Uso racional de los bienes oficiales

El control de los gastos del Estado debe ser una costumbre.

08 Diciembre 2003
Achicar el gasto público debe ser una prioridad del Estado. No puede ocurrir de otra manera, dado el peso que esas erogaciones tienen fatalmente sobre cualquier planificación económica que se intente. Por cierto que no estamos ante una cuestión sencilla y tampoco se advierten, por parte del Estado, demasiadas medidas enderezadas directamente a ese achicamiento. Con optimismo podría decirse que el nivel de gasto por lo general se mantiene, pero no desciende.
Pensamos que aparte de las medidas obvias para encarar el tema (reducción de personal, supresión de reparticiones, drástico recorte en el presupuesto), hay otros puntos que debiera tocar una sensata política de racionalización de gastos.Los organismos del Estado se generaron y fueron creciendo en un proceso que generalmente careció de planificación, ya que resultó casi siempre inspirado -o perturbado- por necesidades políticas. Ello determinó una notoria falta de coordinación en el uso de los bienes y de las posibilidades del Estado, lo que se tradujo en un crecimiento de gastos que bien hubieran podido evitarse.
Varios ejemplos pueden abonar lo que decimos. No se comprende por qué los organismos estatales no pueden compartir su parque de vehículos, como sería perfectamente posible, con la adecuada coordinación. De esa manera terminaría la desigualdad entre reparticiones a las cuales sobra movilidad, y de otras que tienen concretas carencias en ese sentido.
Es frecuente que una repartición deba pagar servicios técnicos de especialistas o de profesionales de diversa índole, a pesar de que los mismos existen en otras unidades dependientes del Estado. Ocurre porque las costumbres administrativas -no en la letra, sino en la práctica- hacen tan arduo el logro de ese aporte recíproco, que puede decirse que el mismo es imposible.
En otro orden, el Estado vive adquiriendo, por ejemplo, mobiliario para sus oficinas, sin que nunca se haya establecido previamente si hay existencia de los mismos en otras dependencias o en depósitos. Tampoco existe un sistema ágil para los arreglos y las composturas de los diversos bienes de propiedad del fisco: así, no hay repartición que no tenga alguna habitación colmada de los más variados equipos que un día se rompieron y que nunca pudo arreglarse, y que terminaron reemplazados por la compra de otros nuevos, con el consiguiente gasto.
Todas estas menciones, que exponemos sólo con propósito ejemplificativo, revelan una curiosa modalidad incorporada, por la razón que fuere, a las costumbres burocráticas argentinas. Nos referimos a la que convierte a cada repartición en un compartimiento estanco, sin conexión con el resto del sistema administrativo, situación que sus responsables, a través del tiempo, no han hecho sino acentuar.
Desde el gran organismo hasta el más pequeño departamento, en todos existe una vocación de autosuficiencia y aislamiento, la cual redunda negativamente no sólo en la marcha general de la administración sino en la racionalidad del gasto público. Sin duda, hay jefes de repartición proclives a una actitud distinta, de colaboración con sus colegas. Pero son la excepción. Lo común es un manejo de corte individual, celoso de que otro organismo intente compartir bienes que son todos del Estado y, en última instancia, de la ciudadanía que los paga con sus impuestos.
Así, sería deseable implementar una política diferente, traducida en una mayor coordinación en el uso de las propiedades oficiales, aunque eso suponga desterrar hábitos arraigados desde mucho tiempo atrás.

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