El Gobierno cree que no hay mejor defensa que un buen ataque. La ofensiva que desató José Alperovich contra el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) bien puede llamarse la madre de las batallas porque prepara el camino para empresas políticas de mayor relevancia.
Alperovich eligió bien la fecha para desmantelar el CAM: el lunes pasado, cuando faltaban tres días para la Navidad y nueve para la terminación de 2003. Suponían que las Fiestas de fin de año anestesiarían los reflejos colectivos, por lo que podría avanzar sin obstáculos. Además, a los abogados los sorprendería la feria de enero con la guardia baja. Y a la dirigencia política de vocación opositora la hallaría dispersa y sin haber superado aún las consecuencias de las elecciones de 2003.
En definitiva, Alperovich calculó que la movida contra la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados (de la capital y de Concepción) y la Facultad de Derecho de la UNT se consumaría dentro de condiciones políticas propicias. Cerca del gobernador se decía con una mezcla de asombro y temor: "es una jugada muy fuerte". Aquellas instituciones aconsejaban en forma no vinculante acerca de las ternas de postulantes a jueces.
El decreto que acabó con el CAM recuperó para el Poder Ejecutivo la atribución de proponer los candidatos a integrar la estructura del Poder Judicial. Tucumán echó por la borda una experiencia de designación despartidizada de jueces, que tenía 12 años de funcionamiento. El CAM, desde luego, no era una institución exenta de algunos acuerdos de trastienda que beneficiaban a letrados próximos a los representantes ocasionales de las entidades miembro, pero el balance general deja un saldo positivo.
La provincia quedó a contramano de la Nación, ya que esta reguló constitucionalmente la vida del Consejo de la Magistratura, con aptitud para designar los magistrados de rango inferior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con el nuevo sistema, el filtro estará en manos del Ministerio de Gobierno, que aceptará o rechazará las impugnaciones hechas contra los inscriptos en el registro oficial, sin ningún tipo de asesoramiento externo al Poder Ejecutivo. De esa manera, en forma discrecional, seleccionará los nombres que girará a la Legislatura, donde la mayoría oficialista difícilmente se opondrá a la voluntad de un gobernador que no trepidará en imponer su decisión. El vicegobernador Fernando Juri, cabeza de ese poder, se cuidó de cuestionar a la Casa de Gobierno por el paso dado.
Por encima de todo
La voluntad política de Alperovich prevaleció sobre todo intento de ampliar la composición del CAM. La autolimitación que rigió durante las gobernaciones de Ramón Ortega, Antonio Bussi y Julio Miranda -aunque con turbulencias en los últimos tiempos- ahora voló por los aires. José Ricardo Falú no salió a discutir públicamente lo hecho por la actual administración, pero es improbable que lo comparta.
Cuando se afirma que a los jueces los eligen los ciudadanos, no se dice que, en realidad, los electores supremos de los candidatos son Alperovich y el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, en ese orden. El anticorporativismo argumentado busca tapar esa realidad.
La conjetura más generalizada sitúa a la supresión del CAM como el paso previo al llamado a elecciones de convencionales constituyentes en los primeros meses de 2004. La asamblea reformadora concretaría el desguace de la Constitución de 1990 y privaría de la estabilidad a los jueces actuales. El Colegio de Abogados no hizo más que cristalizar en una denuncia pública lo que flota en el ambiente. La experiencia de Santiago del Estero, con un modelo de Poder Judicial subordinado a un Ejecutivo fuerte, es un espejo negativo. En esas condiciones, los jueces adictos al oficialismo se transforman en brazos ejecutores de ajuste de cuentas políticas.
Enero será, por todos esos antecedentes, el mes en que se estrenará el sistema inventado por Alperovich y Jiménez. Algunas voces sugieren, dentro del mundo oficialista, que el gobernador precipitó la borrasca, cuando existen otros problemas más afligentes, como la desocupación y la sempiterna crisis educativa.
Del lado del mirandismo, sólo emergen algunas voces disidentes -Enrique Romero es una de ellas, en el ámbito de la capital-. Germán Alfaro -secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán- contrapesaría a ese dirigente.
Sin embargo, Miranda y Alperovich dialogan con más asiduidad que lo se cree. Ayer, se sabe, hablaron de política, en la Casa de Gobierno, sin testigos.
Dentro de ese clima, las referencias públicas a la crítica situación de la Caja Popular de Ahorros esquivan las personalizaciones conflictivas. El equilibrio entre el presente y el pasado se practica con un fuerte sentido de la diplomacia. Ni a Miranda, ni a Alperovich les conviene el quiebre.
Paralelamente, madura la idea de crear una tercera corriente dentro del aparato peronista, que se caracterizaría por no adscribir al mirandismo, ni al alperovichismo. Hacia marzo se cristalizaría ese planteo estratégico. Por ahora, Alperovich tiene las manos libres para operar sin mayores ataduras.
La resistencia del interior
La situación financiera de la Municipalidad de la capital es una hipoteca que gravita pesadamente en la conducción del intendente Domingo Amaya. En la Legislatura no prosperó una parte del proyecto de ley sobre declaración de la emergencia financiera, que disponía la rescisión de los contratos por los cuales los municipios y las comunas autorizaban a los contribuyentes a pagar sus deudas a terceros. Entre estos, se hallan entidades financieras y empresas prestadoras de servicios públicos, como Edet, por ejemplo.
Los enviados municipales chocaron con la firme resistencia de los legisladores oficialistas del interior, que son ex intendentes y ex comisionados comunales. Ninguno de ellos quiso deshacer lo que pactó antes. El fiscal municipal Leonardo Szachniuk refirió que esas prácticas políticas trabaron la solución buscada para cancelar la deuda con la Nueva Bolsa de Comercio.
Alperovich decidió liquidar ese compromiso con fondos que tramita en Buenos Aires. Amaya, sin embargo, calcula que lo que terminará cobrando la Nueva Bolsa de Comercio será mucho menos porque los números de una auditoría interna así lo revelarían.
