Nepotismo en la Defensoría

Durante algunos siglos, los ñoquis ocuparon un lugar privilegiado en el reino de las pastas. Los italianos que llegaron al país introdujeron el riquísimo gnocci y el plato quedó incorporado a la gastronomía familiar. El significado de la palabra, pasta elaborada con papa y harina, tuvo dos derivaciones en el lunfardo: puñetazo y persona que percibe un salario sin prestar ningún servicio. El manjar fue desacreditándose en las últimas décadas, cuando comenzó a prevalecer la última de las significaciones. Se quiso contrarrestar este efecto nocivo, cuando alguien inventó que si se comía ñoquis los 29 de cada mes, la suerte podría traerle dinero al comensal. Pero rápidamente, la grata ocurrencia fue neutralizada por aquellos "ñoquis" que aparecen en el trabajo los días 29, sólo para cobrar.
Hace pocos días, un escándalo de "ñoquis" estalló en la Defensoría del Pueblo. El ex ombudsman -actual legislador- utilizó su poderosa influencia para que se designara en el organismo a su esposa y legisladora saliente, así como a varios parientes. La defensora adjunta firmó alrededor de 10 nombramientos en la planta permanente y unos 20 como personal transitorio. Al tomar estado público este acto de nepotismo, fue calificado desde el Poder Ejecutivo como aberración. Sin embargo, en esta columna del 23/11, señalábamos que era preocupante que el Poder Ejecutivo haya incrementado en más de 50% la cantidad de funcionarios, respecto de la administración anterior.
Las designaciones en la Defensoría del Pueblo quedaron por el momento sin efecto. Pero no es la primera vez que se realizan nombramientos en este organismo que depende presupuestariamente de la Legislatura. En octubre de 2002, quien era entonces ombudsman y ahora legislador efectuó designaciones en la planta transitoria que generaron malestar entre los empleados más antiguos. Una decena de los trabajadores transitorios percibía haberes de bolsillo superiores a los $ 1.000, incluyendo salario familiar. Se registraron casos de designaciones de los cónyuges de dos empleados y existían trabajadores de otras dependencias del Estado, adscriptos a la Defensoría, que percibían del presupuesto del organismo una diferencia de haberes por encima de los que ganaban en su repartición de origen.
El defensor justificó entonces la empleomanía, aduciendo que se había producido un incremento de la cantidad de actuaciones efectuadas por el organismo y, en consecuencia, necesitaba más personal. Y acto seguido solicitó una ampliación del presupuesto. El funcionario, así como la Legislatura, parecía ignorar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica que año a año prorroga ese Poder a petición del Ejecutivo y que en uno de sus artículos prohíbe la incorporación de personal en la planta permanente del Estado. La Ley sigue en vigencia, pero en este punto nunca se ha cumplido desde su sanción a comienzos de la década de 1990.
La Defensoría del Pueblo nació en 1995 y sus objetivos principales siguen siendo velar por el buen orden, decoro y regularidad de la administración pública, bregar por la dignidad de la función pública, hacer cumplir las leyes, recibir denuncias de la ciudadanía y promover investigaciones sumarias o informales.
La Legislatura le ha encomendado a su titular y vicegobernador que elija al defensor que ocupará el cargo durante 180 días. Tiene plazo hasta el martes, de acuerdo con la ley 6644.
Tal vez el único modo de prestigiar esta institución sea que el cargo de defensor se cubra por concurso de oposición y antecedentes; esta también sería la propuesta de algunos legisladores. Tucumán tiene una extensa tradición en nepotismo. Todo acto de esta naturaleza es repudiable, pero más importante sería que quien cometiera estas acciones fuera sancionado de un modo ejemplar. En caso contrario, este tipo de ñoquis seguirá provocando la indigestión de la sociedad y de la democracia.