Las cartas están sobre la mesa. El Gobierno nacional decidió apostar con fuerza al bloque de gobernadores considerados por la Casa Rosada como aliados, tanto por la afinidad partidaria (justicialista) como por efecto de la transversalidad política (extrapartidarios afines la gestión de Néstor Kirchner). Una muestra de ese mensaje fue la firma del Plan de Financiamiento Ordenado 2004, celebrado el martes por la noche en el salón de los Cuadros del Palacio de Hacienda. En ese acto, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, salió fortalecido. Los siete mandatarios presentes, incluido José Alperovich, respaldaron las acciones del conductor de la economía argentina. Lavagna superó una dura prueba, ya que en la Rosada se pensó en promocionar a Julio de Vido como titular de la estratégica cartera nacional. Después del 10 del corriente, Lavagna se animó a pensar hacia el futuro y sus colaboradores no dudan en mostrar indicadores sobre los resultados de la gestión ministerial.
Los resultados del tercer trimestre de este año, comparados con el anterior, dicen que, a precios constantes, el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 9,8%; que el consumo se incrementó un 10,4% y que la inversión en el país fue un 42,7% superior a 2002.
En cuanto a los indicadores sociales, los asesores de Lavagna afirman que entre octubre de 2002 y mayo pasado se crearon casi dos millones de empleos nuevos y que sólo 620.000 responden a puestos del Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados. Según el balance del Ministerio de Economía de la Nación, hay 1,2 millón de indigentes y 918.000 pobres menos que hace un año en el país.
Un acuerdo a medida
La presentación de esos indicadores fue un velado mensaje hacia los gobernadores. Los índices socioeconómicos también deben mejorar en los distritos del interior, afirman en el Palacio de Hacienda. Y eso será posible con una seria política fiscal, distribuyendo el dinero hacia los sectores más desposeídos, según el razonamiento de los técnicos nacionales. Lavagna lo expuso en el acto. Dijo que las provincias no son las culpables de los desequilibrios fiscales del país, pero que era imprescindible una estrategia de ordenamiento fiscal y de rediscusión de la Ley de Coparticipación Federal.
Si bien los funcionarios creen que pasó de moda el término "ajuste", en los hechos sólo se lo cambió por superávit, entendido este como un sacrificio. Esa definición surge del propio acuerdo fiscal firmado por Tucumán con la Nación. En realidad, las medidas contenidas en el convenio en el cuadro obligaciones de la provincia están en práctica y fueron consensuadas con la Nación a cambio de los $ 110 millones que girará durante todo 2004 para el pago de parte de la deuda pública.
Los sacrificios no harán distinciones entre asalariados, jubilados y/o desocupados si se tiene en cuenta que el revalúo inmobiliario será generalizado y tomará como base un incremento del 57%. Los entendidos en la materia tributaria sostienen que la redeterminación de los valores de las propiedades no tienea en cuenta la condición social del dueño o del contribuyente, sino el objeto al que se aplica el revalúo. Ni desde la Casa de Gobierno ni desde la Dirección General de Rentas se ha dicho aún si es que habrá un régimen de excepción para contemplar situaciones particulares del contribuyente.
Mucho más difícil será para los 65.000 estatales observar que el año próximo sus salarios seguirán congelados, pese a que sí habrá incrementos en el precio de los productos de la canasta familiar, en los impuestos y posiblemente en los servicios privatizados. Hasta ahora, el Gobierno sólo pensó en resolver este gran problema con aspirinas. Los estatales, en tanto, aguardan que la ayuda social de $ 40 se incluya en el básico. Esta es una materia que la gestión alperovichista pretende rendir en marzo.
