15 Octubre 2014
BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la Inspección General de Justicia (IGJ) a satisfacer un pedido de información pública sobre la sociedad ex Ciccone Calcográfica, que supuestamente quiso comprar Amado Boudou, por lo cual el vicepresidente de la Nación está procesado.
El fallo del máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario del Estado, al confirmar una resolución de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un pedido de información hecho por el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Para la Corte, al rechazar los datos solicitados de la ex Ciccone Calcográfica el Poder Ejecutivo “no se hace cargo de la jurisprudencia de esta Corte, conforme a la cual el derecho a solicitar información en poder del Estado corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar interés o afectación directa”.
Gil Lavedra había preguntado y quiere saber si la ex Ciccone estaba inscripta en la IGJ -que depende de la administración central- y tener acceso a sus estatutos, órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, y domicilios.
Según los jueces de la Corte, en su recurso el Estado no desarrolló “argumento alguno que explique por qué esa información se hallaría exceptuada de proveerla” tratándose de información pública.
La Corte también falló en contra del Estado y a favor de Gil Lavedra en otro pedido para que el Ministerio de Planificación Federal aporte datos de la licitación pública para la construcción de las represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.
Por otra parte, el abogado Ricardo Monner Sans denunció a Boudou y a su secretario Administrativo del Senado de la Nación, Juan Zabaleta, para que sean investigados por el aumento de los empleados de la Cámara alta, y advirtió que “parecería ser que la oposición ha resultado beneficiada por esa conducta dispendiosa”.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Gerardo Di Masi y es por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito.
Monner Sans denunció que de diciembre de 2011 a mayo de este año los empleados del Senado pasaron de 3.700 a 5.700.
“El tema de la contratación efectuada en el Senado no ha merecido -dicen- crítica por parte de la oposición que ha resultado beneficiada por la conducta dispendiosa de Boudou, Zabaleta y compañía”, indicó. (DyN)
El fallo del máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario del Estado, al confirmar una resolución de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un pedido de información hecho por el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Para la Corte, al rechazar los datos solicitados de la ex Ciccone Calcográfica el Poder Ejecutivo “no se hace cargo de la jurisprudencia de esta Corte, conforme a la cual el derecho a solicitar información en poder del Estado corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar interés o afectación directa”.
Gil Lavedra había preguntado y quiere saber si la ex Ciccone estaba inscripta en la IGJ -que depende de la administración central- y tener acceso a sus estatutos, órganos de gobierno y fiscalización, accionistas, y domicilios.
Según los jueces de la Corte, en su recurso el Estado no desarrolló “argumento alguno que explique por qué esa información se hallaría exceptuada de proveerla” tratándose de información pública.
La Corte también falló en contra del Estado y a favor de Gil Lavedra en otro pedido para que el Ministerio de Planificación Federal aporte datos de la licitación pública para la construcción de las represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.
Por otra parte, el abogado Ricardo Monner Sans denunció a Boudou y a su secretario Administrativo del Senado de la Nación, Juan Zabaleta, para que sean investigados por el aumento de los empleados de la Cámara alta, y advirtió que “parecería ser que la oposición ha resultado beneficiada por esa conducta dispendiosa”.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Gerardo Di Masi y es por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito.
Monner Sans denunció que de diciembre de 2011 a mayo de este año los empleados del Senado pasaron de 3.700 a 5.700.
“El tema de la contratación efectuada en el Senado no ha merecido -dicen- crítica por parte de la oposición que ha resultado beneficiada por la conducta dispendiosa de Boudou, Zabaleta y compañía”, indicó. (DyN)
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