Signo alentador para la Corte

La propuesta de la jurista Carmen Argibay para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte del Presidente de la República ha venido a desalentar los recurrentes y fundados temores acerca del presunto propósito de conformar nuevamente un tribunal dócil al poder político. La penalista tiene una vasta carrera judicial; se desempeña actualmente en la Corte Penal Internacional y su nominación deberá ser evaluada por particulares, así como organizaciones sociales, académicas y profesionales, mediante un proceso abierto de consultas, previo al acuerdo constitucional del Senado. Alto significado asume también esa nominación por tratarse de una mujer, que -si se concretan trascendidos y versiones- no será la única cuando el doctor Kirchner proponga próximamente otra nominación para el segundo cargo vacante en el tribunal supremo. Puede afirmarse que el nuevo año se ha iniciado con una novedad excepcional, si se considera que poner fin a las intromisiones en la Corte es una gran deuda pendiente de los poderes políticos desde hace más de medio siglo. Esa historia del tribunal se corresponde institucionalmente en el tiempo con la de la República, altamente calificada entre 1863 y 1946, cuando sus miembros tan sólo se renovaban por razones de conducta o muerte.
El final de ese honroso período se produjo tras el ascenso del peronismo al poder, mediante el juicio político colectivo, al que siguió un tribunal notoriamente afín a los requerimientos del gobierno. El agitado destino del país ha querido que sea otro presidente del mismo partido quien dé las nuevas señales hacia la recuperación del prestigio del tribunal supremo, lo cual es otro gesto paradójico que debe ser celebrado. Y es porque el itinerario institucional de la Corte se caracterizó desde aquel juicio político colectivo por una sucesión ininterrumpida de relevos totales o parciales al ritmo de quiebras o decadencias institucionales, en los que la reconocida excelencia de la minoría de sus miembros sucesivos no pudo impedir el desprestigio. Broche final de esa degradación institucional fue la imputación de "mayoría automática" con que el ingenio ciudadano calificó a los dóciles jueces que en la última década marcharon al ritmo del Poder Ejecutivo. Consumar la remoción del largo pasado de descrédito no será sencillo, pues aún quedan por superar para la confianza pública los torpes intentos e intromisiones del poder político a la hora de restaurar el prestigio de la institución, mediante juicios políticos reprochados de parcialidad.
La independencia que en el futuro exhiban las decisiones de la Corte Suprema será el mejor antídoto de esas torpezas protagonizadas por el oficialismo. Por lo demás, las reservas de parcialidades a la hora de calificar las tendencias doctrinarias o políticas de los juristas nominados, también han de considerarse a la luz de una condición institucional propia del Poder Judicial y que debe recuperarse en la conciencia pública. Se trata del principio de inamovilidad de los jueces, frente a los períodos constitucionales fijos que el sistema establece para los poderes políticos, lo cual hace de la Corte una institución permanente caracterizada por la accidentalidad de los relevos y la pluralidad doctrinaria de sus integrantes. Las duras y repetidas lecciones de nuestra historia nos han señalado que el tribunal supremo del Poder Judicial no solamente debe ser el más elevado órgano de justicia, sino máximo árbitro de poderes, factor de civilidad y generador de seguridad en los derechos. Esa experiencia es la que parece insinuarse con la nominación propuesta y cabe esperar que no sea un gesto ocasional del poder político, sino parte de la imprescindible recuperación institucional de la Nación.