Una acción que debe ser apoyada

Los graves efectos sociales de la crisis sin precedentes que afecta al país tienen su expresión más testimonial en los 60 planes de subsistencia a que los poderes públicos debieron acudir apresuradamente para enfrentar índices históricos de desempleo y pobreza. La urgencia de esas situaciones acosó al Estado, en virtual colapso institucional, por lo que el nivel de eficiencia de sus respuestas fue muy relativo y apenas alcanzó para evitar que la crisis no tuviera retorno. Superadas las instancias más difíciles, se ha iniciado una etapa de ordenamiento de los planes sociales, cuyas ejecuciones y controles están lejos de satisfacer, en la medida prevista por la cuantiosa inversión fiscal, las necesidades ineludibles de la sociedad. Esos programas de subsistencia son manejados en todo el país por consejos consultivos municipales y provinciales, y por el Gobierno federal; es su autoridad coordinadora la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. De acuerdo con informes de esa cartera ministerial, de los 2.200 consejos constituidos tan sólo 300 funcionan satisfactoriamente, mientras que el 60% lo hace excluyentemente bajo la autoridad de los intendentes.
Debe señalarse que esos entes de adjudicación y control de programas fueron previstos con la participación de órganos de la sociedad civil, sindicatos y empresarios, pero de hecho y, en la gran mayoría de los casos, el poder real es político y desalienta a las representaciones privadas. Tal situación genera clientelismos, provocando denuncias y observaciones de la Justicia y de la Sindicatura General de la Nación.
Testimonio reciente han sido las conflictivas manifestaciones de un intendente oficialista del conurbano bonaerense -donde se producen los mayores abusos-, rápidamente replicadas por el Gobierno central, a propósito de un control mayor de esos recursos. Ese episodio constituye la señal de un sordo debate político suscitado por el propósito de la ministra de Desarrollo Social, de otorgar mayor poder de control sobre los planes sociales y sus recursos a las Organizaciones No Gubernamentales, a Cáritas, a la Amia y a otras entidades privadas, recortando la abusiva gestión de los intendentes. La respuesta de estos se ha expresado a través de la Federación Argentina de Municipios, al señalar que los alcaldes tienen, por su origen electoral, legitimidad absoluta, punto de vista fuertemente politizado en la medida que cuestiona el control de los recursos públicos.
Disimulada entre las legítimas urgencias planteadas por las demandas sociales, una nueva fuente de corrupción pretende subsistir al servicio del modelo político, donde los clientelismos permiten sobrevivir a lo más representativo del pasado. Esa corporación agobiante -que el Presidente de la República ha señalado sin omitir a los perdurables de su propio partido- es el obstáculo más severo que los propósitos de la ministra Kirchner enfrentan, al pretender potenciar el rol de las organizaciones civiles como parte de uno de los esfuerzos más complejos que ha planteado la crisis. No bastará un decreto ni varios para transparentar un proceso cargado de irregularidades, sino que se requiere una voluntad participativa que, amparada por la decisión oficial, sea capaz de convertir la fácil protesta contra el mal uso y la corrupción con los dineros públicos, en colaboración capacitada. No será tarea rápida ni sencilla, pero esta ya ha comenzado con la elaboración de un padrón nacional para determinar el número de beneficiarios de todos los planes, así como los cruces entre estos, que esterilizan esfuerzos y recursos. La finalidad de una red federal con protagonismo de entes no oficiales es un empeño en marcha que debe contar con el apoyo público que sus promotores esperan y necesitan.