¿Cuántos tucumanos recuerdan la "Tragedia de Camboriú" que enlutó a la provincia y al país el 12 de enero de 2000? Muy pocos, o tal vez nadie. Sólo los familiares directos de las 40 víctimas que dejó el atroz accidente mantienen intacto el dolor. Sus heridas volverán a sangrar mañana, cuando en la intimidad del hogar lloren la ausencia de quienes, hace cuatro años, se despidieron felices, con la alegría de realizar un viaje que terminó en la muerte. Probablemente ocurra algo similar el próximo 15 de setiembre, cuando se cumplan dos años de la "Tragedia de la Cuesta de El Totoral", en Catamarca, donde perdieron la vida 48 peregrinos tucumanos que regresaban de visitar a la Virgen del Valle.
En un primer momento estos desgarradores hechos impactaron y movilizaron a dos provincias. Tuvieron repercusión mundial por la magnitud de los siniestros. Hoy las causas están archivadas. Están sepultadas en ¿la Justicia? No hallaron a los verdaderos culpables. No se condenó a nadie. No se investigó por qué tuvieron lugar semejantes desgracias.
La "Tragedia de Camboriú" tuvo un solo chivo expiatorio: el chofer sobreviviente que fue juzgado en Brasil, donde cumple en libertad su condena, aunque jamás fue procesado en la Argentina, su país natal. En la "Tragedia de la Cuesta de El Totoral" pasó algo similar. ¡Oh! ¿casualidad? El único imputado también fue el chofer, pero la acción penal se extinguió cuando el hombre falleció a los pocos días del accidente.
De un modo u otro, los choferes también fueron víctimas en ambos casos. Los usaron para disimular impericias, fallas humanas y técnicas. Para encubrir la negligencia de empresarios y de funcionarios; para tapar el manejo arbitrario e irregular de algunas agencias de turismo y de los organismos encargados de efectuar el control de los viajes, del estado de los micros que utilizan, y de toda la documentación y medidas de seguridad que por ley deben tener al día.
Pero hay más coincidencias en estos brutales accidentes viales. La impunidad sigue en pie. Nadie asumió ninguna responsabilidad, pese a las reiteradas promesas de los gobernantes, jueces y funcionarios de turno. Todo quedó en la nada. Y lo más grave es que también se borró de la memoria colectiva. Aunque los familiares de las 88 víctimas de Camboriú y de la Cuesta de El Totoral tienen puestas sus esperanzas en el nuevo gobierno tucumano. No es mucho lo que piden. Saben que nada puede reparar la pérdida de un hijo, de un padre, de un hermano, de una familia completa. Sólo tienen sed de justicia. De que las personas responsables de las masacres purguen sus culpas. Sólo así empezarán a recobrar la confianza en un Estado que hace mucho tiempo abandonó sus deberes.La decisión que tomó el 6 del actual la Comisión Nacional de Regulación del Transporte -en coordinación con el Ministerio de Trabajo, con Gendarmería Nacional y con la Policía Federal- respecto de imponer rigurosos controles en las rutas del país, fue uno de los mejores regalos de Reyes que recibió la sociedad argentina en este 2004. Este puede ser el puntapié inicial del cambio que el pueblo reclama: el riguroso control de los viajes de turismos e interurbanos, de los micros que usan, de las documentaciones, del carnet del chofer, de la revisión técnica, de los seguros de vida, del respeto a las normas laborales del transporte de pasajeros y demás requisitos exigidos por ley. A esta medida se le sumó dos días después otra de la Dirección General de Transporte de la Provincia. El titular del organismo, Antonio Ponce, exige a las empresas de transporte de pasajeros dedicadas a realizar excursiones, tours de compras o viajes estudiantiles, que inicien y concluyan sus servicios exclusivamente en la Estación Central de Omnibus. Pero, además, deberán comunicar con doce horas de antelación la fecha de salida.
Sólo si estas normas se cumplen a rajatabla se podrán garantizar la idoneidad de los servicios y la seguridad de los viajes.
