Las Pyme quedarían afuera de la reforma a la ley de Abastecimiento

El oficialismo consiguió aprobar esta madrugada en el Senado el proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento, con una serie de modificaciones en el texto original.

El proyecto aprobado incorpora modificaciones como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las sanciones previstas en el proyecto inicial.

Se aprobó en general y en particular, tras casi cuatro horas de debate, casi a las 4.30 de hoy, con 38 votos afirmativos, contra 27 negativos y fue girado a la Cámara de Diputados.

El senador informante por el FPV-PJ fue el santacruceño Pablo González, quien, tras acordarse el tratamiento en forma conjunta del proyecto a las dos iniciativas sobre derechos del consumidor, apuntó que en el oficialismo, a diferencia del referente de UNEN y actual diputado socialista Hermes Binner, "no creemos en la mano invisible del mercado".

Indicó que luego que "el 99 por ciento de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas", al remarcar que ese tipo de empresas fueron excluidas de los alcances de la ley, y que la norma está referida solo "al 1 por ciento de las empresas (las grandes y medianas empresas con capacidad de formación de precios)". Y afirmó que "es una ley que viene a morigerar pero también a establecer nuevos cánones en las relaciones de consumo" busca "hacer operativo el artículo 42 de la Constitución Nacional" y "viene a prevenir y evitar situación de abuso por posición dominante de mercado".

El radical Luis Naidenoff recordó que este tipo de normas "fue suspendida en el año '91 y se la restablece por decreto en el año '99", mientras se quejó de que la norma "sujeta toda la actividad económica a la discrecionalidad del secretario de Comercio".

En el mismo sentido se expresó el peronista disidente y ahora massista Juan Carlos Romero ("ésta es una ley para meter miedo, es confiscatoria e inconstitucional", dijo), la juecista Norma Morandini y los macristas Alfredo De Angeli y Gabriela Michetti.

Además, el proyecto tipificó las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir la criticada discrecionalidad del Ejecutivo; estableció el pago de una compensación "justa y oportuna" en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y de ello se origine un perjuicio económico de una empresa, así como se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación.