Mientras el Gobierno ha comenzado a desplegar un ejército de jóvenes policías por las calles céntricas y se apresta a enviarlos a los sitios turísticos, también tiene que digerir el drama que la inexperiencia de uno de estos jóvenes ha causado, ya que fue responsable de una muerte durante un incidente en el Camino del Perú, en San José.
Las autoridades han reconocido que los hombres enviados a la calle no están capacitados para utilizar un arma, pero sostienen que se trata de un dilema de hierro: es eso o nada. Además -dijo el secretario de Seguridad, Osvaldo Nieva-, casi toda la Policía tiene falencias en el correcto uso del armamento, con lo que plantea un problema elemental: hacer una política de seguridad -como anunció el ministro Pablo Baillo antes de asumir- y tener un nuevo modelo -como dijo el gobernador José Alperovich- implicará una tarea titánica, porque hay que dar vuelta a la fuerza de seguridad como un guante, y mientras tanto, la realidad hace una zancadilla tras otra. Desde el 29 de octubre hubo varios crímenes y hechos sumamente violentos, que obligaron a dar las respuestas "tradicionales" para evitar que crezca la sensación de inseguridad.
La herencia
En esas condiciones, es muy difícil empezar de cero. El nuevo Gobierno heredó el reclutamiento caótico que había preparado la gente del ex gobernador Julio Miranda, que hizo un sorteo de aspirantes (para evitar suspicacias) en vez de una selección rigurosa por orden de mérito. Si así los eligen y encima los mandan a la calle con un mes y medio de capacitación; si además se piensa que los policías más antiguos tampoco tuvieron suficiente preparación y que no hay controles sobre su estado físico y psicológico, entonces la crisis del ingreso a la Policía muestra que el problema está en la base.
El fin de año se les vino encima a las autoridades. Lanzaron 600 nuevos policías a la calle y como ni siquiera con eso pueden superar la escasez histórica de agentes, para enero y febrero piensan poner jefes de hogar desocupados a hacer tareas policiales. De ese modo, se llegaría a unos 6.000 hombres en las fuerzas de seguridad. Con ello, en vez de haber 1.500 agentes trabajando todos los días, habría casi 2.000, frente a los 7.000 que tienen las agencias de vigilancia privada (3.000 ilegales), que han crecido merced al incremento de la inseguridad y de la violencia en los últimos años.
Pero la respuesta sigue siendo pobre: a los viejos policías poco capacitados y acostumbrados a una cuestionada forma de trabajo se agregan reclutas inexpertos, y ahora llegarán jefes de hogar desocupados, que apenas podrían ser utilizados en control de tránsito o en ayudar a cruzar la calle a escolares. No podrán enfrentar situaciones críticas en una sociedad violenta.Otra vez surge la pregunta sobre si las respuestas son las correctas. Es eso, o nada, dirán los funcionarios. Pero hacen igual que los intendentes: mientras se desesperan por maquillar fuertemente la cara visible de la ciudad (el microcentro y las zonas turísticas) dejan desguarnecidos los sectores más alejados, las avenidas y la periferia. Barrios como el Padilla y los nuevos asentamientos urbanos son tierra de nadie, dado que cerca de ellos, en toda la periferia urbana, se establecieron decenas de villas de emergencia, en las que las carencias y las injusticias sociales son fuentes importantes de violencia.
En este sentido, como no se ha podido hacer una tarea coordinada con áreas sociales y con municipalidades, las falencias en la respuesta policial (se trabaja muy poco con los vecinos) dan lugar a riesgos constantes en las zonas donde no hay vigilancia. Lanzar más policías a la calle ha sido como tener el vaso más lleno. Pero en la periferia se va quedando cada vez más vacío.
