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28 Septiembre 2014
LA REELECCIÓN (i)

Leo distintas opiniones, todas en contra de la re-re de los legisladores provinciales. Sostengo que se les debe permitir esa bendita re-re por cuanto de no poder acceder a un nuevo período como tales, de una forma u otra serán ubicados ya sea como asesores, directores, secretarios, etcétera, dentro de la administración pública. Otros llegarán como legisladores cargados con la mochila del nepotismo. O sea decir que ese cambio de legisladores ocasionará nuevas y fuertes erogaciones a la provincia. Hasta habrá que dictar clases de levantamanos. A posterior habrá que ampliar el Palacio Legislativo para poder albergar al cúmulo de nuevos empleados que cada uno de ellos ubicará. Seamos prácticos y permitamos a estos ambidiestros su continuación, tal como sucede con los dirigentes gremiales. La perennidad será en este caso, una forma de producir ahorros a las alicaídas arcas provinciales.

Hugo Navarro

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LA REELECCIÓN (II)

En noviembre de 1800, el presidente de los EEUU, John Adams, federalista, perdió su candidatura para la reelección; le ganó Thomas Jefferson, un republicano. Los federalistas también perdieron el control del Congreso. Pocos meses antes de que el nuevo presidente y el Congreso asumieran, Adams y su partido Federalista todavía tenían el control. Durante estos meses, Adams persuadió al Congreso de aprobar una nueva ley, la Ley de la Judicatura de 1801. Este acto dio Adams la facultad de nombrar a varios de los nuevos jueces federales. Los federalistas tenían la esperanza de llenar los tribunales de la nación con las personas que se oponían a las políticas de la administración republicana entrante. Adams tuvo éxito, consiguió el nombramiento de 39 nuevos jueces. El secretario de Estado de Adams era quien debía entregar las comisiones, o documentos oficiales; sin embargo, no entregó las comisiones a tres nuevos jueces de paz antes de que terminara el mandato de Adams; una de las comisiones era para William Marbury. Cuando Thomas Jefferson se convirtió en presidente, se enteró del intento de Adams para empacar el tribunal con jueces federalistas. También descubrió la falta de entrega de las comisiones restantes. Para evitar que estos federalistas se conviertan en jueces de paz, Jefferson dio instrucciones a su secretario de Estado, James Madison, de rechazar los nombramientos. Marbury llegó a la Corte Suprema en un intento de ganar su puesto. Quería que el Tribunal emitiera una orden obligando a Madison para dar a Marbury su comisión. La Ley de la Judicatura de 1789 había dado a la Corte Suprema la facultad de emitir tal orden. En una decisión unánime, escrita por el juez Marshall, la Corte declaró que Marbury, de hecho, tenía derecho a su comisión. Pero, más importante aún, la Ley de la Judicatura de 1789 era inconstitucional. En opinión de Marshall, el Congreso no podía dar a la Corte Suprema la facultad de emitir una orden concediendo a Marbury su comisión. Sólo la Constitución podía y esta no decía nada acerca de que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de emitir tal orden. Por lo tanto, la Corte no podía obligar a Jefferson y Madison para nombrar a Marbury, porque no tenía el poder para hacerlo. Marbury nunca se convirtió en un juez de paz, el fallo de la Corte en el caso Marbury vs. Madison, estableció un precedente muy importante. La decisión del presidente del Tribunal Supremo, Marshall, interpretó la Constitución en el sentido de que la Corte tenía el poder de la revisión judicial, es decir, tenía el derecho de revisar los actos del Congreso y, por extensión, las acciones del presidente. Si el Tribunal consideraba que una ley era inconstitucional, podía invalidarla. Marshall sostuvo que la Constitución era la “ley suprema del país” y que la Corte tenía la última palabra sobre el significado de la Constitución. Él escribió: “es enfáticamente la jurisdicción y el deber del departamento judicial decir lo que es la ley”. El tema de la reelección debería establecer en la constitución que ninguna persona puede ser votada para ejercer el cargo de presidente, o legislador, más de dos veces y nunca más. Evitando así que muchos se conviertan en políticos profesionales, rentados por el Estado. “Es preciso preferir la soberanía de la ley, a la de uno de los ciudadanos”, decía Aristóteles. Creo que la Constitución tucumana de 2006 no autoriza expresamente a la Corte a revisar dicha constitución, agregando ahora la reelección.

