BUENOS AIRES.- La costumbre de hilar fino y tejer grueso en nuestra política y sus análisis, está sometiendo la nominación de Carmen Argibay como eventual jueza de la Corte Suprema a un juego de posibilidades que puede equipararse al de su antecesor Eugenio Zaffaroni. Por cierto que la candidata difícilmente sea sospechada de compromisos preexistentes con el Presidente o su partido, pero su locuacidad con los medios le ha abierto algunos frentes polémicos que, sin invalidar la trayectoria como jueza, pueden introducirla en una polémica perturbadora. Su definición hacia la izquierda, aunque moderada, y el autorretrato como "atea militante", no han sido útiles ni adecuados. Especialmente en cuanto a su agnosticismo, confundido seguramente por error, con una oposición activa a uno de los rasgos más notorios de la idiosincrasia nacional. De cualquier manera, el balance inicial es promisorio para Argibay, tras los primeros sondeos entre algunas organizaciones no gubernamentales y personalidades académicas, para coincidir en que seguramente amainarán las sospechas de que Néstor Kirchner haya intentado conformar una Corte dócil.
Debate en cierne
El caso de la eventual jueza, como el anterior de Zaffaroni, está sirviendo igualmente para servir a la habitual tensión entre la izquierda y la derecha que agobia a nuestro debate político y que en nada condice con una moderna sociedad democrática donde los derechos fundamentales no son patrimonios excluyentes. Ese punto, al que la conciliación no termina de llegar para nuestros comportamientos públicos, será muy probablemente el eje del debate sobre el perfil de Carmen Argibay, sobre el que poco o nada gravitó cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas la designó por amplia mayoría miembro de la Corte Penal Internacional. El debate también deja de lado que la pluralidad de la Corte y la permanencia de sus miembros, salvo graves faltas de conducta o muerte, es una constante institucional frente a la temporalidad fijada a los cargos políticos. El tiempo, pues, favorece la independencia de los poderes en turno.
El veto parcial por el Poder Ejecutivo de la partida presupuestaria correspondiente al Conicet debe interpretarse como dato testimonial de que la ciencia y la investigación seguirán pagando los platos rotos por la crisis. Los más afectados serán quienes siguen la carrera de investigadores, que no serán excluidos del límite remuneratorio fijado para la administración nacional. La finalidad de esa excepción respondía a la conveniencia de mantener científicos con distinguidas condiciones, recurso con que cuentan las universidades nacionales. También fueron vetados otros recursos propios con finalidad de capacitación específica y que deberán recabarse en cada caso al jefe del Gabinete de Gobierno, así como el destino a las provincias de fondos para innovación tecnológica. (De nuestra Sucursal)
