En una de sus varias ediciones de "Ensayos", Michel de Montaigne (1533-1592) comenta que hubo una época en la cual los senadores de Roma, cada vez que proponían una reforma a las normas vigentes, se presentaban con una cuerda colocada alrededor del cuello. Aunque suele creerse que la cuestión radicaba en que si fracasaba la propuesta, el legislador era ejecutado, lo cierto es que, según el autor, cualquier ciudadano podía pasar y dar cuenta del representante. Montaigne aclara que no sabe, a ciencia cierta, si la anécdota es mito o realidad. Pero el relato sirve para ilustrar, metafóricamente, un valor olvidado -casi desconocido- de los parlamentos. El del mantenimiento de la ley para el funcionamiento de una sociedad.
Normas y circunstancias
Queda claro que una de las funciones clave de los cuerpos legislativos es el dictado de nuevas leyes, que vayan acomodando el Derecho a las nuevas circunstancias históricas. Pero las circunstancias históricas, mucho más a menudo de lo que se advierte, también demandan el sostenimiento de lo normado. No advertirlo es quedar a merced de una de las figuras más acabadas de lo que en Ciencias Políticas se gusta en llamar la "ingeniería política": el gobierno de los hombres a través de las leyes, en lugar del gobierno de las leyes a través de los hombres.
La cuestión tiene en Tucumán un escenario de actualidad y de diversidad concreto. El gobernador José Alperovich encaró reformas aun antes de asumir. A través de la Cámara anterior modificó el sistema de casación penal; cambió las atribuciones del Ministerio Fiscal; trocó la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia; redujo las exigencias para la intervención de municipios y de comunas rurales y alteró las condiciones de inamovilidad de los empleados públicos. Luego, recién asumido, anunció que impulsará la reforma de la Constitución. Ahora tiene en carpeta la reforma del Código Tributario y retrasa la modificación del Consejo Asesor de la Magistratura en espera de la opinión formal de la Corte Suprema de Justicia. Durante su primer mes de gestión, prácticamente, dictó un decreto de necesidad y urgencia por cada día hábil de gestión.
Por supuesto que Alperovich no es el primero en actuar de esta manera. Julio Miranda, cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo, también tuvo una "superley" y un "decreto ómnibus". Ramón Ortega estrenó la Carta Magna que Antonio Bussi había diseñado. En general, todos los gobernantes llegan con un libreto que demanda modificaciones legales de magnitud. El resultado es que se tiene un Estado que, antes que cumplir con la ley, la cambia.
Nueva lógica
En este marco, las repudiables prácticas piqueteras adquieren una nueva e inusitada lógica. En definitiva, esos movimientos de desocupados no quieren acatar las normas sino establecer las propias. Y cortan rutas hasta que consiguen lo que piden. En el medio, no hay jueces ni fiscales que se animen a actuar, mientras se conculcan derechos constitucionales como los de transitar libremente. El Gobierno también jugó al distraído mientras los piqueteros ensayaban el papel de virulentos, porque el conflicto no estaba en la capital, sino focalizado en Aguilares, una municipalidad radical. Pero esa es otra historia.Tanto si miran las alfombras rojas del Poder Ejecutivo y de la Legislatura, como si se repara en las gomas quemadas de la ruta 38, se advierte que el combustible de la crisis es el cambio de las reglas de juego. La defensa contra la tiranía a través de la fuerza o contra la tiranía a través de las normas, se consigue mediante la defensa de la ley vigente. No por nada en nuestra tradición judeo-cristiana, no todo lo que es legal es de Derecho.
