La historia de un Jurado que nunca condenó

¿Ayudó la Casa de Gobierno al ex fiscal Carlos Albaca y al ex ministro fiscal Luis De Mitri a eludir el Jury (o Jurado) de Enjuciamiento, y a que se jubilen con el 82%? ¿Intentó el PE, por pedido de Susana Trimarco, echar a Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, los camaristas del caso “Verón”? Si estos interrogantes siguen abiertos es, en gran parte, gracias a la redacción de la Ley N° 8.911, que supuestamente permite la expulsión de magistrados del Poder Judicial. Los propios integrantes Jury de Enjuiciamiento -instituto que no pudo echar un solo juez, fiscal o defensor oficial desde su creación, en 2009- señalaron con preocupación que el mecanismo permite dilaciones indeseadas.

En los Tribunales, como en las demás altas esferas del Estado, las renuncias y las destituciones de tintes polémicos suelen estar impulsadas por intereses políticos. Hilos invisibles mantienen unidos a los tres Poderes. La cantidad de salvaguardas judiciales que permite el actual sistema de destitución de jueces ayuda a alimentar la sensación de que, cuando estalla un conflicto, se aplica la doctrina todos para uno, uno para todos.

El órgano de remoción de magistrados, con su proyecto, persigue modificar esta situación: sus miembros saben que, cualquiera sea la voluntad política, el proceso ante el Jury de Enjuiciamiento es inútil. Así, los fiscales del caso “Lebbos” y los jueces del caso “Verón” -salvo por Romero Lascano, cuya suerte depende de un planteo judicial- nunca sabrán si les correspondía sanción. Los familiares de las víctimas, tampoco.

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