Roberto Walter Sehringer

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NEOLIBERALISMO

Pienso, señor Leandro Cruz, (carta del 26/9), que el fondo de nuestro intercambio de ideas no se limita a la mera definición sobre cuántas muertes nos parecen razonables a uno y a otro como consecuencia de la aplicación de determinada filosofía política o económica. Le aclaro que en mi caso no acepto ninguna muerte, provenga de donde proviniera. Con respecto a su duda sobre si me “interesan los asesinados por el neoliberalismo”, le contesto que sí. Justamente por eso le pedía en mi carta que ofreciese “ejemplos en los que el neoliberalismo fuera responsable de masacres como las concretadas por el comunismo ruso”. A modo de respuesta, usted cita el terrorismo de Estado en Latinoamérica y “las guerras preventivas del señor Bush contra Irak, Afganistán y la permanente hostilidad hacia los musulmanes para apoderarse del petróleo”, además de otras cuestiones referidas a la industria armamentista. Poder, armas y petróleo -si bien son motivo de guerras e intrigas- resultan cuestiones demasiado ajenas a una concepción filosófica, económica y política que promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de despotismo. El liberalismo, sin ser perfecto, constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de derecho, como la democracia representativa y la división de poderes. El neoliberalismo aparece vagamente definido en algunos textos como opuesto al liberalismo pero inspirado en aquel. Cuesta asignarle tantos males fácticos a una entelequia conceptual cuyas características ni siquiera están tipificadas debidamente. Como usted sugiere, tengo una visión ideológica de la vida cercana al liberalismo, filosofía que -dicho sea de paso- inspiró a nuestros constituyentes y que todavía predomina en el texto de nuestra actual Constitución Nacional. Rechazo toda acción de gobierno que se aparte de ella. Entiendo que, dentro de lo normado por nuestra Carta Magna, mis derechos son ilimitados y me opongo a todo intento estatal de coartarlos.

Marcos Enrique Mirande

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“BASUREAR”

Ya es común en el microcentro tucumano observar el oficio de muchas familias que, ante la imposibilidad de obtener un trabajo digno, deben recurrir a “basurear”, como le llaman en la calle a esta metodología de obtener alimentos para subsistir. Si bien el significado de la palabra dice otra cosa en los diccionarios, como por ejemplo, tratar mal o despectivamente a una persona, el término a la actividad sigue siendo triste como el propio significado valga la redundancia. Se puede ver desde niños hasta adultos de manera arriesgada introducir las manos y hasta sus cuerpos en contenedores que para nada garantizan ningún tipo de seguridad, ya que su función es la de acumular basura que será consumida como alimento para las familias sumergidas en los extremos de la pobreza. El Estado mira para otro lado porque, lejos de atender a estas familias, entienden que son un problema menos ya que no sólo pueden alimentarse si se puede llamar así al consumo de desperdicios, sino que apuestan a la búsqueda de metales y reciclaje de papel como una salida laboral, permitiendo el ingreso de menores y familias enteras a los depósitos municipales de Pacará Pintado. El ocaso de estas políticas inclusivas hicieron un retroceso a la propaganda oficialista y nos deja en la realidad de que el hambre existe en el país más rico de Latinoamérica, incapaz de solucionar por la simple avaricia de sus gobernantes.

