El gobierno espera sacarse de encima durante buena parte del verano algunos problemas muy agudos que lo han estado presionando en las recientes semanas. El más difícil de manejar ha sido el de sus relaciones con los piqueteros duros, quienes finalmente se han comprometido a dialogar con los funcionarios antes de volcarse a las calles con la estridencia cuyo saldo fue la bomba y los heridos en la Plaza de Mayo, cuando el recinto estaba a cargo de sus propias custodias. "Mientras nuestras puertas estén abiertas, no se justifica afectar peligrosamente las actividades de la población", les dijo convincentemente el secretario de Seguridad Interior y aceptaron la lógica, al menos por un tiempo. El Presidente también necesita cierta libertad para moverse y es por ello que no hay prevista fecha para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, siendo el pensamiento del jefe del Gabinete, Alberto Rodríguez, que el receso parlamentario se podría extender hasta el 1° de marzo, cuando debe iniciarse el futuro periodo ordinario. Sin embargo, no es ese el deseo del ministro de Economía, quien está pendiente de decisiones legislativas en materia tributaria -como la rebaja del impuesto al cheque- que han sido comprometidas en el marco del acuerdo vigente con el Fondo Monetario.
Cómodo arbitrio
Néstor Kirchner prefiere manejarse ahora, más que cuando asumió, con el arbitrio de los decretos leyes, que eluden al Congreso y de los que sus predecesores, a partir de la reforma constitucional de 1994 que los instituyó, hicieron un uso intenso, con la tolerancia parlamentaria. El último intento de reglamentarlos para precisar esa facultad legislativa del Poder Ejecutivo, había sido impulsado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en 2002, que presidía y sigue haciéndolo la senadora Fernández de Kirchner, pero ha transcurrido un nuevo periodo ordinario y no tuvo el mismo impulso. Desde que asumió, el actual presidente ha suscripto ya más de medio centenar de esos decretos; uno de los más recientes ha sido el que asigna al ministro del Interior la facultad de otorgar subsidios a personas y fundaciones sin especificación de los casos y con efecto retroactivo al 1° de septiembre último. Aníbal Fernández tan sólo necesitará para ello la autorización del jefe del Gabinete quien, por su parte, dispone de facultades para redistribuir partidas presupuestarias sin acuerdo del Congreso. La reacción entre la oposición parlamentaria ante esa facultad otorgada por decreto ha sido manifiesta, pero ya es tarde para plantearla en el Congreso, pues tomó estado público cuando estaba por finalizar el periodo ordinario. De cualquier manera, el Poder Ejecutivo dispone de mayoría parlamentaria suficiente para seguir sin dificultades la excepcional vía que le abren de esos decretos, ya que se trata prácticamente de los mismos legisladores que han eludido su reglamentación, como dispone la Constitución taxativamente, durante más de siete años. (De nuestra Sucursal)
