Reprobables omisiones del Congreso

El Congreso se ha renovado parcialmente y se apresta a dar fin al año parlamentario, para entrar en el receso estival hasta el 1° de marzo, si el Poder Ejecutivo no resuelve convocarlo a sesiones extraordinarias. Es difícil que esto ocurra, pues el Presidente de la Nación y sus ministros disponen de suficientes atribuciones especiales, a desmedro del Poder Legislativo, conferidas por acción u omisión de los legisladores y que parecen haberse hecho costumbre, dejando de ser excepcionales. No es ocioso señalar que el control constitucional del Congreso sobre los actos del Poder Ejecutivo es una responsabilidad que nuestro sistema institucional atribuye a los representantes del pueblo. Por añadidura, la reforma de la Constitución en 1994 amplió esa función fiscalizadora en atención a la complejidad creciente de la gestión del Gobierno, mediante nuevas normas y organismos que, paradójicamente, no observan en la mayoría de los casos la regularidad que debieran, desentendiéndose gravemente del deber constitucional. Por desidia o reprobable juego de intereses, esas omisiones configuran otra de las causas del mal funcionamiento de nuestras instituciones.
El testimonio más relevante del deber incumplido nuevamente por el Parlamento después de numerosas renovaciones de mandatos en ambas cámaras, es la figura excepcional de los decretos de necesidad y urgencia -todavía sin reglamentar desde la reforma constitucional de 1994- que permiten al Presidente de la Nación dictar cuantos decretos leyes estimen convenientes. La Constitución, al incorporarlos, declaró su excepcionalidad y ordenó al Poder Legislativo reglamentar su trámite, mediante condiciones precisas, entre las que figura una comisión bicameral especial y otros requisitos muy precisos para convalidarlos o rechazarlos, nada de lo cual se ha cumplido hasta el momento. Pero ello no ha impedido que, durante ocho años, sucesivos presidentes de la Nación hayan sancionado alrededor de 1.400 decretos leyes con muy contadas objeciones parlamentarias. A esas discutibles leyes ajenas al Poder Legislativo y no observadas tampoco por los jueces, se sumó con la crisis la ley de emergencia, que atribuye al Gobierno facultades que desdicen el principio esencial de la superación de poderes, y que ha sido prorrogada. Asociada a esa actitud concesiva, la Comisión de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones no se ha pronunciado hasta el momento acerca de la renegociación de los contratos con empresas de servicios; tampoco la Auditoría General de la Nación, dependiente del Poder Legislativo, cumple diligentemente su rol de monitoreo gubernamental, pues apenas ha llegado a la gestión del ex presidente Duhalde, carente de informes de la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas.
Hasta aquí lo más grueso y reprobable de la legislatura nacional. En el centro de esa deslealtad con el orden institucional no es difícil advertir el compromiso del oficialismo parlamentario con el gobierno de turno, muy superior habitualmente al que los legisladores deben a sus electores. En los recientes días, después de las enfáticas promesas de descontaminar y transparentar la política, se han seguido escuchando de senadores y diputados expresiones sobre lealtades y sumisiones al Presidente en el momento de definir sus votos, a la vez que perdura el viciado principio que atribuye las bancas al partido y no a los legisladores que el pueblo elige, falacia que con la lista sábana explica sobradamente esa resistencia a recuperar para el Congreso la gestión de control institucional y de moralizar la política. Todo ello hace pensar a la ciudadanía que nuestra vida pública está muy lejos aún de constituir una auténtica democracia, aunque sin advertir suficientemente que el periódico camino a las urnas no debe ser una resignada rutina.