El pasado vuelve y escandaliza a la opinión pública. La conmoción que sacudió al país en 2000 cuando Carlos "Chacho" Alvarez renunció a la vicepresidencia de la Nación parecía que se diluía en el territorio de los hechos consumados. El caso se cerró con la presunción de cobardía del ex jefe frepasista.
Sin embargo, la confesión del ex secretario del Senado, Mario Pontaquarto, acerca de que hubo pago de sobornos a representantes peronistas reflotó la peor de las imágenes que se puede tener de una de las instituciones de la democracia. La Cámara en donde están representadas las provincias se hundió en el abismo más profundo.
Alvarez se fue denunciando coimas y la falta de decisión del entonces presidente, Fernando de la Rúa, para acabar con la corrupción enquistada en el Senado. Los dichos de Pontaquarto ante el juez Oyarbide le dan la razón a Alvarez, que siempre protestó en contra de la falta de transparencia de las prácticas bipartidistas en la Argentina.
Nadie duda de que la resurrección del alboroto le da aire al Gobierno de Kirchner y de que la mano de este -por medio de sus aliados- generó un escenario complicado para De la Rúa y para los gobernadores peronistas José Luis Gioja y Carlos Verna.
La reivindicación de Alvarez coincide con la aceleración de la pelea por el liderazgo del progresismo ideológico en la política argentina.
El ala más próxima al kirchnerismo está hegemonizada por el liderazgo de Alvarez, quien tiene al ex diputado José Vitar entre uno de sus colaboradores más estrechos. La otra franja del progresismo se caracteriza por no aceptar una jefatura única, sino que admite la pluralidad de referencias, entre las cuales está la de la ex diputada Elisa Carrió.
La práctica de la democracia tarifada está en el banquillo de los acusados y disparó una operación de limpieza política que se puede propagar por todo el país.
Lo que declaró Pontaquarto ante Oyarbide reavivó el fantasma del presunto cobro de coimas para sancionar la reforma constitucional en 2002 en la Legislatura tucumana.
La Justicia descartó que eso haya ocurrido, pero no borró la impresión de que un clima sospechoso envolvió la sanción de la ley que habilitó los cambios en la Carta Magna de 1990. Pese al tiempo transcurrido, la suspicacia persiste.
Ruidos subterráneos
El gobernador José Alperovich se resiste a abandonar la cresta de la ola. Se colocó en el centro del ring y avanzó sin dudas de ninguna especie.
Los radicales acusan a Alperovich de no abandonar sus gestos electoralistas. "La exposición mediática del gobernador será un bumerán porque dentro de unos meses saltará como el primer fusible ante el primer incremento de la tensión", pronosticó José Ricardo Ascárate -presidente de la UCR-.
Alperovich, cada vez que puede, contesta con ironías las críticas de sus ex correligionarios de la década del noventa. Con el peronismo tiene una relación que incluye mimos con Julio Miranda y promesas de futuros choques con dirigentes que están por debajo del actual senador.
Cerca de Alperovich, dicen que escuchó palabras de aliento de parte de Miranda, cuando cenaron en la casa del gobernador hace algunos días. El senador empezó a trabajar el ánimo de los consejeros peronistas para apaciguarlos. No quería enfrentamientos de aquellos con el invitado Alperovich. Laboriosamente habló con unos y con otros el miércoles y el jueves pasado.
La llegada del embajador brasileño José Botafogo Gonçalves a esta ciudad impidió que el gobernador fuera a la cita en la sede del PJ. Miranda dio declaraciones de tono conciliador con la Casa de Gobierno y suavizó el tenor del documento referido a las dos décadas de democracia.
En filas del oficialismo interpretan que, en realidad, existe una suerte de clinch entre ambos hombres fuertes. La fractura real se precipitará cuando Alperovich llame a elecciones de convencionales constituyentes y consiga que se suprima la prohibición de su reelección. Entienden en esos sectores que si Alperovich se desploma ahora, arrastrará en su caída a Miranda.
Menos pesimistas, cerca del vicegobernador Fernando Juri relativizan las tensiones. Estas serían el producto de reacciones exasperadas de algunos mirandistas que se sienten desatendidos por la Casa de Gobierno. Algunas expresiones destempladas del mismo Alperovich echaron más combustible al fuego. En rigor, Juri y el gobernador están en buenas relaciones.
Dentro del mirandismo, se escuchan voces críticas contra los procederes del senador. Afirman que este no canaliza el malestar contra Alperovich.
Preanuncian, además, que si Miranda no asume la representación institucional de la protesta, también será golpeado por los disidentes. Marzo sería el mes en el que hipotéticamente estallarían los conflictos sociales. Los gremios tácitamente habrían diferido sus medidas de acción para esa fecha.El descontento emerge con palabras y con acciones de dirigentes a los que Miranda tilda de librepensadores. El aplazamiento de la constitución del congreso partidario tampoco aplacó los ánimos. Enrique Romero, desde el peronismo de la capital, empuja la corriente contestataria del aparato peronista.
Hacia la sociedad
Alperovich no ignora esas cosas. Prefiere, en cambio, emprender las acciones más costosas políticamente en los primeros meses. Buscó el consenso de la sociedad en problemas, como el de la Defensoría del Pueblo, donde el actual titular del organismo, Luis Acosta, descubrió que las partidas se habían agotado. Pero se ganó la enemistad del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de la UNT porque defendieron a los letrados que consiguieron el amparo judicial para que se trate a una desnutrida.
No obstante, el Gobierno pudo recomponer el diálogo con ATEP, a través del ministro político Edmundo Jiménez. Este habló largamente con el jefe de ATEP, César Américo Zelarayán, y preparó el terreno para el encuentro del martes con Alperovich. La cuestión educativa será central en la agenda de la administración alperovichista.
"Es muy bueno abrir el diálogo con los gremios", dijo Jiménez. Este diseñó cambios que agitan el ambiente de la judicatura. La modificación del Consejo Asesor de la Magistratura no cayó bien en la Corte Suprema de Justicia. Tampoco fue bien recibida la reforma de la legislación referida a los jueces de paz. En el ambiente político flota la sensación de que el oficialismo quiere amañar la designación de magistrados. Se rompería la despartidización que arrancó en 1991. El ministro se colocó en el centro de la borrasca política.
