Los fraudes contra el Estado

Como el camaleón, la corrupción ha desarrollado variados colores en nuestro país -Tucumán no es ajeno a ello- y a veces se presenta con un aspecto legal. A menudo este tipo de situaciones ilícitas implica una estafa al Estado, es decir, a todos los ciudadanos, e ingresa en la categoría de "viveza criolla". Para que el encubrimiento se produzca hacen falta dos partes: está quien viola la ley y aquel que debe controlar, pero no lo hace y mira para otro lado.
En nuestra edición de ayer informamos que un cruzamiento de datos con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) le permitió al Gobierno detectar a empleados públicos que cobraban una doble remuneración. Son, por ahora, 93 agentes los que percibían un haber jubilatorio y el sueldo como activo en la administración provincial. El Poder Ejecutivo dictó entonces un decreto por el cual se da de baja a todos esos empleados, en su mayoría, docentes.
El Gobierno señaló que esta disposición le significará a la Provincia un ahorro en la planilla salarial anual de $ 1 millón. Los trabajadores cesarán en su función el último día hábil del corriente mes y no percibirán indemnización alguna, según se consigna en el decreto provincial 762/3.
Como si no fuera obvio desde hace muchos lustros, tanto para la ciudadanía como para todos los gobiernos que pasaron, desde el Poder Ejecutivo se explicó que los empleados de la administración pública que completan su trámite jubilatorio y pasan a revestir la condición de pasivos, tienen la obligación de comunicar al empleador -en este caso el Estado- su nueva situación legal. A partir de allí, la Provincia deja de pagarles los sueldos.
En el caso de los 93 afectados, ninguno hizo la comunicación correspondiente, por lo cual perciben una doble asignación. Se apuntó que por esta irregularidad no recibirán ninguna sanción del PE, más allá de darles de baja.
El secretario general de la Gobernación anunció que se está realizando un nuevo relevamiento para cruzar con los datos de la Anses, y se estima que surgirán nuevos casos. Aclaró que el Estado puede contratar a jubilados para que presten servicios -como ocurre con algunos funcionarios del Poder Ejecutivo-, pero subrayó que no se puede tener jubilados en su planta que no hayan comunicado su pase a la pasividad.
Estas situaciones, que seguramente deben superar holgadamente el millar, se producen por la ausencia de control. Es difícil obtener, por ejemplo, un registro del personal contratado por el Estado. Si hubiese un padrón único y se contara con un sistema de informatización en toda la administración pública, sería muy fácil detectar las irregularidades. Además, el entrecruzamiento de datos es imprescindible y debe ser una obligación de todo gobierno.
También sería auspicioso que la norma que indica que nadie puede percibir dos sueldos del Estado fuera igualitaria para todos, es decir que un jubilado que fuera contratado por el Estado, opte por uno u otro haber mientras dure su función y que no se dibujen estas situaciones para darles visos de legalidad, como habitualmente se hace.
Por cierto, es saludable que la actual administración avance sobre este aspecto y que no se detenga, teniendo siempre en cuenta que el control debe ser para todos, es decir que se incluya también a quienes mayor daño económico le provocan al erario en el caso de que se descubran irregularidades.
Sería también auspicioso que se examinaran las jubilaciones de privilegio o aquellas que se otorgaron por invalidez. Es posible que se detecten anormalidades y si nada puede hacerse al respecto, legislar para el futuro de manera que los fraudes al Estado, es decir a la propia ciudadanía, sean rápidamente detectables y sancionados. Porque sin sanción no existe la justicia.