Un balance para la esperanza

Acaba de concluir un año cuyas referencias esenciales en lo económico y en lo social evidencian que han comenzado a revertirse los efectos más perturbadores de la crisis que amenazó la convivencia entre los argentinos. Junto a las graves dificultades -y hasta el sufrimiento- de la comunidad nacional, que aún perduran en los sectores sociales más indefensos, un valor, el de la experiencia, rescata en esta ocasión histórica lo más virtuoso conque la República enfrenta al futuro: la preservación de sus instituciones. Desde esa realidad, el análisis del reciente pasado debe producirse con un espíritu de tolerancia, capaz de aceptar los errores como consecuencias del vértigo político soportado por el país. El gobierno nacional, fuertemente afectado por esa circunstancia, ha debido consolidarse en corto plazo desde la conflictiva interna de su propio partido, mientras la oposición formal, debilitada en extremo por su protagonismo en la crisis, no alcanza a configurar una alternativa de poder. Con ese encuadre, el presidente Néstor Kirchner, débil por el origen de su investidura, debió recuperar el valor de la autoridad presidencial mediante un acentuado personalismo que en tiempos de normalidad habría sido fuertemente censurable.
En tales condiciones, el gobierno atendió un frente múltiple de problemas políticos, económicos y sociales donde lo urgente pospuso en muchas ocasiones lo necesario, para evitar fracturas más profundas en la sociedad, aunque a costa de desatender la protección de múltiples derechos y los compromisos externos afectados por la crisis. Aun así, el año finaliza con índices reconfortantes de recuperación y efectos positivos sobre el empleo, mientras el Estado sanea su situación fiscal con resultados que superan previsiones negativas de analistas y organismos internacionales.
Seguramente que es muy poco o casi nada lo que se ha avanzado en cuestiones estructurales que la Nación demanda para superar definitivamente las causas de la crisis. En ese orden, el nuevo año puede ser punto de partida si el poder político logrado por el Presidente se despersonaliza para hacer posible lo que el país viene requiriendo sin éxito desde la restauración democrática: la consolidación de políticas de Estado; es decir, las decisiones compartidas con los sectores más representativos, capaces de dar continuidad y previsibilidad al rumbo de la República. Ese debe ser en todo caso el objetivo máximo de la llamada transversalidad con que Kirchner logró establecer su autoridad, y no el limitado camino para superar la interna del partido oficialista con la mirada en su reelección.
El considerable respaldo con que el Presidente cuenta entre la ciudadanía al comenzar el nuevo año es su herramienta más poderosa, pero seguirá siéndolo tan sólo si su gestión responde a esas demandas de orden estructural que el poder político debe a la Nación. La primera de ellas es la reforma del sistema representativo y de partidos políticos cuyo análisis está en curso con Organizaciones No Gubernamentales y otras instituciones, y deberá quedar completada para las renovaciones legislativas de 2005. El Poder Legislativo recuperará con ello su condición de instrumento representativo de la sociedad, donde sin perjuicio de su función de control se formulen y sostengan las políticas de Estado. La Justicia debe recuperar igualmente su rol constitucional independiente, y contribuir a ello el respeto del poder político. La política exterior ha de ser el reflejo del espejo constitucional tanto en la defensa de los intereses permanentes de la Nación, como en la de sus valores esenciales en cuanto a las libertades y los derechos humanos. La seguridad de que el poder presidencial se desenvuelve con ese rumbo le permitirá al gobierno superar las graves consecuencias de la crisis con la confianza indispensable de la sociedad.