Marcha atrás

El Poder Ejecutivo provincial ayer dio un paso fundamental en lo que va de su gestión de gobierno. Pero lo dio para atrás. La decisión de desarmar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) es incomprensible en un Gobierno que declama la transparencia a cada minuto.
Durante años, Tucumán viene siendo una provincia con su imagen deteriorada, con valores subvertidos y, sorprendentemente, una de las pocas cosas que le permitían sacar la cabeza sobre la superficie era contar con una institución como el CAM.
Según el Gobierno de José Alperovich, la participación del Colegio de Abogados, de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Corte Suprema de Justicia para la elección, significaba que se designaran magistrados "funcionales a las corporaciones". Cabe aclarar que el nombramiento de los integrantes de la Justicia es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo y que el CAM sólo brindaba un asesoramiento no vinculante. A posteriori, la Legislatura daba su acuerdo a los nombres propuestos por el Gobierno.

Tucson en el toma y daca
Tucumán fue verdaderamente Tucson cuando no estaba el Consejo de la Magistratura; había senadores que, en aquella época, se ufanaban de ser "dueños" de jueces y de poder incluso dar vuelta sentencias. Ese horror cambió con el sistema establecido por el CAM. A través de esta institución opinaban la Universidad, que formó a ese profesional; el Colegio de Abogados, que siguió el desempeño del letrado y el máximo tribunal de Justicia, como es la Corte. Quien estuvo de acuerdo con esta estructura fue nada menos que Edmundo Jiménez. En 1991 fue el secretario de Gobierno que avaló con su firma este sistema y hoy, utilizando la lapicera de ministro, lo desarmó.A diferencia del Consejo Asesor de la Magistratura de la Nación, el CAM tucumano no significaba ninguna erogación especial o adicional para la Provincia. Con su conformación dejó de ser un toma y daca que se arreglaba entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo, aunque hubiera ciertos entendimientos entre los tres cuerpos que componían el consejo asesor.

En campaña
Cuando el gobernador estaba de campaña habló de la importancia de la participación de las instituciones intermedias en su gestión. Ayer, de un plumazo el "general" Alperovich decidió eliminarlas.
El argumento que utiliza el Poder Ejecutivo es que a partir de ahora participará toda la ciudadanía y eso le dará más transparencia al sistema de selección de los magistrados que se instalarán en Tribunales. Lo mismo ocurría antes. Las personas que eran postuladas eran conocidas por la población y estaban sujetas a la impugnación de cualquier ciudadano no sólo para que analizara al Ejecutivo y al Legislativo, sino también las instituciones intermedias.
Si verdaderamente lo que se busca es una mayor transparencia no es comprensible que se deje de escuchar a la Universidad y a la entidad gremial que nuclea a los letrados.
El "general" está desesperado por generar cambios, por marcar reglas de transparencia en su gestión. No se comprende cómo la desaparición de instituciones que participan en la selección de jueces va a contribuir a que mejore la calidad de la Justicia. Por el contrario, cuanto menos participen en el contralor o en la selección de algo transcendental para el sistema republicano, como es un magistrado que de por vida asume un cargo, menor será la posibilidad de tener Tribunales de un gran nivel.
Da la sensación de que la resolución intempestiva del mandatario es en respuesta a una falta de acuerdo con las partes. Ninguna acción por reacción enaltece la gestión del Ejecutivo.