liquidó el asunto en la forma conocida.
Sin embargo, una encuesta reveló que la mayoría de los entrevistados que sabían del CAM, justificaban su perduración. El Gobierno persistió, pese a que la Provincia se rezagaba institucionalmente en comparación con la Nación. La tibieza de las protestas y la parálisis que impone enero terminaron de despejarle el camino al oficialismo.
La primera jugada fuerte de enero radicó en sujetar a los intendentes del interior a férreas pautas de financiamiento. El paternalismo político se extenderá por igual sobre intendentes peronistas y radicales. Se les dará dinero para pagar sueldos y hacer obras públicas, con rígidos seguimientos. La eficiencia en el gasto que se exige a los intendentes es la contracara de la disciplina fiscal que ordena la administración federal.
Con la misma cifra de 2003 -$ 18 millones-, se abastecerá de recursos al interior, porque desaparecerán las prácticas de los "retornos", enfatizan en la Casa de Gobierno.
A los díscolos se les aplicará un sistema de castigo, del que no pueden excluirse eventuales intervenciones a las gobiernos de los municipios.
Los radicales Osvaldo Morelli (Concepción) y Agustín Fernández (Aguilares) estarán más cercados por el oficialismo. Ninguno de ellos se esfuerza por escapar de esa situación. Tampoco la UCR está en condiciones de darles protección, a causa del estado de anemia y de división interna en que está sumida. En aquel partido pelean por la fecha de la elección de las nuevas autoridades y por la definición de quiénes son auténticos radicales. Los intendentes peronistas ya entendieron que son una de las columnas vertebrales del ala gubernamental del PJ. Para Alperovich, asegurar la gobernabilidad de la capital es un dato clave, debido a que el peronismo es aún una minoría electoral en el distrito.
Dentro de esa línea de acción, Domingo Amaya -hombre de Alperovich- se empeña en restablecer la disciplina laboral entre los empleados municipales y en acabar con la corrupción enquistada en el aparato burocrático.
A los comisionados comunales les llegará también el momento de comprometerse con la Casa de Gobierno y de dar la cara ante los vecinos por la ejecución de las obligaciones más elementales.
Osvaldo Jaldo se refugió en la solvencia financiera de la municipalidad de Trancas para evitar el abrazo del oso. Con su gesto, el ex ministro de Economía preservó su campo de libertad política. Desde ese puesto y de su paso por la Legislatura, supo que los pactos -como el que firmó el viernes pasado con Alperovich- entrañan virtuales intervenciones administrativas a las intendencias municipales.
El duelo de fondo
En público, nada se dice. En privado, se admite que las divergencias entre Alperovich y Julio Miranda emergerán abiertamente, porque el PJ no acepta jefaturas bicéfalas. Ambos juegan con cartas marcadas y el ganador del duelo desalojará al otro de la cima.
La guardia ortodoxa del PJ se sorprendió con el aluvión de fichas de afiliación con que amenaza la Casa de Gobierno. A la cabeza de los nuevos peronistas está Beatriz Rojkés, la esposa del gobernador. Ella -según todos los indicios- pretenderá la primera candidatura a diputada nacional en los comicios de 2005.
Frente a la avalancha se erigen razones de orden formal. La junta electoral del partido no recibe las fichas porque el período de reclutamiento de nuevos prosélitos se cerró en 2003, cuando se programó la elección interna de candidatos a senadores -finalmente desactivada porque hubo una sola lista-.
Así las cosas, Alperovich, en su calidad de congresal nacional, deberá pedirle a Miranda -presidente del distrito- que reabra el ciclo de afiliaciones. El ex gobernador descansa en Córdoba, mientras apuesta a que el tiempo erosione la credibilidad de Alperovich. Cerca de este están convencidos de que 2004 consolidará al gobernador, y preparan las bases para 2005. En el corto plazo ven que el gobernador marcó diferencias notables con Miranda. La ruptura insinuada en el discurso del 29 de octubre pasado se profundizó, a pesar de los modos diplomáticos.
El peronismo ortodoxo halló en la junta departamental de la capital un canal para organizar la disidencia. Una suerte de gabinete en las sombras se constituye para asesor a Enrique Romero, el opositor más movedizo.
La llegada del ex diputado José Vitar al PAMI de la mano de la interventora Graciela Ocaña puede producir cambios drásticos en la filial Tucumán. El punto de partida es el desguace de la caja que el bipartidismo PJ-UCR manejó discrecionalmente en las últimas décadas.
