Una Caja vacía

Las miradas se cruzan en la Legislatura como buscando una explicación. Nadie puede entender que el gobernador José Alperovich piense en vetar la ley que permite la capitalización de la Caja Popular de Ahorros, sancionada a pedido expreso del interventor de esa institución, Juan Carlos Veiga.
Alperovich fue explícito. No avalará que valgan igual los $ 35 millones que la Caja le debe al PE que los $ 10 millones que el PE le adeuda a la Caja. Su posición es contraria a la idea que aprobaron los legisladores, y que significaba un nuevo borrón y cuenta cero para la única entidad financiera estatal de Tucumán. Para compensar los rojos es imprescindible una ley, pero no así para realizar asientos contables en los que figuren nominalmente entradas y salidas de recursos hasta cancelar los montos adeudados por cada uno. Sería una solución incruenta que ya está en estudio.El vicegobernador Fernando Juri se esfuerza por llevar tranquilidad y confianza. En privado, afirma que Alperovich (con quien tiene un fluido contacto en estos días) no vetará la norma; y en público defiende la ley sancionada. Resalta que la compensación automática de todas las deudas acumuladas hasta diciembre de 2002 entre la Provincia y la Caja es una facultad del PE, no una imposición. Y se preocupa en distinguir la capitalización de $ 11 millones del cuestionado blanqueo del pasivo de la entidad. Una distinción que el eventual veto del PE no haría, porque caería todo. La Caja necesita imperiosamente un aporte de capital para tratar de ser centenaria. El prestigio de Veiga no será suficiente si no llegan los fondos que obligatoriamente deberá desembolsar Alperovich para cumplir con la ley. Hay quienes temen que el íntimo y real sentido del posible veto sea eludir este oxígeno económico, no las expresadas y razonables críticas a la compensación de los pasivos. En la Cámara hay quienes dudan de que el gobernador haya leído la ley sancionada. En esos pasillos impera la sensación de que el titular del PE se apresuró al presionar por un cambio legal con la amenaza del veto, y que todo se debe, nuevamente, a la falta de interlocutores fiables entre los poderes. Sin voceros de por medio y con silencio de prensa impuesto a ministros y a secretarios, Alperovich es la única cara visible, lo que implica asumir riesgos. Su poder se acrecienta en los logros; pero puede debilitarse en las derrotas o en los errores. El origen de la crisis no debe buscarse en las últimas horas, sino que es parte de un proceso conflictivo que comenzó a mediados de este año, cuando los entonces presidente de la Caja, Carlos Cisneros, y ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, firmaron el convenio que determinaba que nadie le debía nada al otro. El acuerdo nunca fue ratificado por la Legislatura, cuyos miembros se erizaban a la sola mención del dirigente bancario. Esa sensibilidad epidérmica se mantiene entre los actuales parlamentarios.La situación de la Caja motivó la más dura reunión de bloque del PJ desde que se constituyó la bancada oficialista. Hubo cuestionamientos personales entre los legisladores, y se deslizó que algunos habían obtenido subsidios estatales para instituciones de su simpatía. La noche antes del día de la sesión (30 de diciembre de 2003) se zanjó el tema con la decisión de que el proyecto vuelva a la comisión de Hacienda para su nuevo estudio. En la mañana siguiente, la oposición forzó su tratamiento, levantando como un símbolo la imagen de transparencia de Veiga. Como un moderno Caballo de Troya, la ley trajo artículos no deseados por el Gobierno.
La discusión no debe limitarse a lo económico ni a lo político, sino que, ante todo, debe pensarse en el futuro de una Caja al servicio de la gente.