Las dificultades con el FMI

Las complejas negociaciones complementarias con el Fondo Monetario Internacional sobre el acuerdo contingente suscripto hace tres meses por el Gobierno federal han entrado en una fase de divergencias, en las que se basa el organismo para diferir la primera revisión trimestral del convenio, prevista inicialmente para el presente mes. Objeciones por incumplimientos de ambas partes, que hasta hace escasos días no parecían tener una significación como la que ahora se les atribuye, no sólo han trabado ese trámite fiscalizador.
En efecto, las diferencias están configurando un debate que, por sus términos, pone en tela de juicio la marcha del acuerdo. En el fondo de las diferencias subyacen las condiciones que nuestro país ha establecido para la renegociación de bonos en default, resistidas por sus tenedores, y la reactivación de las tarifas de servicios públicos que el Gobierno condiciona a la revisión de los contratos con las empresas concesionarias. No debe perderse de vista que en el directorio del FMI predominan las decisiones del Grupo de los Siete, entre los cuales figuran los países con mayores inversiones en ese sector, así como aquellos a los que pertenece el grueso de los tenedores externos de bonos en insolvencia.
Al momento de suscribirse el acuerdo contingente se estableció que el ahorro fiscal del Presupuesto 2004 se elevaría al 3% -previsto inicialmente en 2,8-; así las cosas, nuestro país contribuía con un esfuerzo superior al previsto inicialmente para asegurar las negociaciones con los acreedores. Ese índice implica un fuerte sacrificio en el saneamiento económico y social, en medio de dificultades políticas de una crisis sólo resuelta parcialmente. El punto de fricción surgió cuando funcionarios del Fondo consideraron insuficiente la tasa prevista de ahorro fiscal, a la vez que invocaron el incumplimiento de otras condiciones, como la revisión del atraso en el tratamiento de las tarifas de servicios públicos.Si objetivamente es el organismo internacional el protagonista formal de esas objeciones, no debe dudarse de que sus promotores integran el Grupo de los Siete, cuyas inquietudes colaterales invocan temores sobre inseguridad jurídica, mientras 40 empresas con inversores de esos países -de las 62 con contratos con el Estado- accionan arbitral o judicialmente en el exterior. El problema adquiere así para nuestro país una complejidad sin precedentes en sus relaciones con el Fondo Monetario, pues implica, de hecho, un tratamiento múltiple con el organismo y con los integrantes de su directorio. No cabe duda de que elevar la tasa de ahorro fiscal más allá del límite originalmente acordado implicaría un riesgo político y social de grave magnitud para una sociedad que desconfía de sus dirigentes. No es menos cierto que desde el exterior se nos observa como parte de una región fuertemente conflictuada, donde la inseguridad jurídica tiene testimonios muy elocuentes, por lo que esas relaciones múltiples que imponen las nuevas divergencias requieren un marco diplomático tan firme como el posicionamiento específico del acuerdo. Resulta por todo ello improcedente que las diferencias surgidas tengan réplicas en ocasionales tribunas políticas, y perturben con vetustas manifestaciones de xenofobia el ámbito específico de las negociaciones. Si la recuperación del país ha de estar condicionada por la firmeza y la seriedad, no es ese el estilo con que se resolverán sus problemas. La prudencia, virtud cuya ausencia agravó nuestra crisis, espera de nuevo oportunidad para rendir tributo al milenario aforismo ciceroniano: suavidad en los modos y fuerza en las cosas. Nuestra mejor sociedad, esa que sufre y se esfuerza todos los días por recuperar el país perdido construyendo desde los escombros, es el mejor ejemplo a seguir ante la nueva dificultad.