Compromiso decisivo del Presidente

El escándalo de las coimas en el Senado ha renacido con magnitud impensada, como si la República tratara de borrar esa mancha de indignidad que la descalifica, causada por uno de sus poderes fundamentales.
Rápidamente, la corrupción ha recuperado entre la sociedad la atención perdida por la incapacidad o la desidia de algunos jueces, y la habilidad para eludir responsabilidades que las corporaciones públicas todavía mantienen entre nosotros. No se peca de excesivo optimismo si se espera que el gesto de arrepentimiento del correo de los sobornos, Mario Pontaquarto, conduzca finalmente a un desenlace confiable y capaz de revertir el ominoso rumbo impuesto al país por la práctica del latrocinio.
Que el castigo de la ley y la exclusión de la sociedad lleguen, sin desmedro de la justicia, es el requerimiento inmediato de la opinión pública, consciente como nunca de que los males que acosan al país son consecuencia de la corrupción de muy buena parte de sus dirigencias. Corrupción tan profunda y afirmada que llegó a configurar un sistema no escrito de connivencias, muy difícil de combatir más allá de la sanción de algunos hechos. Es decir que hay mucho más que los delitos que deben sancionar los jueces, y que es la causa, el "modelo" donde se incuban.
Desde hace muchos años esa ingeniería mafiosa opera con tal perfección, que la misma clase política que habitualmente desborda el diálogo constructivo sobre los intereses generales, no repara en pactar en beneficio de lo suyos.
La falta de transparencia, una expresión eufemística con que se observa a muchas zonas de nuestra gestión pública, es el elemento sustancial del espacio irregular donde prospera la corrupción, cuyos beneficios personales -como en el caso de la investigación del Senado- son muy inferiores al daño profundo que se infiere a la Nación. Por ello no basta con castigar el delito, sino que es imprescindible poner fin al sistema que por omisión lo alienta, y que no se limita al Estado sino que se extiende al aparato que provee sus cargos, fundamentalmente la partidocracia.
Esa reforma, la estatal y la política, son las viejas obligaciones que se adeudan a la República y que, ya sea por la brevedad de los gobiernos, ya por deliberadas omisiones, han colocado a nuestro país bajo la calificación de no confiable. De poco o nada sirve el empeño de parchear las brechas más visibles de una red de controles tan compleja como la de los poderes públicos, donde la gestión transcurre sin la transparencia necesaria, mientras el control popular debe ejercerse mediante estructuras partidarias gravemente descalificadas.
Es saludable en ese orden que el Presidente de la Nación -aun recurriendo a veces a recursos retóricos impropios de su investidura- haya abordado el fondo del problema con una visión inédita, pues excede el cómodo marco habitual de mirar hacia el pasado lo que del mismo perdura en el presente. "No pongo las manos en el fuego por nadie", ha sido al concepto liminar del doctor Néstor Kirchner al señalar su voluntad de "terminar con la corrupción y los ladrones" y solicitar a su gran auditorio una ayuda imprescindible par enfrentar el flagelo que "se encuentra donde menos se piensa".
Esa convocatoria debería extenderse a los propios partidos, aludidos por el jefe del poder central como corporación política, y que constituyen realmente la otra rueda del penoso carro público. El compromiso está asumido y es por ello que el Presidente dispone, después de su modesto paso por las urnas, del esperanzador respaldo que la sociedad le expresa con diferentes expresiones.