Williams Fanlo

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LA MONARQUÍA CRIOLLA

Repasando la historia, vemos que hubo varios intentos por establecer una monarquía en nuestro país, como por ejemplo, casar un príncipe europeo con una princesa descendiente de algún emperador inca. En un momento, un francés se autoproclamó rey de Araucania y la Patagonia. A su vez, el general Belgrano creía conveniente que fuéramos gobernados por un rey descendiente de los incas. Y muchos años después, el ex presidente Juan C. Onganía sugería que podíamos tener un gobierno monárquico. En tiempos más recientes, cuando se modificaba la Constitución Nacional, surgió la idea de contar con un primer ministro en lugar del vicepresidente, similar a otros países que aplican este tipo de régimen. Sin duda que estos visionarios presagiaban lo que vendría. Según analistas, es de menor costo una monarquía que un gobierno republicano. Y en vista de que a través de décadas desfilaron en nuestro país gobernantes de todas layas y procedencias y que se reprochan mutuamente los errores cometidos durante sus mandatos, sería oportuno que las nuevas generaciones propusieran un sistema de gobierno monárquico. Decir esto parecería un disparate constitucional, pero si se analiza la manera en que suceden los gobiernos a lo largo y lo ancho del territorio nacional, vemos que predominan cada vez más las dinastías familiares sin reparos por idoneidad, méritos, conductas, trayectoria, etcétera. Se podría observar que las condiciones políticas actuales están dadas. Estas sucesiones familiares son apoyadas mediante el voto popular, de manera que esposos, hermanos, hijos, cuñados, primos, yernos, nueras, suegros, hermanastros, concubinos, amantes, hereden cargos políticos por razones de parentesco o relación sentimental, turnándose en el mando de los poderes ejecutivos, legislativos, municipales, comunales. Cuesta encontrar un lugar donde no ocurra esta alternancia de poder. Visto este fenómeno y multiplicado el sistema político sucesorio, tan sólo harían falta las coronas o los oropeles necesarios. Se cambiarían los rangos, en lugar de gobernantes tendríamos reyes o príncipes, en vez de vice, primer ministro; de intendente, lord mayor; las legislaturas pasarían a ser cámaras de los comunes. Las esposas de los gobernantes no serían primeras damas sino princesas; los actos protocolares serían presididos por la corte virreinal y el resto de la ciudadanía se convertía en plebeyos. En cuanto al origen sanguíneo se podría implementar el inyectado de sangre azul, para mejorar el aspecto corporal de los futuros monarcas se les practicarían los modernos lifting. La idea está lanzada, es de esperar que alguien tome la posta y exprese sus puntos de vista sobre el particular.

Ysmael Díaz

Mario Bravo 247

Banda del Río Salí-Tucumán


UNA SOLA PREGUNTA

Los jubilados transferidos padecemos todo tipo de enfermedades, con dolores insoportables, pero para ser sincero, ningún dolor supera lo que sentimos al ver tanta indiferencia y todo tipo de discrimanción a las que nos someten gobernantes, funcionarios y legisladores. El 20 de septiembre se celebró en el país el Día del Jubilado. Ninguno de estos personajes tuvo la gentileza de acordarse de nosotros, aunque fuera con una simple nota. Qué lejos quedó aquella frase: “en este país los únicos privilegiados son los niños y los viejos” o como dice el periodista que escribió el editorial del 20/9: “hace tiempo que para una mayoría, jubilarse en nuestro país dejó de ser un premio a una vida de trabajo”. El único que se acordó de nosotros fue el director de Rentas. Nos envió una conceptuosa nota en la que nos recordaba que si no pagábamos el impuesto inmobiliario, nos iba a rematar la casa. Señor gobernador, comuníquele al CPN Clavarino, porque seguramente no sabe y usted también se olvidó que nos debe cifras millonarias y que nosotros somos acreedores del Estado. Mire qué simple. Queridos legisladores: Les queremos recordar que fueron elegidos para que legislen y controlen si el gobierno cumple con las leyes vigentes y no para otorgar “ayuda social” ni tampoco fabricar rejas y regalarlas a los vecinos (cosa que no nos parece mal); pero les sugerimos que fabriquen también chalecos antibalas porque cuando los vecinos salen de noche de sus casas “enrejadas”, en la puerta les pegan un tiro para quitarles el celular. Muchachos legisladores, ¡basta de j...! Ahora ustedes quieren reelección indefinida. Con todo respeto, los jubilados y pensionados transferidos les queremos hacer una sola pregunta: ¿qué proyecto presentó alguno de ustedes para beneficiar a la clase pasiva que se desangra todos los miércoles en la plaza Independencia desde 2004, reclamando sus derechos ante la indiferencia del gobierno con la complicidad de ustedes, nuestros representantes?

