Dos décadas de democracia

La República celebra hoy el lapso histórico más prolongado desde que la Ley Sáenz Peña, en 1912, estableció el voto obligatorio, universal y secreto que dio plenitud al sistema democrático previsto por nuestra Constitución nacional. La celebración coincide con la renovación de la mitad de los mandatos de la Cámara de Diputados y de un tercio de la de Senadores del Congreso. Ambos acontecimientos configuran una realidad contradictoria donde el valor primordial es la firme convicción de la sociedad argentina en que no puede haber desarrollo moral y material si se marginan los derechos esenciales del individuo y la familia, pero cuyo ideal no ha sido asumido consecuentemente por sus dirigencias políticas.
Durante veinte años los argentinos han sabido fortalecer el sistema de vida libre, eludiendo las viejas tentaciones de los golpes de Estado, que en ninguna ocasión dejaron de contar en el pasado con el acompañamiento de sectores ponderables de la sociedad. La reciente experiencia de los momentos más graves de la crisis que aún perdura -y no será de fácil solución-, es testimonio elocuente de que la comunidad nacional ha elegido un rumbo histórico muy diferente del que condujo a la República a su decadencia.
La circunstancia de que tan sólo un presidente de la Nación, de los cuatro elegidos mediante las urnas, haya podido completar sus mandatos, marca el grado de incertidumbre que ha signado nuestra recuperación institucional. La pérdida de calidad del sistema representativo establecido por la Constitución histórica terminó por imponer un régimen de hecho, donde los cargos públicos son del partido de turno en el poder antes que de quienes los desempeñan por decisión de sus representados. Ejemplo testimonial es la especulación a que ha dado lugar la nueva recomposición del Congreso, donde el valor político esencial es la dependencia pública y notoria de los diferentes legisladores, de uno u otros sectores o caudillos, siguiendo el viejo modelo partidocrático que degrada al genuino sistema representativo. El grado de insolvencia política que afecta a nuestra democracia representativa se extrema así por el viejo criterio de que las bancas son del partido, donde la virtual clausura para la ciudadanía independiente y mayoritaria, permite urdir las listas cerradas de candidatos y suplentes a voluntad de los claustros.
Después de veinte años de corrupción estructural y de costumbres en el régimen representativo, es lógico y comprensible que la sociedad apele a recursos contestatarios que rozan y hasta desbordan los límites del orden jurídico causándose perjuicios a sí misma. Mas no debe eludirse que esa marginación representa una peligrosa amenaza de anomia donde la pérdida de la ley puede significar la más grave derrota del orden democrático. Frente a esa realidad que se insinúa, la demanda ineludible apunta a sanear el sistema político para recuperar el sentido de la representación ciudadana. De no proceder en el menor plazo posible con ese fin, serán vanos los esfuerzos positivos que se advierten en sectores del gobierno, como el económico, donde los elevados perjuicios de la crisis están siendo enfrentados con energía y prudencia. Dos décadas de experiencia han permitido comprender en toda su significación el valor insuperable de la convivencia democrática para construir una sociedad genuinamente progresista. Pero la democracia no es un programa de gobierno, sino el espacio político donde los individuos se asocian libremente para esa construcción, mediante dirigencias representativas de sus intereses generales. La República espera que su clase política no continúe ignorando su responsabilidad de abrir cauces a la participación ciudadana para dar certidumbre al futuro, poniendo fin al descrédito que ha provocado su declinación.