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Una encuesta que acaba de hacer LA GACETA para tantear los humores de los tucumanos muestra que la gente pide "trabajo" y "educación". Dos recursos genuinos que pueden sonar paradójicos, en una provincia en la que los planes Jefes y Jefas de Hogar llegaron a constituir alguna vez la quinta parte de la Población Económicamente Activa (PEA), con 100.000 beneficiarios, sobre 500.000 en condiciones de trabajar. Valga señalar que en los últimos meses, esa cuota bajó a 78.000 adjudicatarios, pero no por abdicaciones voluntarias, sino por efecto de los "operativos limpieza" que empezaron a hacerse desde el Gobierno central, que en sus monitoreos concluyó lo que ya se sabía: que los planes no siempre beneficiaron a quienes más los necesitaban.
Pero esta tergiversación de lo natural (la naturalización del seudoempleo por sobre el trabajo genuino) no sólo se corporiza en los planes Jefes y Jefas de Hogar. No es natural, como acaba de ocurrir, que el fin de un ciclo lectivo se convierta más en un problema alimentario que en una cuestión administrativa-educativa.
¿Adónde comerán en enero y en febrero los chicos que durante el año lo hacen en los 400 comedores escolares que hay en toda la provincia? Más que retórica sensiblera, esa pregunta lleva a respuestas complejas, pero que encierran, siempre, la sensación de que al Gobierno provincial, como al nacional, le costará "compactar" los dispersos fondos sociales.
La secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, dijo ayer que sigue vigente el sistema de 280 comedores en la provincia, ahora reforzado por el flamante plan "Ahora, los chicos", que significará un complemento nutricional y recreativo. También recordó que se mantienen otros planes nacionales, como Seguridad Alimentaria, o los módulos que llegan a 100.000 familias. Y siguen las firmas. Los gobiernos nacional y provincial saben que el gasto social no es poco. Pero que, al parecer, ese rompecabezas se les ha vuelto de difícil control, por la cantidad de sectores que están involucrados en su gestión, incluidas las organizaciones de la sociedad civil. Ese es un punto. ¿Cómo hacer para retomar una dirección de fortalecimiento del rol del Estado, tras una década -la de los años 90- en la que parecía haber ganado la consigna de la "privatización" del manejo de lo social ?
Los gobiernos nacional y provincial están monitoreando los comedores que funcionan en Tucumán, y que reciben fondos de distintos programas sociales, con el fin de "blanquear" el "quien es quien" del trabajo social en Tucumán. Es probable que ese "monitoreo" deje heridos; sobre todo, entre aquellos que quedarán raleados, una vez que se haya determinado que recibían más fondos de los que hubieran debido recibir: hay comedores que "engordan" su población de beneficiarios, así como en la otra punta están aquellos que "multiplican los peces " en niveles rayanos en el milagro.
De todos modos, de producirse ese sinceramiento, tanto el Gobierno nacional como el provincial están ante un gran desafío: en una comunidad en la que hay muchos actores dispersos, las responsabilidades se diluyen. Cuando las políticas sociales se centralizan, también se definen con más claridad esas responsabilidades. En algunos sectores tucumanos se perciben señales de ?querer hacer". Es el caso de una maestra de Burruyacu que le dijo ayer a LA GACETA: "no quiero comedores en verano. Ya pusimos una huerta, y ahora quiero que el Gobierno me ponga una granja". Y es también el caso de los que piden "educación" y "trabajo" en la encuesta que hizo este diario. Son aquellos que parecen estar empezando a reclamarle al Gobierno una palabra que puede parecer vacía, pero que no lo es: sustentabilidad. Esa, y no otra, es la palabra que marca la diferencia entre crecimiento y desarrollo, entre una buena cosecha y un buen futuro.