Sobornos e indiferencias partidarias

El receso estival no está impidiendo que la Justicia mantenga una intensa actividad en la investigación de los presuntos sobornos a senadores para sancionar la ley de reforma laboral. La causa, que después de un año estaba virtualmente paralizada, fue reactivada a raíz de la confesión por arrepentimiento del ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, quien aportó suficientes testimonios como protagonista en esa operación dolosa, para que se haya convertido en una de las más graves denuncias de corrupción en la historia de la República. El trámite de la investigación y las sólidas presunciones de que desde el Poder Ejecutivo -a cargo del gobierno de la Alianza- se planearon y se consumaron esos sobornos con fondos públicos para supeditar la decisión del Congreso, constituyen un hecho de tal magnitud que a ningún factor de poder o sector representativo de la sociedad puede serle indiferente. Es por ello que el silencio o la aparente displicencia de los partidos políticos cuyos representantes legislativos y funcionarios han sido denunciados y están siendo indagados por la Justicia, constituye una excepción muy difícil de aceptar.
A lo sumo, en algunos casos muy aislados, -como los de los senadores Antonio Cafiero (PJ) y Rodolfo Terragno (UCR)-, se han producido reacciones consecuentes con la investigación, pero a costa de no disimulados reproches en sus respectivos partidos por tratar de contribuir a la investigación. Cafiero debió soportar por ello un notorio aislamiento del bloque de senadores justicialistas, a la vez que Terragno hubo de tomar distancia del radicalismo por el rechazo de sus aportes al esclarecimiento de los hechos a su alcance, mientras fue jefe del Gabinete del Poder Ejecutivo. Sostener como argumento que hasta tanto la Justicia no llegue al término de la investigación la autoridad partidaria debe guardar silencio, es tan erróneo y comprometedor para una agrupación política con participación en los poderes públicos, como suponer que puede ignorar los conflictos institucionales del país, de los que ha sido parte. La firme creencia del senador Cafiero en que, efectivamente, hubo sobornos, y la prolijidad con que el senador Terragno describió el trámite de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, han sido suficientes para que sus respectivos partidos adoptasen medidas precautorias previstas por sus cartas orgánicas. Pero no ha sido así, como tampoco aconteció hasta el momento con las múltiples denuncias de corrupción que se hacen por altos funcionarios de gobierno contra correligionarios que los precedieron, sin que las mismas tengan el correspondiente tratamiento por los órganos de conducta partidarios. Las depuraciones de la vida pública parecen no incluir a las organizaciones políticas que más protagonismo tuvieron en ella desde la restauración constitucional, en virtud de acuerdos tácitos o convenidos de sus dirigentes, tan sólo preocupados por amnistiar rebeldías electorales de afiliados. Frente a esas elusiones de la realidad política del país, donde el descrédito de las dirigencias ante la sociedad se manifiesta en múltiples circunstancias, es muy difícil predecir a largo plazo la consolidación de la democracia como sistema eficiente de gobierno participativo. De poco ha de servir alguna reforma del régimen representativo y de partidos que no releve a una clase política cuyos compromisos con el pasado se han manifestado nuevamente con su calculada indiferencia ante los testimonios de corrupción en el Senado.