El año se cierra con ciertas previsiones en materia financiera. Por primera vez desde que se creó el programa, Tucumán arrancará 2004 con el Plan de Financiamiento Ordenado (PFO) en marcha. Esto significará que la gestión del gobernador José Alperovich no tendrá que pensar de dónde sacar recursos para abonar los intereses de la deuda pública. Con este panorama, el mandatario pondrá el acento en efectuar los cambios estructurales que reclama el Gobierno nacional a las provincias.
Enero será un mes de evaluaciones para cada uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Alperovich está trazando una estrategia que develará cuando la Legislatura sancione el proyecto de Presupuesto 2004. Según los cálculos de la Casa de Gobierno, esa norma podría ser aprobada hacia el 15 de enero. En los días posteriores, el mandatario pedirá a sus colaboradores un plan de acción y la previsión de gastos de cada área del Estado.
Pese a las licencias masivas que habrá en la administración pública, los ministros, los secretarios y los subsecretarios no gozarán de vacaciones. Será un verano caliente, anticipan los colaboradores de Alperovich. En orden de prioridades, el gobernador quiere resolver dos cuestiones esenciales para su administración. Por una parte, desde el mes próximo quiere ponerle una nueva conducción al sistema de provisión de agua potable. La Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) que administrará el servicio sería conducida por un directorio tripartito. En la sede del Ejecutivo señalan que Rogelio Savid continuará en el cargo, y se mencionó a Alfredo Calvo como otro de los directores.
El Gobierno nacional volcaría a Tucumán los $ 26 millones que se necesitan en inversiones para garantizar la normal prestación del servicio a los usuarios. Se trataría de un préstamo que tomaría la Provincia en la banca oficial y que se abonaría tanto con la facturación mensual como con el cobro de la cartera de deudores que tiene el sistema, y que asciende a $ 76 millones.
La otra cuestión que desvela al gobernador es la situación financiera de la Caja Popular. Desde el sábado pasado, Alperovich habría esbozado sus intenciones de reforzar las áreas de conducción de la entidad crediticia en el marco de un plan integral de ordenamiento y de mejora de la administración de la Caja. Juan Carlos Veiga seguirá siendo el interventor de la institución, pero es posible que el mes próximo se incorporen técnicos que Alperovich reclutaría en Buenos Aires.
La obra pública
La reactivación de las obras en los municipios y en las comunas rurales llegaría de la mano del uso de préstamos aún no utilizados por el Gobierno y que fueron otorgados por organismos multilaterales. En ese aspecto, el Poder Ejecutivo elabora un programa de provisión de equipamiento automotor para el interior con un fondo de casi 30 millones de dólares. Esos recursos serían administrados por la Unidad Ejecutora Provincial, que se encargará de analizar los proyectos que presenten los intendentes y los comisionados rurales. Durante todo 2004 se entregarían tractores, regadoras, camiones recolectores de basura y desmalezadoras.
En cuanto a la situación de los empleados públicos, en el Gobierno creen que en enero podría definirse la unificación de los códigos de descuentos salariales. Este proceso implicaría una rediscusión con financieras y con mutuales que concedieron préstamos a los estatales, particularmente para la disminución de los intereses que les cobran. También se menciona la posibilidad de tercerizar el sistema de control de ausentismo, un proyecto observado con preocupación desde el gremio docente. Alperovich pone fin al tiempo de gracia. En enero reclamará resultados a sus funcionarios.
