Cuando el Gobierno disparó la anulación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), el lunes 22 de diciembre pasado, intuyó que abría una polémica de limitado alcance popular. En rigor, se trata de una cuestión difusa para la ciudadanía, pese a su directo empalme con la calidad de vida institucional.
La encuesta publicada ayer por LA GACETA revela que el 75% de los consultados -sobre un universo de 504 personas- desconocía todo lo atinente a la existencia y defunción del CAM, circunstancia que habla de la ausencia de una cultura política democrática con extendido arraigo popular. El organismo rigió 12 años y el gobernador José Alperovich lo destruyó de un plumazo, en medio de la indiferencia casi general. Del 25% que sí conocía la mecánica del CAM, el 63% declaró su oposición al decreto del 22 de diciembre.
Sin embargo, la administración de Alperovich no retrocederá ni un centímetro de lo andado, porque el costo político ya lo pagó. Los cuestionamientos no erosionaron la voluntad del gobernador, quien ayer confesó que liquidó el CAM aun sin conocer qué pensaba la comunidad.
El Gobierno podrá proponer los candidatos a jueces, sin tener en cuenta el registro de interesados que habilitó con bombos y platillos. La ausencia de autolimitaciones alimenta las sospechas de las instituciones y dirigentes políticos acerca del propósito gubernamental de elaborar los pedidos de acuerdo con abogados cercanos al oficialismo. Sólo los hechos disiparán esa desconfianza. Pero la década del 80 dejó malos recuerdos en la sociedad tucumana. El Gobierno, al restablecerse la democracia, armó discrecionalmente los cuadros de jueces y fiscales, de acuerdo con la letra fría de la Constitución de 1907. La reacción social contra una Justicia partidizada cristalizó en la formación del CAM en 1991, donde entraron a gravitar instituciones ajenas al hacer político (la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho de la UNT). Y la fuerte vocación de poder que muestra Alperovich en cada momento de su administración, hace que se tema la repetición de la década del 80, con su carga negativa.
Tormenta de verano
El desorden que entorpece el andar de la ciudad es otro signo de la falta de compromiso con las reglas institucionales. La necesidad de establecer un orden básico, acatado por todos, se hace sentir en los actos más triviales de la vida cotidiana. El desafío que enfrenta el intendente Domingo Amaya es ciclópeo y si fracasa en la empresa, el deterioro de las condiciones de vida en la capital será aún mayor.
La tarea de ordenamiento institucional empieza, empero, por la propia casa. El proceso de selección del contador fiscal del municipio se confió a la corporación profesional específica. De resultas de esa operación, el intendente giró el pedido de aprobación del pliego de Manuel Horacio Luna Clarasó al Concejo Deliberante. Este profesional incursionó en la administración de Yerba Buena, formando parte del gabinete de Jorge Lobo Aragón.
La versión de que el tratamiento de la petición por Luna Clarasó se empantanaba por problemas formales casi produce un choque entre Amaya y los concejales. El intendente se enfureció cuando leyó la noticia, mientras que los ediles se enojaron porque se había filtrado un dato que era casi un secreto de Estado.
La presidenta del Concejo aclaró que no había interés en trabar el asunto, sino en requerir los detalles faltantes en la documentación. Carolina Vargas Aignasse no quiere peleas con el intendente. Con todo, la consideración del pliego de Luna Clarasó demandará más tiempo que el que se admite. El contador fiscal supervisa las cuentas públicas, por lo que su perfil político es relevante. Nada será simple.
