Intranquilos

El 20 de octubre, José Alperovich visitó a los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia. Les prometió que no se metería con los jueces, algo que no garantizaba su antecesor, Julio Miranda, ante una eventual reforma constitucional (el ex mandatario solía decir que el destino de la Justicia dependía de la voluntad de la Asamblea Constituyente). Sin embargo, los magistrados no pueden dormir tranquilos. Cuando aún no había asumido logró que la anterior Legislatura restrinja las atribuciones del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia. También consiguió que se concentre en una de las siete salas de la Cámara Penal la facultad de resolver las apelaciones y recursos contra las resoluciones de primera instancia; esto último fue interpretado como una maniobra para controlar virtualmente la continuidad de los procesos. Ahora, derribó de un plumazo al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que desde hace 12 años sugería ternas -no vinculantes- al Poder Ejecutivo cada vez que había que designar a un fiscal, juez o camarista. El primer mandatario -siempre entre sonrisas, con su eterna y optimista sonrisa- y los funcionarios juran y perjuran que sólo persiguen lograr que la Justicia sea más eficiente, transparente e independiente. Pero en Tribunales ya comienzan a creer en lo peor: que están allanando el camino para reformar la Carta Magna (hay que recordar que está vigente la ley que declaró la necesidad de una enmienda), poner en comisión a los jueces (esto, por cierto, daría lugar a indemnizaciones millonarias, como sucedió con tres ex miembros del Tribunal de Cuentas) y establecer una nueva Justicia, a medida.
Excluyendo al Colegio de Procuradores, no hay institución (académica o profesional) que no haya lamentado la supresión del CAM. Todos coinciden en que había que mantenerlo y complementarlo con un concurso (de oposición y antecedentes de candidatos) con resultados vinculantes. En la última fase del proceso -afirman- podría haberse incluido lo que quería el PE: que, tras la prueba, los seleccionados sean sometidos a las observaciones e impugnaciones de la ciudadanía.

Datos olvidados
El PE, ante las primeras desavenencias, abandonó la ronda de consultas sobre el tema que había comenzado con la Corte Suprema (integraba el CAM junto al Colegio de Abogados y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT) y decidió borrar al CAM, obviando que en la materia Tucumán se anticipó en tres años a la Nación (la reforma de 1994 estableció el Consejo de la Magistratura y el concurso de candidatos). Otro dato que se le pasó (¿?) al Gobierno es que, en el orden federal, el sistema de impugnaciones públicas sólo se utiliza para los miembros de la Corte Suprema.
El ministro de Gobierno esgrimió como razón el supuesto carácter corporativo del CAM y la necesidad de que la gente participe (con el nuevo sistema, cualquier persona tendrá 15 días para tachar a un postulante). Desoyó a quienes advierten que, dada la crisis de participación ciudadana y la desconfianza que suscita todo lo institucional, sólo terminarán haciendo impugnaciones los clientes disconformes con el desempeño particular de este o aquel otro abogado. Otros afirman que, como sucedió con Eugenio Zaffaroni en la Nación, las críticas serán ignoradas cuando no favorezcan al candidato del PE. Algunos funcionarios contestan que el CAM cayó porque los propios integrantes -léase la Corte- se oponían a que se amplíe a cinco el número de miembros, y Alperovich, como buen ejecutivo, perdió la paciencia. También ponen al secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, con 18 años en la Justicia, como garante de que no habrá discriminaciones ni campañas (en favor o en contra) de determinados candidatos. Pero en Tribunales son escépticos y siguen sin poder dormir en paz.