Se reabre un caso bochornoso

Una de las informaciones recientes de mayor trascendencia, constituyó la aparición de un testigo en el caso de las coimas que habrían recibido integrantes del Senado de la Nación a cambio de sus votos para la Ley de Reforma Laboral, en abril de 2000.
Como lo informamos, el testigo de referencia afirma haber retirado personalmente el dinero destinado a ese delito de las oficinas de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y proporciona el nombre del senador a quien se lo entregó.
Este senador le habría dado un papel (que el testigo ha puesto ahora en manos del juez) con la lista de los colegas beneficiarios del soborno.
La deshonesta operación habría sido orquestada por dos ministros de la Nación, con la venia del entonces presidente De la Rúa.
El caso de las coimas en el Senado, cabe recordarlo, fue uno de los grandes escándalos políticos de los años recientes. Hecho singular y alarmante, reveló los extremos a los que había llegado la corrupción en los responsables del manejo del Estado, y arrojó sobre el Parlamento argentino un pesado manto de descrédito cuyas secuelas subsistirán durante muchos años.
No llegó a establecerse fehacientemente la responsabilidad de los implicados en un acto tan bochornoso para el sistema democrático. Las actuaciones judiciales al respecto se fueron enredando por diversos motivos, hasta que la causa terminó virtualmente paralizada. A la vez, nuevos y graves acontecimientos, económicos sobre todo, iban desviando hacia otros rumbos la atención del público.
Así es que la súbita aparición de quien dice ser testigo presencial de los hechos, viene a poner la cuestión sobre el tapete, con una fuerza imprevista.
Hay que congratularse de que así haya ocurrido. No puede admitirse, dentro del sistema republicano de gobierno, que acusaciones de tanta gravedad terminen borradas por el tiempo y el olvido, y que se conviertan en un misterio donde la mano de la Justicia sea impotente para penetrar.
Sin duda que, en su momento, debió haberse ahondado profundamente en el asunto, para esclarecer en su totalidad un caso de características gravísimas y de tantas implicancias para la marcha de las instituciones de la República. Si, por la razón que fuera, eso no ocurrió, ahora es el momento de rectificar drásticamente el rumbo. Tal debe ser la preocupación firme y decidida del magistrado que entiende en esta causa.La aparición del nuevo testigo sirve para poner en marcha lo que decimos, y nada debe detener, de aquí en adelante, la acción judicial que eche plena luz sobre todos los vericuetos del asunto, caiga quien caiga. Es obvio que de esa manera quedará, ante la ciudadanía, limpio el nombre de los que no tuvieron participación en la afrentosa maniobra, a la vez que serán individualizados y responsabilizados aquellos que fueron partícipes de la misma, en cualquier grado.
Todo el peso de la ley debe caer sobre quienes defraudaron de esa manera la confianza del pueblo que los eligió para esas bancas, y que fueron capaces de desnaturalizar con tanta indignidad una de las funciones básicas de la democracia, como es la sanción de las leyes.
Asiste plena razón a quienes sostienen que esta novedad constituye un acontecimiento de verdadera importancia, para el propósito de moralizar la política que, sin duda, alientan todos los argentinos. Ningún funcionario, por encumbrado que sea, puede darse el lujo de despreciar la ley y de atreverse a utilizar su investidura con fines de enriquecimiento personal. Debe la Justicia establecer quiénes lo han hecho, y debe aplicarles las penas que merezcan por ello.