Carlos Núñez

Paraguay 3.282

San Miguel de Tucumán

FRANCISCO CANARO

Francisco Canaro nació en Uruguay y no tuvo estudios; su única opción fue el trabajo. La familia llegó pronto a Buenos Aires y vivió en un conventillo en condiciones de extrema pobreza. Antes de cumplir los diez años ya voceaba diarios por la calle y vio a su hermanita morir de viruela en una pieza astrosa. Lo cautivaba el violín. A falta de dinero para adquirir uno, lo improvisó con una lata de aceite y un mango de madera y salía a ganar algo de dinero en los bailes de la vecindad. Cuando lo reemplazó por otro de madera noble y sonido perfecto tomó conciencia de que el tango le daría la fortuna que tanto ambicionaba. Años después, dueño ya de un capital respetable, un día invitó a sus familiares de Italia -de donde habían emigrado sus padres-, a conocer la Argentina. El sueño americano se les cumplía ahora en el hijo, que a tíos y primos abría las puertas de su casa. La parentela quedó muy impresionada por el lujo de la residencia, sobre todo cuando fueron al cuarto de baño y observaron en las llaves del grifo C y F, del agua fría y caliente. El músico les había hecho creer que las iniciales correspondían a Francisco Canaro. Un extraño mal, la enfermedad de Paget, lo condujo a la muerte, el 14 de diciembre de 1964. Tenía 76 años.

Salvador Gallucci

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LOS APLAZOS

Luego del exagerado revuelo, parece que el cambio en el sistema de calificación de alumnos en Buenos Aires no es tan significativo. Se reemplazó la obsoleta escala del 1 al 10 por una que va del 5 al 10, en la que de 5 a 7 son “no aprobados” o algún eufemismo equivalente que no hiera la sensibilidad de quienes no alcanzan los niveles mínimos de conocimiento requeridos. En buenas cuentas, el nuevo sistema no elimina los aplazados, como maliciosamente trató de hacer creer la oposición, sino que los describe con un número que no los “estigmatiza”. Por ejemplo, un seis, que significa lo mismo que el dos de antaño, para la escuela psico-pedagógica que orienta esta política evita que los fracasados se sientan mal. El éxito del ingenioso sistema radicaría en que el adjudicatario de la peor calificación, digamos alguien que de diez preguntas en un examen no le acertó ni a una, no se deprima por su cinco. O sea, que no sólo sea un ignorante completo en la materia del caso, sino que además sea incapaz de entender que el único motivo por el que no lleva un uno en la libreta, es que el sistema de calificación ha sido ideado por pedagogos sensibles y progresistas. Lo mismo es esperable de quienes no desaprueban, los “estigmatizadores”, que ya no encontrarán motivos para burlarse pues esta antisocial costumbre estaba sólo dirigida a los portadores de unos, dos y tres (en rojo, para incentivar el desprecio). No debe descartarse que el sistema funcione. De acuerdo con los resultados de PISA y otras organizaciones equivalentes dedicadas a la evaluación educativa, la Argentina viene bien encaminada a lograr que estas facultades intelectuales sean comunes a muchos de nuestros estudiantes.

Ricardo Grau

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EL SERVICIO MILITAR (I)

En relación con la carta del lector Julio. A. Gómez, no comparto que el servicio militar obligatorio sea rector de conductas de jóvenes adolescentes. Considero que quizás el lector cree que la instrucción militar que puedan recibir nuestros jóvenes sirva para elevar el nivel cultural, social, y económico. Muchos conocidos míos hicieron el servicio militar obligatorio, para aquel entonces, pese a tener 20 años, aún no habían finalizado la escuela primaria. El presupuesto, destinado para el Ejército, la Aeronáutica y la Marina, superaba largamente el porcentaje destinado al de Educación. Sabemos que hay demasiados jóvenes que no trabajan ni estudian; entiendo que no hay iniciativa por parte del Estado Nacional ni voluntad de los legisladores, específicamente los 49 de nuestra provincia, en buscar soluciones en materia laboral, intentando agilizar, mejorar leyes vigentes, buscando la radicación de capitales foráneos que estén dispuestos a arriesgar de venirse a nuestro territorio, no con pequeños microemprendimientos, sino con empresas de real envergadura, que absorban la mano de obra ociosa de nuestros jóvenes. Si esto ocurriera, con plena seguridad comenzaremos a tener una sociedad ordenada, disciplinada, y ya no tendremos que acudir al Estado para que resuelva esta grave coyuntura. Hoy harto preocupante es la situación política, ya que en vez de trabajar para el bien común, buscan tener la simpatía del gobernador para reformar nuestra Carta Magna, para que les permita la reelección indefinida. Según Bioy Casares, “la vida es difícil, para estar en paz con uno mismo hay que decir la verdad, y para estar en paz con el prójimo hay que mentir”.

