La designación del nuevo defensor del pueblo constituyó una prueba del buen momento que atraviesan las relaciones del presidente de la Legislatura con el gobernador José Alperovich. Fernando Juri nombró a Luis Acosta en esa función con acuerdo de Alperovich.
El ex secretario de Gobierno de Julio Miranda emergió como el candidato que no suscitaba rechazos en ninguna de las vertientes partidarias con representación parlamentaria. En la faz técnica, trabajó con Manuel Pedernera, último ministro político del actual senador.
Al peronismo satisfacía el perfil de Acosta y a la oposición también. Ricardo Bussi no ocultó la conformidad de Fuerza Republicana por el nombramiento del abogado penalista. Además, uno de los nuevos defensores adjuntos, Guillermo Usandivaras, es de extracción radical. Con ese paraguas político, el nuevo ombudsman iniciará su gestión con un crédito abierto por 180 días.
El anterior defensor del pueblo y actual legislador Juan Eduardo Rojas faltó ayer a la cita y evitó chocar con Alperovich, que sí concurrió, en un gesto de aproximación a la Cámara. Las heridas no cicatrizan fácilmente tras la filípica del gobernador.
Privadamente, dentro del peronismo, hubo muestras de disgusto con Rojas porque puso en cuestión al Poder Legislativo, cuando este hace ingentes esfuerzos para cambiar la imagen heredada del ciclo 1999-2003. Al vicegobernador, especialmente, le cayó muy mal el rebrote del nepotismo en una dependencia sometida a su jurisdicción.
Momento delicado
La autorización que los legisladores concedieron a Juri para que cerrara el episodio, en forma veloz, confirma el interés multipartidario de retirarlo de la agenda pública.
Acosta tomó la posta en un momento delicado, ya que deberá sustraer a la Defensoría del Pueblo de la polémica en que la sumergió Rojas, y desplegar una labor eficiente, desde una perspectiva despartidizada.
La discusión se centrará durante los próximos 6 meses en la definición del modo de elección del funcionario que velará por los derechos del ciudadano.
El texto reformado en 1994 de la Constitución nacional consagró la figura del ombudsman en el artículo 86. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración pública. Además, se le reconoce el contralor de las funciones administrativas públicas.
Engranaje codiciado
Ante el cúmulo de atribuciones que se le da a la Defensoría del Pueblo en el ámbito provincial, los aparatos políticos buscan acceder al control del órgano. La lógica del poder es expansiva.El mirandismo modificó el criterio que asignaba la Defensoría del Pueblo a la oposición, cuando puso a alguien de su confianza al frente del organismo, el ahora legislador Rojas.
La Legislatura del ciclo 1995-1999 no le dejó al bussismo la chance de cubrir con un dirigente propio la recién creada Defensoría del Pueblo. Al frente de esta ubicó al entonces legislador peronista Sergio Díaz Ricci, quien pasó después en 1999 al Tribunal de Cuentas. A este se lo desarticuló en ese momento para apartar a algunos de los vocales que incomodaban al oficialismo que había ganado las elecciones de gobernador a Ricardo Bussi.
Rojas supo aprovechar el cargo para promover campañas resonantes, como las demandas contra el gobierno de Fernando de la Rúa, por el recorte del 13% a los haberes de los jubilados nacionales. La función del ombudsman no es políticamente neutra porque sus acciones pueden rozar a la administración provincial o a la federal.
