Lo que no se investiga

BUENOS AIRES.- Las denuncias del fiscal a cargo de la investigación de delitos de la seguridad social (UFISES) Guillermo Mariscal, sobre irregularidades en la concesión y control de los subsidios para jefes y jefas de hogar, forman parte de lo que el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, ha incluido en el conocido casillero de la "corrupción estructural"; es decir, el modelo de gestión que estimula el latrocinio asociado a la política. Mariscal ha señalado que los casos comprobados más numerosos entre los dos millares en trámite hasta el momento son, precisamente, los de funcionarios y punteros políticos. Algunos son verdaderamente ingeniosos y otros, la mayoría, tan ramplones como el sistema de intermediarios dispuesto desde hace más de año y medio por quienes no serán probablemente investigados. Fernández, al calificar sin ambages el carácter de esa corrupción, la atribuyó al excesivo número de intermediarios que desnaturalizaron, dijo, los objetivos primarios. Generalmente, tanto el presidente Kirchner como sus colaboradores de mayor confianza aplican una franqueza inusual al denunciar situaciones irregulares como esa, pero las palabras no aparecen seguidas por los hechos cuando se trata de responsabilidades políticas cercanas, como en este caso.

Disimulos
Las manifestaciones del fiscal de la UFISES tan sólo conciernen al plan de jefes y jefas de hogar, pero restan en todo el país alrededor de 40 programas de subsidios creados por la crisis y cuya eficiencia se desconoce. Más de 2,4 millones de personas figuran como beneficiarias en el total y su control depende precisamente en la mayoría de los casos de quienes los asignan, es decir autoridades nacionales, provinciales o municipales. El rebote de las investigaciones no llega a los responsables políticos de la creación de subsidios y no hay hasta el momento señales de preocupación en los partidos a los que pertenecen. Testimonio notorio de ello es el silencio con que el PJ y la UCR se siguen esas situaciones. En el oficialismo nacional no se vislumbra propósito alguno de trasladar a su partido esos y otros casos de responsabilidades que se denuncian. Por cierto que en el PJ se observa una parálisis interna que durará todo el verano y acaso algo más, pues Kirchner ha logrado que la comisión de acción política pase a receso, mientras el congreso partidario no se reunirá, como se preveía, hasta después de marzo.

Decretón
Si como algún importante del círculo presidencial pretende, el Presidente recurre a un decreto de necesidad y urgencia para derogar la reforma laboral denunciada por sobornos en el Senado, se habrá producido un hecho inédito: la eliminación de una ley sancionada por el Congreso mediante un decreto de esa naturaleza, de los que se dictaron ya más de 1.500 desde la reforma constitucional de 1994, que todavía esperan ser reglamentados. (De nuestra Sucursal)