Carlos Alberto Drube

Avenida San Martín 51

San Pablo- Tucumán


EL SERVICIO MILITAR (ii)

“Hasta no hace mucho tiempo se contaba con una institución rectora de conductas, el Servicio Militar”, dijo Julio Argentino Gómez (carta del 27/9). Los militares en 1930 derrocaron al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, inaugurando la “Década infame”; en 1955 derrocaron al presidente constitucional Juan Domingo Perón. Con proscripciones y fusilamientos, en 1966 derrocaron al presidente constitucional Arturo Illia (el más decente de la historia argentina), produciendo el vaciamiento de las universidades y la tristemente célebre “Noche de los bastones largos”. En 1976 derrocaron a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, produciendo la dictadura más espantosa, sólo comparable a la barbarie nazi (sus mentores ideológicos). ¡Alhaja la “institución rectora de conductas” que corregiría a nuestros jóvenes!

Ramón Eudal

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POLÍTICOS DE OTRA RAZA

Hubo un tiempo donde Argentina fue séptima potencia mundial agroexportadora. No existían las jubilaciones de privilegios y quienes eran elegidos eran ciudadanos éticos, benefactores, hombres de una rectitud intachable. Llegamos a ser esa potencia mundial durante la presidencia de Victorino de la Plaza quien dio cuanto tuvo y pudo a la patria. Al morir, donó su dinero y gran parte de sus bienes a la Universidad de Buenos Aires y a los hospitales de Salta, como todos sus libros (una voluminosa biblioteca) su ciudad natal (Salta). Lo sucedió Hipólito Yrigoyen, quien donó sus emulentos a la sociedad de beneficencia. Arturo U. Illia, después de ser presidente, quedó empobrecido y el pueblo de Cruz del Eje le donó una casa para que tuviera donde vivir, la misma que años más tarde su hijo Leandro Illia entregaría al pueblo para que fuera museo. Elpidio González fue descubierto en una pensión; ya era conocido por vender en la calle anilina; al poco tiempo fallece y es enterrado con el hábito de San Francisco como mortaja y es por él que se crean las jubilaciones de privilegio, la que rechazó tajantemente. Irónicamente quienes la gozan son los políticos, jueces, amigos y familiares del poder por encima del resto de la sociedad y de los jubilados y pensionados que mueren sin privilegios, sin el 82% móvil. Muchos jubilados rurales y urbanos son obligados a continuar trabajando. Es común ver “jubilados en actividad” vendiendo golosinas frente a escuelas y realizando diversos trabajos para subsistir. Ni hablar de los líderes políticos que se batieron a duelos históricos por honor. Hoy, eso parece un imposible, pues no existe o no tengo conocimientos de un solo político que haya renunciado a sus jugosas dietas o al menos a la mitad de ellas en la actualidad (sólo hemos tenido a Renzo Cirnigliaro, que donó sus dietas y no cobró sus gastos reservados). Hace poco se fijó un nuevo y exacerbado aumento provincial para esta casta política y no hubo nadie de la clase política que se quejara. Elpidio González, Victorino de la Plaza, Illia, Yrigoyen, Lisandro de la Torre, H. Oyahnarte, Pelagio B. Luna, ejemplos de austeridad y ética, como muchos otros de ese tiempo, fueron políticos de otra raza y buscar ejemplos análogos en la actualidad es un imposible.

Martín Javier Augier

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