El Gobierno provincial anunció la entrega de un anticipo en efectivo para que los empleados y los beneficiarios de los planes sociales dispongan de dinero "extra" ante la proximidad de las Fiestas de Fin de Año.
A nadie puede parecerle mal que desde el Estado se arbitre una medida que permita a un nutrido grupo de ciudadanos disponer de un monto para solventar los gastos adicionales que implican los festejos de estas fechas. Sin embargo, hay un problema conceptual que no es menor, dados los tiempos que corren y las desgraciadas experiencias por las que nuestro país está pasando.
De acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno, los empleados que así lo decidan, disponen de $ 150 en efectivo, que les serán descontados posteriormente de sus ingresos a razón de $ 53 por mes. Sin duda serán muchos los que aprovecharán la oferta, tentados por la facilidad que supone disponer del dinero ya. Pero después vendrán tres largos meses en los que, precisamente aquellos que están en la indigencia o poco menos, recibirán $ 97 en lugar de $ 150, con lo que será a todas luces imposible que afronten los gastos más elementales.
Un esfuerzo de imaginación permitirá pensar qué nivel de adhesión hubiera tenido una propuesta como la que sigue: al pagarse los haberes de setiembre, octubre y noviembre, se descuentan $ 47 por mes a quien quiera disponer de $ 150 adicionales en diciembre. En vísperas de las Fiestas, se liquida este monto a cada uno de los beneficiarios, y la cuenta queda saldada. Los números muestran que la propuesta es conveniente, porque los $ 9 de interés se anotarían en este caso a favor y no en contra de los haberes del beneficiario.
Todo el mundo dirá, y con razón, que nadie que gane alrededor de $ 200 estaría dispuesto a resignar casi la cuarta parte de su ingreso durante tres meses con la promesa de que a fin de año se lo devolverán, aun levemente incrementado por un pequeño interés. Por lo tanto, no es descabellado pensar que la adhesión a esta propuesta sería prácticamente nula.
La conclusión es simple, pero preocupante: el peso de la crisis nos demuestra que no tenemos capacidad de ahorro, y por lo tanto, no debemos gastar lo que no tenemos. El concepto de endeudarnos más allá de nuestras posibilidades reales de devolución del préstamo campeó olímpicamente en la filosofía de nuestra conducción económica durante varias décadas, y alcanzó niveles desmesurados durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa. Es por eso que le costará un esfuerzo supremo a más de una generación comenzar a salir de la situación de postración en la que actualmente nos encontramos.
La regla de oro
La llamada cultura del ahorro es la que durante todo el siglo pasado permitió a miles de argentinos transformar una situación de absoluta pobreza en una posición económicamente desahogada. Es cierto que las condiciones macroeconómicas han sufrido en ese mismo período una dramática transformación, que ha hecho que el fruto de enormes esfuerzos se evapore como el rocío ante el sol de la mañana. Pero también es real que el ajuste estricto a la sencilla norma de que no egrese más dinero que el que ingresa les sirvió a varias generaciones como regla de oro para conservar y acrecentar notablemente su patrimonio.
Es justamente el Gobierno el que debe tratar de inducir a los integrantes de la comunidad a manejarse con realismo en la disposición de sus recursos y, desde luego, proceder en consonancia con este concepto a la hora de administrar el tesoro público. Causa alarma comprobar que, a pesar de las penurias que nos han tocado, se demuestra que no hemos aprendido la lección, y que el concepto de gastar ahora y después ver qué hacemos sigue imponiéndose sobre el convencimiento de que la actitud correcta es ahorrar -obviamente, si se puede- para disponer después de dinero extra.
