Corrupción y calidad institucional

El presidente de la Nación anunció que se conocerán próximamente normas destinadas a dar calidad a las instituciones y a la lucha contra la corrupción. Las mismas han sido recientemente precedidas por un decreto sobre control de la acción de lobby en el Poder Ejecutivo, para transparentar las gestiones de personas físicas o jurídicas en defensa de intereses propios o de terceros, y del que nos ocupamos en este lugar. Hace largos años, especialmente desde la restauración democrática, en nuestra vida pública coexisten dos clases de corrupción: la que transgrede normas y reglamentos concretos, y la estructural, amparada en determinada normativa legal cuya imperfección o anacronismo obstaculiza el control adecuado de los actos públicos. La primera debe tener réplica en la acción de la Justicia, pero la segunda requiere decisiones más complejas, pues configura un estilo de comportamientos administrativos al que la sociedad suele sentirse obligada a responder de forma irregular en defensa de sus intereses. Las medidas anunciadas configuran un plan en el que ha colaborado la organización Transparencia Internacional y conciernen a la publicidad de los gastos administrativos, así como al financiamiento de los partidos políticos y de los fondos electorales, y el dictado de procedimientos que agilicen la participación ciudadana en el control de la gestión pública.
La calificación de nuestro país en el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC), cuya serie inició Transparencia Internacional con relevamientos de prestigiosas entidades públicas y privadas, en 1995, ha estado degradándose desde 5,2 puntos hasta octubre del año actual, cuando registró 2,5. La escala parte de 10 como máximo nivel de calidad, hasta bajar a cero y, en la misma, Argentina ocupa el puesto 92 entre las 133 naciones verificadas, junto a Albania, Etiopía, Gambia, Pakistán, Filipinas, Tanzania y Zambia. El país latinoamericano mejor calificado actualmente es Chile, con 7,4, y Finlandia encabeza el IPC con 9,7. Al dar a conocer el último índice, el presidente de Transparencia Internacional, Peter Eigen, se refirió a la Argentina como "uno de los ejemplos notables de empeoramiento", referencia que concierne especialmente a la generalidad de los países en desarrollo, pero que en el nuestro acaso resulte excesiva si se consideran ciertos factores valorativos. Especialmente el de los perturbadores efectos psicológicos de la crisis del nuevo siglo sobre la sociedad nacional. Debe tenerse en cuenta que la escala de Transparencia se basa en encuestas realizadas a la población en general sobre percepción de la corrupción. El Informe Global de TI correspondiente a 2003 consigna que 90% de la gente estima en 89% la corrupción de los agentes públicos, pero solamente el 25% de los entrevistados afirmó que dispone de una experiencia con qué testimoniarlo.
Por cierto que esa salvedad sobre la calidad de las encuestas en que se basa el IPC no modifica sustancialmente la gravedad del problema que enfrenta el país, donde la crisis socioeconómica que llegó a poner en grave peligro la vigencia de las instituciones, es un fenómeno en el que trasciende un espectro extendido de corrupción que afectó, en mayor o en menor grado, a la vida pública y a la privada. Con origen remoto en la pérdida violenta del orden constitucional, sus causas son esencialmente políticas y es desde esa perspectiva con la que debe recuperarse la dignidad de nuestra convivencia republicana. Sin perder de vista, ciertamente, que no basta con sancionar la corrupción del pasado, sino que es imperativo establecer defensas para que no se repita bajo la persistente sombra de sus viejos y notorios responsables por acción o connivencia.