Los sobornos y sus corporaciones

Es muy probable que la reactivación de las denuncias sobre corrupción en el Senado conduzca a una línea divisoria entre un antes y un después en la historia de la crisis que ha provocado la decadencia de la República. Esa, al menos, es la sensación que la sociedad tiene ante el manifestado arrepentimiento y la confesión del portador de los sobornos que permitieron sancionar la Ley 25.250 de reforma laboral. Pero el hecho que está dando certeza y razón al escándalo que hiere el prestigio de otra de nuestras instituciones es de tal naturaleza que deja prácticamente inadvertida su causa profunda; es decir, las razones que motivaron esa fallida ley de flexibilización laboral, y que deberán ser revisadas a la luz de una realidad política, económica y social muy diferente, antes de optar por la derogación o nulidad de la norma en cuestión. La Ley 25.250 contiene dos aspectos esenciales que representan sendas amenazas al viejo régimen de asociaciones sindicales que impuso el sistema de personería gremial única o de unicato para el sindicato más numeroso por rama de actividad: la legalización de convenios colectivos por empresa, y el fin de la ultraactividad de los convenios, algunos de los cuales superaban los 30 años de vigencia.
Ambas decisiones, con elevada significación política, coincidieron con la renovada observación de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo Convenio 87 exigió que se modificara el régimen sindical argentino para permitir la libre asociación de los trabajadores, establecida por la Constitución Nacional -Art. 14 bis- y otros acuerdos internacionales incorporados a su texto. Esta exigencia es compartida entre nosotros por la Central de Trabajadores Argentinos, disidente de la CGT histórica y beneficiaria del unicato, hoy dividida por cuestiones internas, pero cuyas dirigencias militan tradicionalmente en el Partido Justicialista. La presión sobre ese régimen unitario fue creciendo desde la restauración constitucional, por cuya razón se reconoció personería jurídica a las organizaciones sindicales que la solicitaron ante el Ministerio de Trabajo, pero no la exclusiva personería gremial que habilita para la negociación de convenios laborales y provee de recursos a las obras sociales. La crisis, que produjo un colapso sin precedentes en los niveles de empleo, redujo considerablemente las afiliaciones -cuyos padrones se mantienen virtualmente ocultos- y, en consecuencia, la veracidad de algunas mayorías sindicales.
La pretensión rápidamente expuesta por los beneficiarios del unicato respecto de que la ley denunciada por corrupción en su trámite sea derogada o anulada lisa y llanamente constituye, pues, un hecho con muy dudosa finalidad. Ello no implica desconocer que la devaluada norma debe ser eliminada por el descrédito moral de su trámite, testimonial del grado de corrupción que ha desprestigiado a nuestra clase política. Mas esa eliminación no debe significar una convalidación del arcaico régimen sindical legalmente autoritario, cuyas dirigencias sobreviven sin legitimidad a la crisis del desempleo y al severo aislamiento de la sociedad. El escándalo, reactivado en buena hora por un correo confeso de la corrupción debe tener un final ejemplarizador. Y no sólo en la Justicia expuesta a la severa observación pública; también en el Gobierno nacional y en el Congreso, obligados a dar testimonio de certeza de que pondrán fin al perverso fenómeno de las "corporaciones" que han desacreditado a la República y culpan de los infortunios al pasado pretendiendo eludir sus responsabilidades. El presidente Néstor Kirchner asumió ya su compromiso para la reforma política; el punto sin retorno de la ley corrupta debería ser el de la sindical, para acabar con el arcaico modelo autoritario cuyo agotamiento ha dejado en evidencia la crisis.