Modelo corrupto a desarmar

El 13 de mayo de 1971 tuvo lugar la creación del PAMI como la obra social de la clase pasiva con carácter descentralizado y cuyo directorio -presidido por un representante del Poder Ejecutivo, por estar financiado con recursos públicos- fue elegido por sus afiliados. Desde entonces hasta la fecha, las intervenciones dispuestas por gobiernos civiles y militares fueron tan numerosas que triplicaron las gestiones de las autoridades emergentes de la normativa institucional. Los sucesivos relevos se hicieron cada vez más frecuentes, a la vez que el deterioro de los servicios de una institución que en algún momento fue ejemplar, se produjo de consuno con los crecientes testimonios de corrupción, a la sombra de un clientelismo político en el que convivieron herencias clientelísticas de sucesivas etapas gubernamentales. El último interventor, Juan González Gaviola, apenas pudo en seis meses mejorar las prestaciones y la deuda con los contratistas de servicios, pero sucumbió al momento de intentar rescatar al PAMI de la estructura de corrupción que los años y los vicios de la partidocracia en el poder impusieron sin solución de continuidad. La designación por el Presidente de la diputada opositora Graciela Ocaña para que encare el saneamiento de la obra social de la clase pasiva ha constituido un hecho político inesperado, aunque revelador de la gravedad que los problemas del PAMI representan para un gobierno cuyo discurso convocante apunta a transparentar la gestión pública. Integrante de ARI, a cuyas filas no renuncia, como tampoco a su banca parlamentaria, Ocaña tiene un pasado de sostenida lucha contra la corrupción pública, que ha prometido no resignar en su nueva función y que el presidente Néstor Kirchner ha valorado positivamente. Esa personalidad ha sido reconocida con muy escasas excepciones, más allá de sus ideas políticas, las cuales son una referencia marginal que no debe interferir en el objetivo de su nominación. La vocación por la transparencia de la gestión pública no debe ser patrimonio exclusivo de ideología política alguna, así como tampoco lo es la militancia en los valores del pluralismo democrático, condiciones que la diputada Ocaña ha reivindicado. Consecuentemente, debe esperarse que la nueva gestión provisoria en la obra social de la clase pasiva se caracterice igualmente por su discurso, evitando la fácil politización que es frecuente en nuestra actividad pública y poniendo el empeño en las cosas por hacer. Con ello, su labor contará con la confianza que nuestra sociedad, especialmente la clase pasiva, es reticente a conferir después de una crisis donde el PAMI fue un modelo precursor. La nueva gestora de otra etapa crítica deberá también alentar con ello la vocación participativa entre los millones de afiliados a la mayor obra social y que en el último intento electoral para alumbrar otro efímero directorio tan sólo estuvo representado por el diez por ciento. Por su parte, el Presidente y quienes con él colaboran en el Gobierno no deberán dejar dudas de que la designación de Ocaña no es parte de una maniobra para dividir a la oposición -como algunos dirigentes de ARI han afirmado-, algo impropio y perturbador del fortalecimiento de la democracia pluralista que el país requiere. Por lo contrario, el poder presidencial, que ha dado lugar a un intento sin precedentes para rescatar al PAMI de su larga crisis, debe aplicarse sin especulaciones con menguados fines, a secundar un proyecto que puede ser paradigmático para la lucha contra la corrupción que sigue degradando a la República.