Los jueces y el orden público

El presidente Kirchner ha exhortado a los piqueteros a plantearse una autocrítica para que "comprendan desde la visión ideológica que tengan que no es el mecanismo tratar de extorsionar o perjudicar con su acción a otros argentinos". Las manifestaciones presidenciales en torno de ese problema se produjeron al término de una jornada -la del vigésimo año de la restauración democrática- en que distintos grupos de esas organizaciones obligaron a las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación a suspender su primera sesión tras la renovación de la mitad de los mandatos, y cortaron rutas y calles en múltiples lugares del país. El día anterior, la Legislatura porteña resolvía reducir a la mitad el impuesto por ingresos brutos, a comerciantes perjudicados por esas acciones irregulares que en el distrito federal son, desde hace un tiempo, cotidianas. Las organizaciones de piqueteros se han convertido, como se advierte, en una institución informal más poderosa, en los hechos, que las formales. Las mayores disponen de voceros y oficinas que anuncian a los medios sus agendas de actividades; reciben subsidios oficiales y negocian condiciones con las autoridades. Sus líderes son en casi todos los casos intermediarios en la distribución de esos recursos públicos, con parte de los cuales financian sus actividades, pues el Estado no dispone de mecanismos eficientes con tal fin.
Los numerosos planes oficiales de ayuda constituyen el lubricante de las negociaciones con que el Gobierno nacional procura y logra en algunos casos atemperar las actitudes contestatarias más violentas. En la misma oportunidad, el Presidente identificó estas últimas con agrupaciones políticas de la izquierda tradicional deslegitimadas -dijo- por sus insignificantes niveles electorales. No constituye una novedad nada de lo afirmado por el doctor Kirchner, pero sí lo es que finalmente haya hecho público un pensamiento compartido por la gran mayoría de la sociedad, consciente a la vez de que la solución del grave problema "no son los palos"; es decir, la figura objetiva de la represión donde las partes del conflicto terminan mimetizándose hasta una dolorosa ilegalidad compartida. Ese es el gran temor evidenciado por el Presidente después de expresarse con tan necesaria y bienvenida claridad. Sin embargo, no se pudo advertir en sus declaraciones -como en las de otros funcionarios con parecido mensaje- una idea clara acerca del camino a seguir, más allá de la pretensión de resolver el conflicto satisfaciendo las legítimas demandas sociales que se invocan y que requerirán años de recuperación económica y, entretanto, consecuentes desbordes que la perturbarán.
Seguramente esa incertidumbre oficial proviene del papel secundario que subconscientemente se asigna a la Justicia en nuestro país, tras años de corrupción política que también la alcanzó. Es necesario advertir que no es lo mismo en las actuales condiciones la represión directa mediante fuerzas de seguridad tan sospechadas de delincuencia marginal, que la acción de los jueces frente a los desbordes de violencia que, justificadamente, tanto preocupan al Presidente. Esa acción tiene por su naturaleza constitucional una legitimidad no discutible, así como el valor de la prudencia con que los jueces, en sus diferentes niveles de revisión, adecuan la aplicación de las leyes a la realidad. Por ese rumbo tan universal y legítimo está la solución, pero sin dejar de advertir que el poder político no debe interferir o contrariar -tal cual ha ocurrido en algunos casos, como el reciente de Salta- las decisiones judiciales en defensa del orden indispensable que ha reclamado el doctor Kirchner para no envilecer la convivencia de la sociedad.