Legalización de ilegales

Entre las mil y una expresiones del desdén por las normas que exhibe la población de Tucumán, y de la reticencia del Estado para hacerlas cumplir, se inscribe la cuestión de la remisería trucha en nuestra ciudad. Como es por todos sabido, la cuestión empezó hace ya varios años, cuando alguien que tenía un auto decidió empezar a levantar pasajeros por la calle y se autotituló "remise", sin importarle en absoluto las reglamentaciones a las que debía sujetarse para poder desarrollar ese servicio. Como la Municipalidad miraba al costado, la industria empezó a crecer, y bastó poco tiempo para que se convirtiera en algo absolutamente fuera de control. Actualmente, no se sabe con certeza la cantidad de autos que circulan en calidad de remises, con el único requisito de atar una cinta a su antena.
Ahora, en la Municipalidad habrá de debatirse qué hacer frente a la cuestión. Evidentemente, un problema "social" ya hace imposible el regreso a la situación anterior, donde sólo era taxi el que tenía licencia, y donde los remises no podían levantar pasajeros en la calle. Ahora, hay que dar una salida legal a la ilegalidad.
La postura troncal es conocida. Dado que todos los remises funcionan, en los hechos, como taxis, se los convertiría a todos en taxis. También se buscaría unificar la política que se adopte con las de los municipios limítrofes, afectados todos por una anarquía similar, y cuyos coches tanto operan en su jurisdicción como ingresan a la capital para seguir trabajando tranquilamente.
No parece haber otra salida. Si se adopta la de legalización general, habrá que establecer ciertas pautas que deban observarse para esta nueva condición. Nos referimos a las atinentes tanto a la inscripción en un registro de licencias y al pago de un canon por estas, como al modelo del automotor, su control periódico y demás. La coordinación con las reglamentaciones de las otras comunas es asimismo fundamental para no desbaratar el sistema.
Pero nada podrá ser efectivo si la ordenanza que se sancione no se hace cumplir con estrictez, por medio de un control permanente de la Municipalidad, que haga que sean retirados del servicio, sin miramientos, los vehículos que estén en infracción. Ello porque, dada la cultura de incumplimiento que rige en el municipio, no sería de extrañar que, ni bien legalizados los actuales ilegales, se inicie una nueva camada de truchos que operen con la misma libertad que tienen para hacerlo ahora. No dudemos que así habrá de ocurrir indefectiblemente si continúa esa política de mirar al costado que ha sido deplorable característica de las administraciones municipales durante estos últimos años.
Como lo hemos dicho en otras oportunidades, de nada vale establecer leyes y reglamentos si el Estado no los hace cumplir. Y bien sabemos que ese cumplimiento raramente es espontáneo en comunidades con escasa disciplina social como es la nuestra. Por el contrario, el infractor debe estar seguro de que su falta de acatamiento a las normas le acarreará la sanción prevista en ellas, y que le será aplicada indefectiblemente. Bien sabemos que si nuestra ciudad es un muestrario del desprecio a las ordenanzas municipales se debe a que quienes lo practican están seguros de que no habrán de ser sancionados.
Así, parece que habrá que dar cabida dentro de la ley a todo lo que es hoy transporte ilegal. Pero pensamos también que esa medida no tendrá efectividad, y hasta empeorará las cosas, si no está acompañada por una firme decisión de hacerla observar por todos y en todos los casos. De otro modo, quedará sentado el peligroso precedente de que para lograr el aval de la ley solamente basta insistir en desacatarla. Y quedaría demostrada, también, la alarmante impotencia del organismo municipal para llenar una de sus funciones básicas.