Rigourd alegó que la inversión en la “ex papelera” afectó el pago de las deudas con los ahorristas

La apuesta de inversión era tentadora. En el predio conocido como “ex papelera”, en avenida Mate de Luna y Pellegrini, la firma francesa Accor iba a montar dos nuevos hoteles internacionales, con centro comercial, cines, patio de comidas y estacionamiento. La inversión de $ 126 millones iba a ser realizada, en su mayoría, por la Compañía Privada de Finanzas e Inversiones (Cofin).

Ese habría sido el comienzo de las deudas que la financiera luego no pudo afrontar al quedarse con poca liquidez de dinero, según la presentación que el apoderado legal de la empresa, Luis Rodríguez Vaquero, realizó en el Juzgado Civil y Comercial Común de la I° Nominación.

Parte del mismo predio habría sido vendido por Jorge Alejandro Rigourd, según el fiscal Guillermo Herrera, quien pidió la prisión preventiva del presidente y principal accionista de Cofin, acusado de estafas y de integrar una asociación ilícita.

Cofin

La financiera Cofin es una de las empresas de mayor trayectoria en Tucumán. Fue inscripta en la Inspección General de Justicia el 14 de diciembre de 1987 como sociedad anónima. Rigourd es el titular del 90% de las acciones y preside el directorio de la empresa. Hugo Rubén Sánchez, quien también está detenido, ocupa la vicepresidencia y poseería el 10% restante del paquete accionario.

Rodríguez Vaquero definió a Cofin como una firma dedicada a servicios empresariales de financiación y actividades financieras vinculadas a operaciones de economía real, alternativas de inversión, como desarrollos inmobiliarios y en el sector agrícola. “Con el correr de los años la empresa ha conformado una sólida y eficiente estructura que le ha permitido afrontar con éxito todos sus compromisos con los clientes que le han solicitado servicios”, consignó el apoderado legal en el pedido de concurso preventivo.

Sin embargo, el fiscal considera que Rigourd, Sánchez y el empleado Jorge Raúl Cosentino, se valieron de ese “prestigio” para convencer a los inversionistas que depositaron su dinero, para renovar los contratos aún sabiendo que no iban a poder devolverles el dinero que ya habrían invertido en otras operatorias, de acuerdo al requerimiento de prisión preventiva que Herrera realizó a la jueza Mirta Lenis de Vera, y que debe ser resuelto esta semana.

La “ex papelera”

El predio ubicado entre calles Pellegrini, Crisóstomo Alvarez, Amador Lucero y avenida Mate de Luna, estuvo durante muchos años en desuso, por el trámite de la quiebra de la empresa Ordeñana S.a.c.i.f.i.a.

De acuerdo a los informes del Registro Inmobiliario a los que tuvo acceso LA GACETA, el 11 de septiembre de 2013 fue comprado por 10 personas a $ 18 millones. Los nuevos titulares del dominio eran Rigourd, Santiago José Pasquini, Guillermo José Pasquini, Enrique Alberto Pasquini Terán, María Isabel Pasquini Terán, Sofía María Pasquini Terán, Teresa María Pasquini Terán, Federico José Pasquini y Mariana Pasquini Terán.

En ese predio se iba a construir el complejo hotelero de Accor, con la intención de inaugurarlo en 2016. El 10 de junio de este año, al dividir el condominio, Rigourd se quedó con el 55% del terreno, y el resto le correspondía a los Pasquini, según la escritura realizada ante el escribano Héctor Colombres.

Desequilibrio económico

Esa compra fue la que dejó a Rigourd sin dinero líquido, de acuerdo al apoderado legal de la financiera. “Pero que se justificaba en los ponderados frutos que dicho emprendimiento redituaría y que se encontraban perfectamente estudiados y analizados”, describió Rodríguez Vaquero, al explicar en el pedido de concurso preventivo el desequilibrio económico de la empresa. Los proyectos, agregó, se demoraron por la recesión económica, la caída del mercado inmobiliario y el retraimiento de los inversores.

Sin embargo, Herrera arguyó que Cofin continuó operando sin advertir a sus inversionistas de la situación. El fiscal también mencionó en el requerimiento de prisión preventiva que Rigourd enajenó el 33,14% de su propiedad en la “ex papelera”, desde la cárcel.

Arnaldo Ahumada, defensor del financista, realizó una presentación a la jueza Lenis de Vera, en la que le aclara que la venta se realizó el 6 de octubre a Transportes Dapello SA, con quien se conformó un fideicomiso inmobiliario el 12 de noviembre (un día antes de que Rigourd fuera detenido) para la ejecución de obras en el predio. El abogado del financista explicó que lo que se inscribió en el Registro Inmobiliario fueron esos actos previos a la detención.

“Invocar una registración como realizada desde la cárcel es un despropósito o una desfachatez”, afirmó Ahumada.